Observatorio DESC

Origen y primeros años

El Observatorio surgió por iniciativa de organizaciones de cooperación internacional, bajo la presidencia de Tono Albareda, fundador de CooperAcció, coincidiendo con el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En mayo de 1999 presentó un programa que incluía promover el derecho de voto de los inmigrantes, examinar las condiciones laborales de empresas catalanas instaladas en el Magreb y crear un archivo sobre explotación infantil en América Latina.

Entidades integrantes

La Fundació Josep Comaposada había sido promovida por UGT de Cataluña en 1988. La Fundació Pau i Solidaritat fue constituida en 1997 por CCOO de Cataluña; sus estatutos atribuyen al sindicato, como único fundador, la designación y sustitución de los miembros del patronato.

UGT tiene sus orígenes en el movimiento socialista y contó entre sus fundadores con Pablo Iglesias Posse, fundador también del Partido Socialista Obrero Español. CCOO de Cataluña mantuvo una relación histórica con el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC); en el origen del movimiento participaron también socialistas, católicos y otras tendencias sindicales.

En la relación de 2003 figuraban también como integrantes CooperAcció, el Institut de Drets Humans de Catalunya, la Associació Catalana de Dones de Carreres Jurídiques, la Associació Catalana de Juristes Demòcrates, la Associació per les Nacions Unides a Espanya, Juristes sense Fronteres, la Associació Catalana de Professionals per la Cooperació, la Fundació Solidaritat UB, la Fundació Interarts, Trifàsic y Desenvolupament Comunitari. En esa relación figuraban como observadores el Ayuntamiento de Barcelona, a través de su concejalía de Derechos Civiles; la Diputación de Barcelona, mediante su Gabinete de Relaciones Internacionales; el Colegio de Abogados de Barcelona y Cruz Roja Cataluña.

CooperAcció surgió de la unión de ACSUR–Las Segovias de Cataluña y Solidaritat i Cooperació, con apoyo del CIDOB. Entre los fundadores del Institut de Drets Humans de Catalunya figuraron Eugeni Gay, Victòria Abellán y Eudald Vendrell. Gay fue también promotor de Juristes sense Fronteres y presidente de su consejo asesor.

Dones Juristes identifica entre sus cofundadoras a Angelina Hurios, Montserrat Serrallonga y Lourdes Argudo. El abogado Marc Palmés participó en la fundación de la Associació Catalana de Juristes Demòcrates.

Según el estudio histórico de Carlos Martos Ferrer, Amigos de las Naciones Unidas, antecedente de la Associació per les Nacions Unides a Espanya, fue promovida por integrantes del Club de Amigos de la UNESCO de Barcelona próximos al PSUC. La asociación fue legalizada en 1962 y contó con Rosa Menassanch entre sus promotores y como secretaria.

La Fundació Solidaritat UB fue constituida en 1996 por la Universidad de Barcelona y la Fundació Món-3. La Fundació Interarts, creada en 1995, tuvo entre sus fundadores a Eduard Delgado, que fue su director, y a Alfons Martinell Sempere, presidente entre 1995 y 2004.

Trifàsic agrupaba a Medicus Mundi Catalunya, Entrepobles, Vetermón, SETEM Catalunya y Enginyers Sense Fronteres.

Dirección

En octubre de 2026, la web de la entidad identificaba a Marco Aparicio como presidente, Eva Fernández como secretaria e Irene Escorihuela como directora.

Propuestas legislativas

En 2011, el Observatorio respaldó, junto con CCOO, UGT y otras organizaciones, una iniciativa legislativa popular presentada en el Congreso de los Diputados para permitir la cancelación de la deuda hipotecaria mediante la entrega de la vivienda.

Posteriormente participó, con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Alianza contra la Pobreza Energética, en la promoción de la iniciativa legislativa popular que dio lugar a la Ley 24/2015 de Cataluña. El Parlamento catalán aprobó la iniciativa el 23 de julio de 2015. Su contenido incluía medidas sobre sobreendeudamiento, alquiler social y acceso a los suministros básicos.

