Fiorella Molinelli nació en la ciudad de Lima, el 20 de marzo de 1974. Es hija de Ángel Molinelli Valle y de Flor de María Aristondo Espinoza.
Realizó sus estudios escolares en el Colegio San Antonio de Mujeres del Callao, institución dirigida por las religiosas del Inmaculado Corazón de María.
Se desempeñó como directora del INDECOPI, donde lideró la creación e implementación del 'Libro de Reclamaciones', un mecanismo clave para la protección y gestión de los reclamos de los consumidores en el país.
El 29 de julio del 2016, a inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, Fiorella Molinelli fue designada como viceministra de Transportes. El 6 de junio de 2017 se aceptó su renuncia al cargo y fue designada como viceministra de Construcción y Saneamiento.
El 6 de marzo de 2018, Molinelli fue designada como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), mediante una resolución suprema firmada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, asumiendo así la presidencia ejecutiva de la entidad, cargo que ejerció hasta agosto de 2021.
Durante su gestión, enfrentó la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19. Uno de sus proyectos más destacados fue la implementación de torres en la Villa Panamericana, con el objetivo de reforzar la capacidad hospitalaria y atender a los pacientes afectados por la emergencia sanitaria.
Uno de los principales proyectos de la gestión fue la implementación progresiva de la Historia Clínica Electrónica (HCE) como sistema institucional para integrar la información clínica de los pacientes en los establecimientos de EsSalud. La HCE permitió digitalizar los registros médicos, facilitar el acceso a la información clínica por parte del personal de salud y reducir el uso de expedientes físicos.
Durante este proceso también se desarrolló un nuevo Sistema de Gestión Clínica, concebido para mejorar la continuidad de la atención y apoyar la toma de decisiones médicas mediante información clínica integrada.
La transformación digital incluyó la ampliación de los servicios de teleconsulta, teleradiología y telesicología, así como el fortalecimiento de plataformas de atención remota para los asegurados. Asimismo, se desarrolló EsSalud Mobile, aplicación que permitió solicitar citas médicas, consultar referencias, revisar subsidios y acceder a diversos servicios desde dispositivos móviles.
El proceso también comprendió proyectos como Farmacia Vecina, PADOMI Delivery, la digitalización de subsidios por maternidad y lactancia, el uso de certificados digitales, la interoperabilidad con la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE) y la implementación de un modelo de gestión documental sin papel.
Como parte de la estrategia de modernización, EsSalud creó un Comité de Gestión del Cambio y desarrolló una red nacional de gestores del cambio para facilitar la adopción de las nuevas herramientas digitales por parte del personal de la institución.
Según Transformación Digital en el Perú, la estrategia combinó la incorporación de tecnologías con un proceso de cambio organizacional orientado a colocar al asegurado en el centro de la gestión institucional.
En paralelo, la gestión promovió el documento Hacia la modernización de la seguridad social en el Perú. Libro Blanco para el diálogo, que identificó los principales desafíos institucionales de EsSalud y propuso una agenda de modernización de la seguridad social. El documento incluyó la transformación digital como una de las nueve políticas para fortalecer EsSalud, junto con medidas referidas al modelo de atención centrado en el paciente, la gestión prestacional, el cierre de brechas, la sostenibilidad financiera, la transparencia y la separación de funciones IAFAS-IPRESS.
En el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se empezaron a revisar los proyectos pendientes en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre los cuales se encontraba el de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, que tenía la financiación pendiente de aprobación. El nuevo equipo ministerial, encabezado por el ministro Martín Vizcarra revisó la propuesta hecha en el gobierno anterior y rechazó los términos financieros del Consorcio Kuntur Wasi para el aeropuerto, debido a la acumulación de intereses. Molinelli, como viceministra de Transportes, solicitó a la Contraloría de la República y a la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina que evaluaran el caso y emitieran su opinión. Las anteriores instituciones afirmaron que la estructura financiera propuesta por el consorcio cumplía con lo estipulado en el contrato y recomendaron renegociar las condiciones de financiación. Por ende, el sector transportes y el consorcio realizaron negociaciones para firmar una adenda al contrato, la cual planteó que el Estado financie parte de la construcción del aeropuerto, evitando el pago de intereses. De esta manera, el concesionario entregaría una garantía al Estado mediante una carta fianza para que el Estado le adelante dinero para iniciar la construcción: el concesionario construye y el Estado revisa lo avanzado. La adenda fue firmada en febrero del 2017 por Molinelli.
Desde el congreso, surgieron una serie de cuestionamientos a la adenda, pues algunos legisladores la consideraban lesiva a los intereses del Estado; ante ello, el ministro Vizcarra anunció que esperaría el informe final de la contraloría para realizar desembolsos al Consorcio.
El Congreso de la República planteó una interpelación al ministro de transportes, quien respondió un pliego de 83 preguntas el 18 de mayo del 2017; sin embargo, los parlamentarios plantearon que esperarían al informe de la Contraloría General de la República para decidir si procedían con la censura de Martín Vizcarra. A los pocos días, Vizcarra anunció su renuncia al cargo ministerial; horas después, la Contraloría realizó una conferencia de prensa presentando las conclusiones del informe sobre el contrato de Chinchero. La Contraloría recomendó iniciar acciones legales contra diez funcionarios por presuntas irregularidades en la adenda a favor de la empresa Kuntur Wasi. A Molinelli se le encontró responsabilidad por suscribir la adenda; la cual, según el informe, no se ajustaba a la normativa de las Asociaciones Público Privadas.
En enero del 2018, durante la gestión de Bruno Giuffra en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se optó por ponerle fin al trato directo. Meses después, la empresa oficializó el inicio del arbitraje ante el Ciadi. El Tribunal Arbitral del Ciadi determinó por unanimidad que el contrato de concesión y su adenda eran plenamente válidos y lícitos y que la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de terminar el contrato unilateralmente fue arbitraria e injustificada. Ante ello, Molinelli sostuvo que la derrota del Perú en el arbitraje reafirmaba su posición y acusó a la fiscalía de insistir de manera injustificada en el caso.
En el año 2019, Édgar Alarcón, extitular de la Contraloría, acusó a Molinelli de ofrecerle dos millones de soles para que “no encuentre irregularidades” en la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. Sin embargo este fue condenado a un año de pena privativa de la libertad por el presunto delito de difamación agravada contra Molinelli.
Para diciembre de 2025, El Comercio reportó que la investigación fiscal seguía en curso, aunque la carpeta fiscal se encontraba fragmentada en decenas de cuadernos en etapa de apelación. En marzo de 2026, el Poder Judicial ordenó el inicio del juicio oral contra Molinelli por el Caso Chinchero.
Caso EsSalud
En el año 2021, la Fiscalía Provincial Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima sindicó a Fiorella Molinelli como líder de una organización criminal, siendo acusada de realizar compras ilícitas, en medio de la pandemia de COVID-19, por S/28.9 millones para la adquisición de tomógrafos y lentes de seguridad contra salpicaduras, generando un perjuicio al Estado peruano de S/18.2 millones.
El 30 de marzo de 2022, la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió que el Ministerio Público debe cesar el uso de la denominación «Club de las farmacéuticas» al considerarla peyorativa y estigmatizante (según expediente 007-2021-4-1826-JR-PE-0), ya que sugiere criminalidad y afecta la presunción de inocencia de la investigada y otros involucrados en el caso. Esta decisión revocó la resolución previa que había declarado infundada la solicitud de tutela de derechos contra el uso de dicha denominación.
Perú
Peruanos por el Kambio (2015-2018)
