El caso Kitchen u Operación Kitchen (por «cocina» en inglés) es la séptima pieza separada de la operación Tándem, una investigación llevada por la Fiscalía Anticorrupción española sobre una presunta operación del Ministerio del Interior bajo la presidencia de Mariano Rajoy llevada a cabo entre 2013 y 2015, para sustraer información sensible al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, que pudiera perjudicar a altos cargos de este partido político.
Esta presunta trama también habría realizado actividades a través de la llamada policía patriótica, con la que supuestamente se espió, se inventaron pruebas falsas y se compraron testigos falsos con la complicidad de varios medios de comunicación que publicaban las noticias falsas y jueces que iniciaban acciones judiciales, todo con el objetivo de dañar la reputación personal y familiar de rivales políticos, concretamente de dirigentes de Podemos, de independentistas catalanes y de Pedro Sánchez y su familia. A esta presunta trama se la denominó «cloacas de Interior»,«cloacas del PP» «operación Cataluña»e «informe P.I.S.A.» —acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima—.El líder de la trama presuntamente sería el Ministro de Interior Jorge Fernández Díaz al mando de la cúpula del Ministerio.(Véase Caso Fernández Díaz).
Entre los principales investigados se encuentran el ex comisario José Villarejo, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez Vázquez, el ex director adjunto de la Policía Nacional Eugenio Pino, el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas junto a otros mandos policiales y el antiguo chofer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos.
Tras la instrucción en la Audiencia Nacional, en abril de 2026 dio comienzo el juicio oral ante la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Historia
En el año 2013, el Ministerio del Interior, comandado entonces por Jorge Fernández Díaz, lleva a cabo esta operación con la ayuda del excomisario José Villarejo para sustraer documentos sensibles a Luis Bárcenas mientras este estaba ingresado en prisión. El operativo se bautizó desde el ministerio como Kitchen.
Según publicó el diario El Mundo, los policías consiguieron sustraer a Luis Bárcenas (entonces en prisión) su agenda personal, documentos de la contabilidad del PP, notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid (ya investigados en la Operación Púnica) y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.
En el marco de la causa, se investigó a María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular y presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a su marido Ignacio López del Hierro. La Fiscalía atribuía a Cospedal las presiones y el espionaje que sufrió Javier Gómez de Liaño cuando era abogado de Bárcenas. Aunque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional obligó al magistrado García-Castellón a interrogarla por su relación con el caso, el juez descartó la existencia de indicios de la participación de Cospedal y su marido en la trama parapolicial.Asimismo,
La operación se inscribe en el contexto de diversas investigaciones judiciales sobre la financiación del Partido Popular, entre ellas el caso Gürtel, la caja B del partido y la operación Púnica, en las que la documentación atribuida a Bárcenas tenía un papel relevante.
Inicio
El presunto dispositivo policial clandestino, bautizado en su momento como Kitchen, se fraguó en el año 2013, cuando Ignacio Cosidó era director general de la Policía. Al frente de Interior estaban Jorge Fernández Díaz como ministro y Francisco Martínez como secretario de Estado de Seguridad (ambos diputados). Eugenio Pino era director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo. La operación se montó presuntamente con el objetivo de sustraer documentos sensibles al exgerente y extesorero del PP, Luis Bárcenas, mientras este estaba en prisión, con la ayuda del ex comisario José Villarejo.
El 23 de octubre de 2013 la casa de Luis Bárcenas fue asaltada por Enrique Olivares García, con antecedentes por robo con fuerza y tenencia de drogas, conocido como falso cura del caso Kitchen, el abogado penalista Félix Bernal confirmó que éste fue condenado a 22 años de cárcel por asaltar la casa y mantener secuestrados a punta de pistola a la mujer de Bárcenas, a su hijo, y a una empleada de hogar, revolver que según declararon extrajo de su maletín, y con el que apuntó a los presentes diciéndoles "se acabó el teatro", y que "se encontraba allí para coger lo que la Sra. Iglesias (esposa de Bárcenas) sabía que estaba escondido en la casa”, haciendo referencia a los conocidos como "papeles de Bárcenas" que no eran otra cosa que la presunta contabilidad B del Partido Popular, tal y como recoge la Sentencia de la Audiencia Provincial. Enrique Olivares fue citado a declarar como imputado en el marco de la operación Kitchen en febrero de 2019, no pudiéndolo hacer por el “deterioro cognitivo con productividad psicótica” dictaminado por los forenses.
