Asistencia sanitaria privada

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La asistencia sanitaria privada, también denominada sanidad privada, atención sanitaria privada o medicina privada, es el conjunto de servicios sanitarios prestados por entidades de titularidad privada. Estos servicios pueden financiarse mediante seguros de salud, pagos directos de los usuarios o, en algunos sistemas, mediante fondos públicos y fórmulas mixtas. Su organización, financiación y peso dentro del sistema sanitario varían según el país, y en numerosos Estados coexiste con sistemas públicos o de cobertura universal.

En los países donde la asistencia sanitaria pública constituye el modelo predominante, el término se utiliza para distinguir los servicios prestados por proveedores privados de aquellos gestionados directamente por las administraciones públicas. El acceso a los servicios financiados de forma privada puede producirse mediante la contratación de un seguro de salud o mediante el pago directo de la atención recibida.

En América Latina, algunas entidades públicas, subsidiadas por el gobierno, ofrecen servicios sanitarios privados (generalmente llamada medicina prepagada o prepagada) a través de planes de medicina integral.

Modalidades de asistencia privada

La asistencia sanitaria privada puede adoptar distintas modalidades en función de la forma de financiación, del tipo de cobertura y de la relación existente entre los proveedores privados y el sistema público de salud. Estas modalidades no son excluyentes y, en numerosos países, se integran en sistemas sanitarios mixtos en los que participan administraciones públicas, aseguradoras, profesionales y centros de titularidad privada.

Entre sus principales modalidades se encuentran:

En la práctica, un mismo sistema sanitario puede combinar varias de estas modalidades. La existencia de proveedores privados no implica necesariamente que la financiación sea también privada, del mismo modo que un seguro privado puede utilizarse como cobertura principal o únicamente para ampliar las prestaciones ofrecidas por un sistema público u obligatorio.

Características generales

Las características de la asistencia sanitaria privada varían según la legislación, la organización del sistema sanitario y la modalidad de financiación existente en cada país. Puede ser prestada por profesionales que ejercen de forma independiente, por centros sanitarios privados, por entidades sin ánimo de lucro o por empresas que integran servicios de aseguramiento y prestación sanitaria.

Cuando la asistencia se articula mediante un seguro privado de salud, la relación entre la aseguradora y el usuario se establece a través de un contrato que determina las prestaciones cubiertas, las condiciones de acceso, la duración de la cobertura y, en su caso, las exclusiones, periodos de carencia, copagos o límites económicos. Los usuarios pueden contratar una cobertura individual o colectiva, que puede extenderse a otros integrantes de la familia o ser financiada total o parcialmente por una empresa.

Las prestaciones incluidas y el importe de las primas dependen del tipo de póliza y de la regulación aplicable. En algunos mercados las primas pueden calcularse en función del riesgo sanitario individual o de factores como la edad, mientras que en otros se aplican primas uniformes para determinados colectivos o mecanismos de regulación y compensación de riesgos.

Las entidades aseguradoras pueden facilitar el acceso a la atención mediante cuadros médicos o redes de hospitales, clínicas y profesionales con los que mantienen acuerdos. Algunas compañías disponen además de centros sanitarios propios, mientras que otras reembolsan total o parcialmente los gastos abonados por el asegurado a proveedores elegidos fuera de la red. La amplitud de la red, la posibilidad de elección y las condiciones de reembolso dependen del contrato suscrito y del modelo sanitario de cada país.

La asistencia sanitaria privada también puede recibirse mediante el pago directo de consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos u otros servicios, sin que intervenga una aseguradora. En otros casos, los proveedores privados prestan servicios financiados con fondos públicos mediante contratos, conciertos u otros acuerdos con las administraciones sanitarias, por lo que la titularidad privada del proveedor no implica necesariamente que la financiación también sea privada.

Complementariedad con los sistemas públicos

En numerosos países, la asistencia sanitaria privada coexiste con los sistemas públicos de salud y desempeña funciones complementarias cuya organización varía en función del modelo sanitario de cada Estado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Observatorio Europeo de Sistemas y Políticas de Salud señalan que la mayoría de los sistemas sanitarios actuales son sistemas mixtos, en los que participan tanto proveedores públicos como privados en la financiación, aseguramiento o prestación de servicios sanitarios.

La participación del sector privado puede adoptar diferentes formas. En algunos países, los seguros privados constituyen la cobertura principal para determinados grupos de población; en otros, actúan como cobertura complementaria o suplementaria de los sistemas públicos, facilitando el acceso a prestaciones no incluidas en la cobertura pública, reduciendo los tiempos de espera o ampliando la libertad de elección de profesionales y centros sanitarios.