Investigación y publicaciones

En 2020 elaboró con el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya el informe Radiografia: joves llogateres i dret a l’habitatge, presentado al Parlamento de Cataluña y dedicado a las condiciones de acceso a la vivienda de la población joven.

En 2022 participó con la PAH de Barcelona, la Alianza contra la Pobreza Energética, Ingeniería Sin Fronteras y la Agencia de Salud Pública de Barcelona en el informe Estat de l’exclusió residencial: impactes de la Llei 24/2015 i altres mesures de resposta. El estudio combinaba información administrativa, entrevistas y 650 respuestas completas a una encuesta sobre vivienda, suministros y salud. Su metodología señala que la mayoría de las personas encuestadas había participado en movimientos sociales.

Colaboración con movimientos de vivienda

El Observatorio proporcionó apoyo jurídico y recursos a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). En 2015, Vanesa Valiño explicó que gestionaba ayudas municipales para atender las necesidades de la PAH de Barcelona.

En octubre de 2016, durante la alcaldía de Ada Colau, el Observatorio organizó una reunión abierta que inició el proceso de creación del Sindicat de Llogateres. En su impulso y diseño participaron también entidades como la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona, La Hidra Cooperativa, 500×20, la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible y Desllogades. El sindicato se presentó públicamente el 12 de mayo de 2017 en el Casinet d’Hostafrancs de Barcelona.

En 2023, el Observatorio, Entrepobles y el Sindicat de Llogateres publicaron conjuntamente un manual sobre acoso inmobiliario.

Reserva del 30 % de vivienda protegida

En 2018, el Observatorio, la PAH, la FAVB, la ABTS y el Sindicat de Llogateres impulsaron la reserva de un 30 % para vivienda de protección oficial en determinadas promociones privadas de Barcelona. La modificación del planeamiento estableció la reserva sobre el techo residencial en actuaciones de nueva construcción o gran rehabilitación de más de 600 m².

El presidente de la Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, sostuvo que la reserva había frenado la producción de vivienda y las rehabilitaciones. La portavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, atribuyó los resultados a incumplimientos de la norma y a la insuficiencia de inspecciones.

Contención de rentas

El Observatorio apoyó la ley catalana de contención de rentas de 2020 promovida por el Sindicat de Llogateres. La Ley 11/2020 entró en vigor el 22 de septiembre de ese año; el Tribunal Constitucional anuló sus disposiciones centrales en 2022. Los nuevos límites derivados de la legislación estatal comenzaron a aplicarse en Barcelona el 16 de marzo de 2024.

En 2021, Barcelona registró el máximo anual de nuevos contratos de alquiler de la serie publicada por la Generalitat, con 57.158 contratos. Las siguientes comparaciones recogen la evolución de los anuncios y de los contratos registrados hasta 2025:

Los precios son nominales y las variaciones de las series oficiales se calculan a partir de sus valores sin redondear. Idealista toma como referencia el cierre de 2020, condicionado por la acumulación de anuncios durante la pandemia. La oferta anunciada, las nuevas contrataciones y el conjunto de contratos vigentes son magnitudes diferentes.

En el debate sobre los topes, el economista José García Montalvo criticó que el sistema catalán de 2020 penalizaba la rehabilitación y que los límites posteriores favorecían una selección de inquilinos con mayores recursos. El Sindicat de Llogateres defendió la eficacia de la regulación y reclamó sanciones frente a los incumplimientos.

Dirigentes del Observatorio

Tono Albareda, primer presidente del Observatorio, había formado parte del comité de estudiantes del PSUC en 1967.

En 2003, Ignasi Riera, antiguo concejal de Cornellà de Llobregat y diputado de Iniciativa per Catalunya Verds, figuraba como presidente de la entidad.

Jordi Borja, presidente del Observatorio en 2015, había sido diputado del Partido Socialista Unificado de Cataluña y teniente de alcalde de Barcelona, primero en las filas de ese partido y posteriormente como independiente en las del Partido de los Socialistas de Cataluña. En las elecciones municipales de 2015 concurrió en el puesto 37 de la candidatura de Barcelona en Comú.