Los documentos que se buscaban con la operación Kitchen, y con el asalto a casa de Luis Bárcenas consistían en su agenda personal, documentos de la contabilidad b del PP en Galicia, notas sobre la financiación irregular de las campañas en Madrid (asunto que se investiga en la operación Púnica) y apuntes relacionados con la tesorería nacional del partido.
La investigación sostiene que uno de los ejes de la operación habría sido la captación de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas, como confidente policial. A cambio de facilitar información y documentación, Ríos habría recibido pagos periódicos procedentes de fondos reservados del Ministerio del Interior.
Juicio oral
El juicio oral del caso Kitchen se celebra ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, después de que en octubre de 2023 el juez instructor Manuel García Castellón dictara auto de apertura de juicio oral contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, varios altos cargos del Ministerio y mandos policiales.
La vista oral comenzó el 6 de abril de 2026 en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, con una previsión de varios meses de duración y la declaración de cerca de 150 testigos, entre ellos responsables políticos, mandos policiales y miembros del entorno de Luis Bárcenas.
En el juicio oral se sientan en el banquillo una decena de acusados, entre ellos el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino, los comisarios José Manuel Villarejo, Marcelino Martín Blas, Andrés Gómez Gordo, José Luis Olivera, José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano, así como el exchófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva.
El 13 de abril, el Inspector Jefe de Asuntos Internos de la Policía que lideró la investigación sobre la trama identificó a Mariano Rajoy con los sobrenombres de «el barbas» y «el asturiano», apodos que supuestamente utilizaban para referirse a él Villarejo y otros implicados de la supuesta trama. El inspector indicó en su informe que existían indicios de que el expresidente tenía conocimiento de la trama, pero el juez instructor García Castellón no le citó como testigo ni como imputado.
El 20 de abril declaró Luis Bárcenas, que afirmó que cuando escribía las siglas «M.R.» se refería a Mariano Rajoy. Además relató que poseía tres grabaciones contenidas en un pen drive, una con su propia voz en la que exponía asuntos de la causa y de la contabilidad en b del partido, otra con Mariano Rajoy y otra con Javier Arenas en las que se trataba la caja b del PP. Afirmó que el pen drive se guardaba en el despacho de su mujer, Rosalía Iglesias, y cuando salió de prisión preventiva había desaparecido junto a otros documentos en papel. También declaró que Rajoy no conocía que la contabilidad en b del partido estaba quedando registrada por escrito. Bárcenas aludió a que se sintió perseguido, humillado y sancionado dentro de la prisión de Soto del Real tras haber declarado contra los principales dirigentes del partido en la instrucción del caso Gürtel. Respecto a su chófer e imputado Sergio Ríos, acusado de espiar a la familia y robarles documentos comprometedores para el PP a cambio de pagos a cuenta de fondos reservados, afirmó que le contrató como chófer, así como para realizar algunas tareas administrativas y que venía recomendado por un jefe de seguridad del PP. Aclaró que Ríos tenía acceso a todos sus dispositivos y que fue despedido por las sospechas de la familia. Según su testimonio, Bárcenas dio orden a otro preso con conocimientos de informática de destruir la información comprometedora en su poder sobre la trama Gürtel.
Su esposa, Rosalía Iglesias resaltó que notó un cambio de actitud de Sergio Ríos a partir de que Bárcenas entrara en prisión preventiva, cuando comenzó a tener conductas no habituales y se mostraba interesado por las personas a las que Iglesias veía. El exabogado de Bárcenas, Javier Pérez de Liaño, declaró que mientras ejerció como tal, se instalaron cámaras a la puerta de su despacho.
El 23 de abril declaró como testigo el expresidente Mariano Rajoy, cuya versión se basó en la tesis de que los hechos objeto del juicio fueron una operación policial legítima y negó injerencias políticas en ellos. Por los apodos que supuestamente se utilizaban en los papeles de Bárcenas para referirse a él, como «el asturiano», «el barbas» o «M. Rajoy» respondió que «Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúnteles a ellos». También negó haber destruido una presunta fotocopia de la contabilidad en b del Partido Popular, como anteriormente había afirmado Bárcenas. Asimismo, negó haber dado la orden de los seguimientos a Bárcenas y su familia y exculpó a Jorge Fernández Díaz y a la cúpula de Interior.El mismo día declaró María Dolores de Cospedal, quien aseguró que conocía al comisario Villarejo y que había concertado varios encuentros con él, donde «le hacía preguntas pero no encargos» y negó haber pagado al excomisario o haber intercedido para que este obtuviera contratos públicos. También dijo desconocer que se hubiera urdido una operación policial entorno al extesorero del PP o que se hubiera pagado a su chófer Sergio Ríos para espiarle.