Asimismo, numerosos sistemas públicos recurren a hospitales, clínicas y otros proveedores privados mediante conciertos, contratos o acuerdos de prestación de servicios para complementar la capacidad asistencial pública o cubrir determinadas necesidades sanitarias. Según la OMS, la incorporación de proveedores privados puede contribuir a aumentar la capacidad asistencial, favorecer la innovación y ampliar la oferta de servicios, si bien requiere mecanismos adecuados de regulación, supervisión y evaluación para garantizar la calidad, la equidad y la eficiencia del sistema sanitario.

El grado de integración entre la asistencia sanitaria pública y la privada difiere considerablemente entre países y depende de factores como el modelo de financiación, la regulación del aseguramiento sanitario, la organización de los proveedores y las políticas públicas de salud.

Asistencia sanitaria privada por países

España

En España, la asistencia sanitaria privada se desarrolla principalmente mediante seguros de salud, consultas y centros de pago directo y servicios contratados o concertados por las administraciones públicas. Su utilización ha aumentado durante las primeras décadas del siglo XXI y suele coexistir con la cobertura del Sistema Nacional de Salud, de manera que una parte considerable de los asegurados utiliza tanto servicios públicos como privados. En 2023, alrededor de 12,4 millones de personas disponían de algún tipo de seguro médico privado, incluidos los funcionarios acogidos al mutualismo administrativo, lo que equivalía aproximadamente a una cuarta parte de la población. La proporción era especialmente elevada en comunidades como Madrid, Cataluña y Baleares.

El crecimiento de los seguros médicos se ha relacionado, entre otros factores, con las listas de espera de la sanidad pública, la incorporación de pólizas de salud como beneficio laboral y la demanda de un acceso más rápido a consultas de especialistas y pruebas diagnósticas. Este aumento de la demanda ha impulsado la ampliación de grupos hospitalarios privados y la apertura de nuevos centros, especialmente en las grandes áreas urbanas. El mercado asegurador presenta, además, una elevada concentración, con SegurCaixa, Adeslas, Sanitas y Asisa entre sus principales operadores.

La participación privada también se produce mediante conciertos para la realización de pruebas, intervenciones y otros servicios financiados públicamente, así como a través de la gestión privada de determinados centros integrados en las redes sanitarias públicas. Otra modalidad es el mutualismo administrativo, por el que una parte de los funcionarios puede elegir entre recibir asistencia del sistema público o de una aseguradora privada financiada por el Estado. En el concierto de MUFACE correspondiente al periodo 2025-2027, Adeslas y Asisa asumieron la atención sanitaria privada de alrededor de un millón de funcionarios y beneficiarios.

América Latina

En América Latina, la asistencia sanitaria privada forma parte de sistemas de salud heterogéneos y, con frecuencia, fragmentados entre instituciones públicas, regímenes de seguridad social, aseguradoras y prestadores privados. Su importancia y forma de organización varían considerablemente según el país, mientras que el acceso a estos servicios suele estar condicionado por los ingresos, el empleo formal y el lugar de residencia.

En México, el sector privado comprende hospitales, clínicas, consultorios, laboratorios y seguros médicos, y atiende tanto a personas aseguradas como a pacientes que pagan directamente por los servicios. Su actividad se desarrolla junto a distintas instituciones públicas, cuya cobertura depende en buena medida de la situación laboral de la población.

En Perú, la provisión privada incluye aseguradoras, clínicas, consultas y farmacias, dentro de un sistema dividido entre el Ministerio de Salud, la seguridad social y otros regímenes públicos y privados. El pago directo de los hogares conserva una presencia importante, especialmente cuando los servicios públicos o de la seguridad social no ofrecen una atención suficientemente rápida o accesible. En Chile, los trabajadores pueden destinar su cotización sanitaria al Fondo Nacional de Salud —Fonasa— o a una aseguradora privada denominada Institución de salud previsional —Isapre—. Este modelo paralelo ha sido objeto de reformas, litigios y debates relacionados con el precio de los planes, la selección de riesgos y las diferencias de acceso entre grupos sociales.

En Argentina, el sistema sanitario se divide tradicionalmente entre el sector público, las obras sociales vinculadas principalmente al empleo y las empresas de medicina prepaga, que ofrecen planes privados de cobertura. En Brasil, el Sistema Único de Salud proporciona cobertura pública universal, aunque una parte de la población utiliza también planes privados y redes particulares de hospitales, clínicas y centros de diagnóstico. El sector privado brasileño cuenta con grandes grupos empresariales y ha experimentado procesos de concentración e integración entre aseguradoras y cadenas hospitalarias.