También se documentaron relaciones con la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Irene Escorihuela, que sustituyó a Valiño en la dirección en julio de 2015, era entonces militante de la CUP de Sants. Eva Fernández, integrante de la junta del DESC, figuró en el noveno puesto de la candidatura de la CUP al Congreso por Barcelona en noviembre de 2019 y en el sexto de su candidatura municipal de 2023.

Ada Colau dejó de trabajar en el Observatorio en febrero de 2015, tras haber trabajado en él desde 2007. El 13 de junio de 2015 fue investida alcaldesa de Barcelona. En un reportaje publicado el 5 de julio de 2015, Irene Escorihuela, recién incorporada a la dirección del DESC, defendió el carácter apartidista de la entidad y afirmó que Colau, Gerardo Pisarello, Jaume Asens y Gala Pin habían abandonado el Observatorio antes de la campaña electoral.

En 2016, durante la alcaldía de Ada Colau, las ayudas municipales al DESC pasaron de 150.000 euros en 2015 a 254.777 euros, un incremento del 69,85 %, según las cantidades publicadas por El País. El Ayuntamiento atribuyó el aumento a la ampliación de los convenios sobre vivienda y suministros básicos.

En octubre de ese mismo año, el Observatorio organizó una reunión abierta que inició el proceso de creación del Sindicat de Llogateres, en cuyo impulso participaron también otras organizaciones. El sindicato se presentó públicamente el 12 de mayo de 2017.

Responsables de entidades integrantes

Marc Palmés, participante en la fundación de la Associació Catalana de Juristes Demòcrates, fue también cofundador de Nacionalistes d'Esquerra y militante de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desde 1997. Ester Capella presidió la asociación entre 2003 y 2007. Posteriormente fue concejala de Barcelona por ERC y consejera de Justicia de la Generalitat; su biografía oficial sitúa su afiliación al partido en 2008.

Mercè Claramunt, presidenta de Dones Juristes documentada en 2015, había sido elegida vicepresidenta de Iniciativa per Catalunya Verds en 2008.

Carles Riera, posteriormente diputado de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), presidió Desenvolupament Comunitari entre 1993 y 2015, según su ficha parlamentaria. En 2006 intervino como presidente de la asociación que constituyó la Fundació Desenvolupament Comunitari y fue designado presidente de su primer patronato.

Alfons Martinell, fundador y expresidente de Interarts, fue director general de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional entre 2004 y 2008.

Incorporaciones al Ayuntamiento de Barcelona

Al formarse el gobierno de Barcelona en Comú en 2015, se incorporaron las siguientes personas:

• Ada Colau: trabajadora entre 2007 y febrero de 2015; alcaldesa.
• Gerardo Pisarello: vicepresidente no remunerado; primer teniente de alcalde.
• Jaume Asens: miembro no remunerado de la junta; tercer teniente de alcalde.
• Gala Pin: trabajadora de comunicación; concejala de Ciutat Vella.
• Vanesa Valiño: directora; asesora municipal de vivienda.
• Águeda Bañón: trabajadora de comunicación; directora de comunicación del Ayuntamiento.

Posteriormente se incorporaron al consistorio Marc Serra Solé, técnico y jurista del DESC entre 2014 y 2016, asesor municipal entre 2016 y 2019 y concejal desde 2019; y Carlos Macías, técnico de vivienda del Observatorio contratado en 2018 como asesor de la alcaldesa en cuestiones de vivienda y territorio.

Antecedentes

La documentación de la cooperación catalana recoge subvenciones públicas al Observatorio desde, al menos, 2003. Ese año, la Generalidad de Cataluña consignó una ayuda de 180.000 euros para el proyecto «Defensant els drets econòmics, socials i culturals (DESC) a l'Amèrica Llatina». La memoria de 2004 recoge dos partidas de concesión directa dentro de un convenio con el Observatorio: 111.350 euros para actuaciones en América Latina y 138.650 euros para actividades desde Cataluña, que sumaban 250.000 euros.