El 27 de abril declaró Guillermo Bárcenas, el hijo del extesorero del PP, quien confirmó que tanto él como su madre fueron secuestrados a manos de un falso sacerdote que entró en su casa y relató sus sospechas de que el entonces chófer Sergio Ríos estaba involucrado.
El 29 de abril, el exinspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigó el caso Gürtel y la pieza de los Papeles de Bárcenas declaró en sede judicial que la Operación Kitchen fue «una operación policial sin autorización judicial», contradiciendo la versión de Rajoy, que afirmó que se trató de un operativo policial que «se adecuó a la legalidad» para «coger el dinero a Bárcenas» y buscar a sus presuntos testaferros para complementar la investigación del Caso Gürtel. Morocho también relató que había recibido hostilidades y presiones para que no salieran a la luz los nombres de los dirigentes del PP beneficiarios de dinero negro incluidos en los papeles de Bárcenas. Más concretamente, se refirió a María Dolores de Cospedal y a Ana Mato. A la pregunta de si había recibido presiones para que no incluyera el nombre de M. Rajoy incluido en la contabilidad en b de Bárcenas, Morocho respondió que «era una persona singular y se individualizó expresamente que esa persona no saliera». También declaró que durante su investigación del caso Gürtel, sus superiores le ofrecieron otros puestos bien remunerados e investigaciones diferentes para que la abandonara.
El 1 de junio, el excomisario Villarejo declaró que Mariano Rajoy aprovechó la operación que buscaba encontrar dinero oculto de Bárcenas para buscar posible información que le pudiera afectar. En este sentido, Rajoy, según su versión, habría engañado a los acusados Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez. Villarejo cambió su versión previa que aseguraba que el objeto de la trama era buscar información que perjudicara al PP. En su lugar, mantuvo que su objetivo era buscar bienes o testaferros relacionados con Bárcenas, así como información sobre tráfico de armas que pusiera en peligro la seguridad del Estado. También alegó torturas y un intento de asesinato mientras estuvo en prisión. El mismo día también testificó el ex Director General Adjunto de la Policía Nacional. Eugenio Pino, que confirmó la captación de Sergio Ríos para interceptar información del entorno de Bárcenas, del que se hizo cargo Villarejo. Pino sostuvo que autorizó los pagos al chófer a cuenta de los fondos reservados.
El 9 de junio volvió a declarar Villarejo, que negó encargos para que encontrara grabaciones de Mariano Rajoy en poder de Bárcenas, así como encargos del PP o seguir instrucciones políticas. Villarejo sí admitió el encargo por parte del director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, una operación de inteligencia para verificar si Bárcenas contaba con dinero que ocultaba a la Justicia y si «disponía de información sensible que pudiera hacer daño a la seguridad del Estado», al afectar a «altas instituciones». El excomisario mantuvo que su aportación consistía en una labor de inteligencia en la que captó al chófer Sergio Ríos como confidente y que solo aportó información sin realizar seguimientos a Rosalía Iglesias. Villarejo puso en duda las investigaciones en su contra y apuntó al CNI.
El 29 de junio de 2026, las acusaciones retiraron los cargos presentados contra José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano después de que éstos declarasen en el juicio, por lo que quedaron absueltos. En cambio, mantuvieron las peticiones de condena para el resto de acusados, mientras que las defensas pidieron su absolución.
El 8 de julio de 2026, el juez Antonio Piña encargó a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que realizara un informe para determinar la existencia de indicios de criminalidad en las comunicaciones entre José Luis Villarejo, María Dolores de Cospedal y su esposo Ignacio López del Hierro. En estos audios, se recogen las supuestas entregas de dinero que dicha pareja habría entregado bajo cuerda al comisario. Además, ordenó a la emisora RAC1 entregar unas grabaciones que publicaron en marzo de 2025 y que la Justicia no tuvo en cuenta, en las que De Cospedal incriminaría a Rajoy en el espionaje a Bárcenas. En otra grabación de 2017, De Cospedal habría ordenado a Villarejo que detuviera la publicación de los papeles de Bárcenas referentes a la contabilidad con dinero negro del PP. El juez instructor en ese momento, García Castellón, denegó la imputación de De Cospedal que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción basada en el informe de Asuntos internos.
Datos: Q61861255