La evolución histórica de El Grado ha sido objeto de estudio por diversos autores, entre ellos José María Brun Samitier, cuyas investigaciones permiten reconstruir la trayectoria del núcleo y de sus entidades asociadas —Artasona, Enate y Coscojuela de Fantova— desde la Edad Media hasta la época contemporánea.
La localización de El Grado en el valle medio del río Cinca ha favorecido la ocupación del enclave desde épocas antiguas. Algunos estudios han planteado su posible vinculación con la red viaria romana del valle, sugiriendo la existencia de caminos secundarios paralelos al río e incluso la hipótesis de un paso o puente en sus inmediaciones, si bien no se conservan evidencias materiales concluyentes.
Durante la Edad Media, la posición del núcleo sobre una elevación dominante del valle reforzó su carácter estratégico y defensivo. Las fuentes mencionan la existencia de un castillo y un recinto amurallado, cuya localización exacta no ha podido determinarse con precisión, aunque se han documentado referencias a estructuras fortificadas en el entorno del casco urbano. Algunos autores han señalado asimismo la posible relevancia del enclave en época andalusí, dentro del sistema defensivo del valle del Cinca.
Tras la conquista cristiana a finales del siglo XI, El Grado quedó integrado en el proceso de reorganización territorial del reino de Aragón, pasando a depender del monasterio de San Victorián, institución que ejerció funciones de administración, control del territorio y repoblación.
El señorío de la villa pasó posteriormente a la baronía de Antillón. La documentación recoge que Constanza de Antillón entregó El Grado como dote a su hija Teresa con motivo de su matrimonio con el infante Alfonso, futuro Alfonso IV de Aragón, lo que refleja la inserción del núcleo en las redes nobiliarias del reino.
En 1463, el infanzón Antonio de Esplugas vendió el castillo y la villa al concejo de Zaragoza, incluyendo tierras, habitantes y derechos de aprovechamiento. Esta operación supuso la incorporación de El Grado a la órbita administrativa zaragozana durante varios siglos, consolidando una relación institucional de larga duración.
Organización eclesiástica y vida parroquial
La organización eclesiástica constituyó uno de los principales ejes vertebradores de la vida social del municipio, extendiendo su influencia a Enate, Artasona y Coscojuela de Fantova. Hasta 1571, la parroquia dependió del obispado de Lérida, pasando posteriormente a la diócesis de Barbastro tras la reorganización de los límites episcopales.
En 1550, la iglesia de San Salvador obtuvo el título de colegiata mediante bula del papa Julio III, quedando dotada de un cabildo compuesto por un vicario presidente y seis beneficiados. El concejo de la villa ejercía el derecho de presentación de los clérigos, lo que evidencia la estrecha vinculación entre poder civil y religioso.
Durante el Antiguo Régimen, la parroquia gestionaba una compleja red de rentas basada en diezmos y primicias. Parte de estos ingresos se destinaba a instituciones externas, como la Universidad de Huesca, que percibía una porción de dichos beneficios.
La vida religiosa y social se articulaba en torno a diversas cofradías documentadas desde el siglo XVII, entre ellas las de San Miguel, San Martín, el Dulcísimo Nombre de Jesús y Nuestra Señora del Viñero, esta última con un papel destacado como elemento de cohesión entre los distintos núcleos del municipio.
La función asistencial se materializaba en instituciones como el hospital local, documentado a finales del siglo XVIII, destinado a la atención de pobres y peregrinos y gestionado conjuntamente por el cabildo y el concejo.
Descripción de la localidad en el siglo XIX
El Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España de Pascual Madoz describe El Grado hacia 1847 como una población situada en la margen derecha del río Cinca, en el declive de un cerro que la protegía de los vientos del norte.
Según esta obra, la localidad contaba con unas 165 casas organizadas en torno a una plaza principal y varias calles empedradas, además de casa consistorial, escuela de primeras letras, iglesia colegiata dedicada a San Salvador y un hospital sostenido por la caridad pública. La economía se basaba en la agricultura —cereal, vid, olivo y huerta—, complementada por la ganadería, la pesca y pequeñas industrias locales, con comercio dirigido a Barbastro, Graus y otras localidades cercanas.
Guerra Civil y posguerra (1936-1945)
Durante la guerra civil española, El Grado permaneció en la zona republicana. Tras el colapso de las autoridades municipales en julio de 1936, el control local fue asumido por un comité revolucionario que ejerció funciones de gobierno, orden público e incautación de bienes.