Según un reportaje de El Món de 2015, el Ayuntamiento de Barcelona, durante la alcaldía de Xavier Trias, suscribió convenios con el Observatorio y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por 25.000 euros para septiembre de 2012–agosto de 2013, 100.000 euros para septiembre de 2013–agosto de 2014 y 240.000 euros para septiembre de 2014–agosto de 2016, a razón de 120.000 euros anuales en este último período.

En 2014, el DESC, la Xarxa d'Economia Solidària y REAS participaron en un proyecto de fortalecimiento de la red de economía solidaria financiado por el programa Ciudadanía Activa de los EEA Grants, gestionado por la Plataforma de ONG de Acción Social. El presupuesto del Observatorio en 2014 fue de 455.000 euros, con un 97 % de subvenciones y donaciones.

Financiación municipal desde 2015

El 29 de diciembre de 2016, durante la alcaldía de Ada Colau, la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó una subvención directa de 336.259 euros al Observatorio para el proyecto «Dret a l'habitatge i a l'energia: empoderament col·lectiu i assessorament jurídic social», desarrollado mediante un convenio con la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingeniería Sin Fronteras. La ayuda cubría el 80 % de un presupuesto de 420.286 euros y se distribuyó en tres anualidades: 31.135 euros en 2016, 175.256 euros en 2017 y 129.868 euros en 2018. El acuerdo justificaba la concesión sin convocatoria pública por razones de interés público y destinaba el proyecto a personas afectadas por desahucios o por el riesgo de perder el suministro de agua o energía.

En marzo de 2018, El País publicó que las ayudas municipales al DESC habían ascendido a 150.000 euros en 2015, 254.777 en 2016 y 267.016 en 2017, y recogió la explicación municipal de que se habían ampliado los convenios de vivienda y suministros básicos. Metrópoli recogió cifras diferentes aportadas por la directora del Observatorio, Irene Escorihuela: 224.777 euros para 2016 y 221.136 para 2017.

Por su parte, El Món había publicado en marzo de 2018 que los 221.136 euros de 2017 correspondían a dos pagos de 175.256 y 45.880 euros, sin incluir todavía el cuarto trimestre.

En noviembre de 2020, el Área Metropolitana de Barcelona aprobó un convenio de 10.000 euros para un estudio de buenas prácticas dirigido a técnicos municipales sobre la respuesta a la emergencia habitacional, equivalente al 71,95 % del coste del proyecto.

Según TOT Barcelona, las subvenciones municipales concedidas al Observatorio entre 2019 y diciembre de 2023 superaron los 1,1 millones de euros, incluyendo convenios y convocatorias de concurrencia. Entre ellas figuraban una concesión de 324.600 euros de diciembre de 2020 y otra de 162.300 euros aprobada el 21 de diciembre de 2023, ya durante la alcaldía de Jaume Collboni. Esta última correspondía al proyecto anual sobre vivienda y energía y cubría el 80 % de su presupuesto de 202.875 euros.

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

La Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) es una entidad pública de la Generalidad de Cataluña, creada por la Ley 31/2002 para ejecutar su política de cooperación al desarrollo. Su financiación procede principalmente de transferencias de los presupuestos de la Generalitat aprobados por el Parlamento de Cataluña. La ley atribuye al Gobierno autonómico el nombramiento de su dirección y establece el control financiero mediante auditorías realizadas por la Intervención General o bajo su dirección.

Sus convocatorias incluyen proyectos de desarrollo en otros países y proyectos de educación global con actividades en Cataluña. Entre las actividades subvencionables de esta segunda modalidad figuran la sensibilización, la formación, la investigación y la movilización e incidencia en las políticas públicas.

En diciembre de 2022, la ACCD concedió 699.849 euros al programa de Entrepobles «Teixim alternatives ecofeministes», en el que el Observatorio figuraba como entidad agrupada. El programa trataba sobre participación ciudadana, ecofeminismo y relaciones entre el norte y el sur globales. La concesión correspondía al conjunto del programa.