En Colombia, el sistema se articula mediante entidades aseguradoras conocidas como entidades promotoras de salud —EPS—, que administran recursos públicos y contratan los servicios de redes de prestadores públicos y privados. El papel y la situación financiera de estas entidades han sido objeto de sucesivos debates y proyectos de reforma sanitaria.Popularmente a la sanidad privada se le conoce como "Medicina prepagada", el cual es un servicio de salud voluntario. Quien la contrata paga una cuota fija por adelantado y recibe a cambio acceso a una red de clínicas y médicos más amplia que la del régimen contributivo. La figura nació con la Ley 10 de 1990. Tres años después, el Decreto 1570 de 1993 fijó las reglas de operación de estas empresas: capital mínimo, reserva legal y un margen de solvencia del 15% sobre sus gastos médicos. Desde entonces quedaron bajo control de la Superintendencia Nacional de Salud.

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y ahí la medicina prepagada pasó a ser uno de los planes voluntarios de salud del artículo 169, junto con los planes complementarios de las EPS y las pólizas de salud que vigila la Superintendencia Financiera. Para contratar un plan prepagado hay un requisito previo: estar afiliado y al día con el régimen contributivo, ya que este servicio no es un reemplazo, es un complemento del servicio de salud. La Ley 1438 de 2011 sumó garantías para el usuario como que las entidades no pueden cancelar el contrato si el afiliado no ha incumplido, y no pueden usar preexistencias para negar una renovación.

Críticas a los sistemas de sanidad privada

Una de las principales críticas a la asistencia sanitaria privada sostiene que ésta otorga más importancia a los beneficios económicos que a la calidad del tratamiento sanitario. Un ejemplo de esta situación se daría en Reino Unido, donde el sistema de salud privada está notablemente extendido y ha suscitado un amplio debate. Allí el tratamiento sanitario privado daría peores resultados en diferentes indicadores de salud pese a implicar un mayor coste, de tal manera que las empresas son las que acaban obteniendo mayores beneficios. Además, las empresas privadas tenderían a priorizar el beneficio propio sobre los intereses sanitarios de los pacientes. Esto ha llegado al punto de que la sanidad privada ha mostrado la tendencia a expulsar pacientes que no proporcionan beneficios económicos hacia la sanidad pública.

La evidencia sobre la participación de proveedores privados dentro de sistemas financiados públicamente no es, sin embargo, uniforme. La Organización Mundial de la Salud señala que los gobiernos recurren en algunos casos a proveedores privados para ampliar la oferta, estimular la elección y aprovechar capacidad adicional, y considera que esta participación puede ampliar el acceso; al mismo tiempo, advierte de riesgos para la calidad, la equidad y el control de costes cuando no existen regulación, supervisión y mecanismos de compra pública adecuados.

En una revisión sistemática centrada en cirugía electiva, Rathnayake, Jayasinghe y Clarke observaron que, para determinadas intervenciones —entre ellas las prótesis de cadera y rodilla—, la externalización a proveedores privados parecía asociarse con una reducción de los tiempos de espera y una mejora del acceso. Los propios autores subrayaron, no obstante, que la evidencia disponible era limitada, heterogénea y principalmente observacional, por lo que reclamaron evaluaciones adicionales y mecanismos regulatorios que preserven la equidad y la calidad asistencial.

Según el médico y politólogo Vicenç Navarro, los gestores de los sistemas privados de salud "tienen unos niveles de remuneración mucho más elevados que los existentes en las instituciones no lucrativas".

Para Navarro, la prioridad del beneficio de la empresa privada sobre el interés del paciente puede traducirse en una menor calidad asistencial en determinados servicios privados en comparación con instituciones no lucrativas. Esto llegaría al punto de que en ciertos servicios, la diferencia de calidad entre un servicio de salud privado y uno público sería "abrumadora" a favor de la sanidad pública. La presunta mayor eficiencia del sistema privado se basaría, entre otros, en:

Por otra parte, el sistema privado de salud resultaría en una menor libertad de decisión del paciente, ya que las necesidades sanitarias de éste tienden a estar intervenidas por los proveedores privados. Además, tampoco la sanidad privada sería un ejemplo de libertad de mercado, ya que la asistencia médica privada se encuentra en manos de unas pocas empresas, lo que llevaría a la formación de oligopolios.