Diversas investigaciones sitúan estos acontecimientos en un contexto previo de tensiones sociales y religiosas documentadas en los años anteriores, que contribuyeron a la fractura del tejido social local.
Configuración del poder revolucionario
Entre el 19 y el 22 de julio de 1936 se constituyó un Comité Revolucionario presidido por Francisco Mur Arasanz, con Ildefonso Nacenta Zamora como secretario. El poder local se integró en una red comarcal articulada en torno a Barbastro, con participación de milicias procedentes de otras localidades, lo que evidencia una dimensión territorial de la violencia.
La historiografía ha señalado la existencia de una estructura de poder dual, en la que la representación institucional recaía en sectores republicanos, mientras que el control efectivo de la coerción correspondía en gran medida a militantes anarcosindicalistas, patrón observable también en otros núcleos del entorno.
A partir de septiembre de 1936 se implantó un sistema de colectivización que afectó a tierras, bienes y producción. Este proceso implicó la incautación de propiedades, la integración —en ocasiones forzada— de pequeños propietarios y la reorganización de la economía local.
El Tribunal Popular actuó no solo como órgano represivo, sino también como instancia reguladora de la actividad económica, gestionando la distribución de recursos y el abastecimiento en el contexto de guerra.
Dinámica de la violencia y persecución religiosa
La represión siguió un patrón operativo relativamente sistemático, que incluía la identificación de objetivos, la detención —a menudo mediante engaño o coacción—, el traslado fuera del núcleo urbano y la ejecución en parajes aislados.
Entre las víctimas se encuentran varios sacerdotes vinculados al municipio —Antonio Pardina, Germán Tornil, Mariano Nacenta y Francisco Gistau Olivera—, así como el seminarista José Félix Blanco Santaliestra.
Violencia sobre la población civil
La represión afectó también a civiles considerados relevantes en la estructura social local, como el médico Antonio Laguna Bergua y el secretario municipal Lucas Vilas Baldellou.
La documentación revela que la violencia no respondió exclusivamente a criterios ideológicos, sino que en algunos casos incorporó conflictos personales, rivalidades locales y tensiones internas dentro del propio campo republicano, incluyendo episodios de violencia entre militantes de distintas organizaciones.
Destrucción del patrimonio y ruptura simbólica
El proceso revolucionario implicó una ruptura con el orden institucional y religioso anterior, materializada en la quema de archivos municipales y parroquiales —con documentación desde el siglo XVI— y en la destrucción de bienes artísticos y litúrgicos.
Autoría, responsabilidad y problemas de fuentes
El análisis comparado de las fuentes —Causa General, consejos de guerra y testimonios posteriores— muestra una notable complejidad en la atribución de responsabilidades. Se documenta la participación de actores locales y forasteros, con cadenas de mando poco definidas y grados de implicación diversos.
Asimismo, las fuentes presentan contradicciones y posibles sesgos derivados del contexto de posguerra, lo que ha llevado a la historiografía a subrayar la dificultad de establecer responsabilidades unívocas.
El Grado en el contexto comarcal
Los acontecimientos de El Grado se insertan en un patrón común en el Somontano de Barbastro, con dinámicas similares en localidades como Enate, Artasona y Coscojuela de Fantova. Este marco confirma la existencia de una violencia organizada a escala territorial.
Declive del proceso revolucionario (1937)
A partir de 1937 se produjo la militarización de las milicias y la progresiva desarticulación de las colectividades, en el contexto de la reorganización del bando republicano y la centralización del poder.
Ocupación franquista y represión de posguerra (1938-1945)
Tras la ocupación de la zona en marzo de 1938, se inició una represión sistemática contra los participantes en el proceso revolucionario. Esta incluyó ejecuciones, encarcelamientos, exilio y la apertura de procesos judiciales, así como la instrucción de expedientes por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas, con sanciones económicas y embargos de bienes.
Memoria y reconstrucción de los hechos
La interpretación de los acontecimientos quedó condicionada por la documentación generada en la posguerra —como la Causa General o los informes de la Guardia Civil—, cuya lectura ha sido posteriormente revisada por la historiografía, que ha destacado la complejidad del proceso, la diversidad de situaciones individuales y la coexistencia de coerción, violencia y conflicto interno.
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