En diciembre de 2023, la agencia concedió 350.000 euros al proyecto «Un món del Dret, no del revés», presentado por el DESC con el Institut de Drets Humans de Catalunya como entidad agrupada. La resolución identificaba también a Jueces y Juezas para la Democracia como entidad participante y asignaba 98 puntos al proyecto. El proyecto, incluido en educación global y localizado en Cataluña, abordaba derechos humanos, justicia social y sostenibilidad ambiental.

La convocatoria de 2023–2024 exigía solicitud electrónica, proyecto narrativo, presupuesto detallado, matriz de planificación y calendario. La concesión se realizaba mediante concurrencia competitiva: una comisión evaluaba las propuestas y la dirección de la ACCD resolvía. Se preveía un anticipo del 95 % y el pago del 5 % restante tras aprobar la justificación final. Esta debía incluir memoria técnica, información económica e informe de auditoría; también se exigían documentos de seguimiento.

Cuentas de 2023–2025

Las memorias y cuentas anuales de la entidad recogen los siguientes ingresos. Las subvenciones se imputan al ejercicio de ejecución de los proyectos, por lo que una concesión puede distribuirse entre varios años.

La memoria de 2024 distribuye las subvenciones entre la Generalitat de Cataluña (51,9 %), el Ayuntamiento de Barcelona (36,2 %), el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 (9,7 %) y Erasmus+ (2,2 %).

Las cuentas auditadas de 2025 desglosan las subvenciones y donaciones imputadas al resultado:

Entre los clientes de servicios de 2025, la memoria identifica a Prat Espais, el Ministerio de Derechos Sociales, Habitat International Coalition, el Consell Comarcal del Baix Llobregat y Habicoop.

Las tres partidas de la ACCD sumaron 324.532,33 euros, el 52,95 % de los ingresos totales de 2025.

Gastos y justificación

Las cuentas de 2025 recogían los siguientes gastos:

Las ayudas a otras entidades incluían 77.738 euros al Institut de Drets Humans de Catalunya, 6.126,03 a CICRA y 2.000 a la PAH.

La memoria de actividades de 2025 describe asesoramiento y formación sobre vivienda, elaboración de informes, campañas sobre regulación del alquiler y desahucios, trabajos sobre alimentación y medio ambiente, y servicios jurídicos para otras entidades y administraciones.

El convenio municipal de vivienda y energía firmado en diciembre de 2023 exigía una memoria de actuación y una memoria económica acompañada de un informe de auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Establecía un plazo de justificación de tres meses desde la finalización del proyecto, facultades municipales de comprobación y reintegro en caso de incumplimiento o exceso de financiación. También preveía una comisión de seguimiento con representantes municipales y de las entidades participantes.

Financiación de las fundaciones sindicales

La Fundació Josep Comaposada declaró en 2023 ingresos de actividad de 449.566,68 euros, de los que 358.626,82 correspondían a subvenciones oficiales a la explotación y 88.080 a donaciones y otros ingresos. Su memoria de 2016 identificaba financiación de la ACCD y de ayuntamientos catalanes.

Las cuentas de la Fundació Pau i Solidaritat registraron en 2025 ingresos de 730.868,36 euros, de los que 592.375,24 se clasificaban como subvenciones, donaciones y otros ingresos. Entre sus concedentes de ayudas figuraban la ACCD, el Ayuntamiento de Barcelona y otras administraciones locales. Estas cifras corresponden a las cuentas de cada fundación.

Acceso a la información y procedimiento judicial

En febrero de 2017, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó una reclamación del grupo municipal del Partido Popular para acceder a expedientes de subvenciones al DESC.

En marzo de 2025 quedó archivada definitivamente la causa penal sobre subvenciones concedidas durante la alcaldía de Colau al Observatorio y otras entidades, al no recurrir la acusación. El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona no apreció indicios de delito en la actuación de Colau. La resolución señaló que las entidades ya recibían subvenciones antes de su mandato, que ella había delegado su concesión y se había abstenido por sus vínculos previos, y que los convenios contaban con informes que justificaban la concesión directa.