Otro argumento crítico considera que la sanidad privada no supone necesariamente un ahorro de recursos. Según este análisis, las personas con doble aseguramiento, público y privado, tienden a utilizar más recursos sanitarios que quienes recurren únicamente a un sistema privado y, pese a ello, pueden presentar peores indicadores de salud. Otros estudios indican que la financiación público-privada de la asistencia sanitaria no supone un ahorro para el sistema público de salud. En cambio, este sistema mixto obtendría como resultado mayores perjuicios que beneficios para el sistema público de salud. Algunos ejemplos concretos, como las iniciativas de financiación privada en la Comunidad de Madrid, muestran que la asistencia sanitaria privada incrementa el coste de la sanidad "entre 7 y 8 veces respecto a la gestión pública". En relación con estas iniciativas, también se ha señalado la existencia de una notable falta de información y transparencia sobre su financiación. A partir de estas críticas, algunos autores han descrito la relación entre determinados operadores privados y la sanidad pública como «parasitaria», al considerar que aquellos pueden beneficiarse de los recursos, profesionales o infraestructuras del sistema público sin contribuir en igual medida a su sostenimiento..

Además, el sistema privado de salud tendría una de sus deficiencias fundamentales en que es incapaz de garantizar la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.

Se ha señalado que el sistema sanitario de los Estados Unidos es uno de los principales modelos con una elevada participación de la sanidad privada. Diversos análisis han cuestionado, sin embargo, su eficiencia.

En el periodo estudiado, Estados Unidos era el país con mayor gasto sanitario por habitante, pese a lo cual alrededor del 16 % de la población censada «carecía de cualquier tipo de cobertura» sanitaria. Asimismo, otros 62 millones de habitantes —aproximadamente otro 20 % de la población— disponían de una cobertura considerada «insuficiente». A su vez, el pago de los servicios sanitarios depaupera a los que pueden costearse el gasto, hasta el punto de que "el 60% de la gente que entra en bancarrota lo hace por tener que hacer frente a deudas con las aseguradoras médicas".

En España, una parte de las críticas a la asistencia sanitaria privada se ha centrado en las condiciones económicas de los médicos que prestan servicios para las compañías aseguradoras. En 2022, diversos facultativos denunciaron que los baremos abonados por las aseguradoras apenas habían variado desde 1994 y calificaron esta situación de «humillación», «injusticia», «explotación» e incluso «esclavismo». Según las informaciones publicadas por El País, algunas compañías abonaban menos de 20 euros brutos por una primera consulta de un especialista y menos de 10 euros por una consulta de medicina general, mientras que las revisiones se remuneraban con importes aún menores.

Ese mismo año, diversas sociedades científicas impulsaron el denominado Manifiesto Dignifica, mediante el que reclamaban una mejora de las condiciones de los médicos que trabajan para las aseguradoras privadas. Entre sus argumentos sostenían que las bajas tarifas podían favorecer la realización de pruebas innecesarias para compensar la escasa remuneración o, por el contrario, desincentivar determinados procedimientos cuya compensación económica resultaba insuficiente.

En España, la sanidad privada está en manos de las aseguradoras, siendo las principales compañías: Adeslas (29,2%), Sanitas (15,7%), Asisa (13,4%) DKV (7,2%) y Mapfre (6,8%). En 2024 existe un gran descontento entre los médicos por el trato económico recibido de las aseguradoras. Según los facultativos se mantienen las mismas tarifas desde 1994, lo que supone una "humillación", "injusticia", "explotación" y hasta "esclavismo". Con ligeras diferencias, las tarifas suelen estar por debajo de 20 euros brutos por primera consulta de especialista, menos de 10 para el médico general y la mitad, respectivamente, para revisiones.En 2022 el sector de los médicos a través de diversas sociedades científicas, firmó el Manifiesto Dignifica para exigir la mejora de las condiciones laborales de los médicos que trabajan en sanidad privada. El Manifiesto Dignifica describe la posición “dominante” de las aseguradoras, que puede llevar al sobrediagnóstico (exagerándose la gravedad para pedir más pruebas de las necesarias y cobrar más) y el no realizar procedimientos o la pasividad, porque el trabajo que precisa no se corresponde al pago recibido, lo que deja indefenso al paciente. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos también ha solicitado cambios normativos frente a determinadas prácticas que considera anticompetitivas o desleales en la medicina privada. Entre ellas ha mencionado la fijación unilateral de baremos, la imposición de condiciones contractuales, los obstáculos al ejercicio profesional y la exclusión de facultativos de los cuadros médicos de las aseguradoras.

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