Principio de precaución

El principio de precaución o principio precautorio (no confundir con el principio de prevención) es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente todavía con una prueba científica definitiva.

Orígenes y teoría

Se considera generalmente que el concepto de "principio de precaución" surgió en inglés a partir de una traducción del término alemán Vorsorgeprinzip en la década de 1970 en respuesta a la degradación forestal y la contaminación marina, donde los legisladores alemanes adoptaron una ley de aire limpio que prohibía el uso de ciertas sustancias sospechosas de causar daños ambientales, aunque la evidencia de su impacto no era concluyente en ese momento. El concepto se introdujo en la legislación ambiental junto con otros mecanismos innovadores (en ese momento) como "quien contamina paga", el principio de prevención de la contaminación y la responsabilidad por la supervivencia de los ecosistemas.

El principio de precaución fue promulgado en filosofía por Hans Jonas en su texto de 1979, El principio de responsabilidad, en el que Jonas argumentó que la tecnología había alterado el alcance del impacto de la acción humana y, como tal, la ética debe modificarse para que ahora se consideren los efectos a largo plazo de las acciones de uno. Su máxima está diseñada para incorporar el principio de precaución en su prescripción de que uno debe "Actuar de manera que los efectos de su acción sean compatibles con la permanencia de la vida humana genuina" o, dicho a la inversa, "No comprometer las condiciones para una continuación indefinida de la humanidad en la tierra". Para lograr esto, Jonas abogó por el cultivo de una actitud cautelosa hacia las acciones que pueden poner en peligro el futuro de la humanidad o la biosfera que la sustenta.

En 1988, Konrad von Moltke, (1941-2005), el fundador del Institute for European Environmental Policy en Bonn y fellow del Dartmouth College, describió el concepto alemán para una audiencia británica, que tradujo al inglés como el precautionary principle, el principio de precaución.: 31 

En economía, el principio de precaución ha sido analizado en términos del "efecto sobre la toma de decisiones racional", de la "interacción de la irreversibilidad" y la "incertidumbre". Autores como Larry G. Epstein (1980) y Kenneth J. Arrow y Anthony C. Fisher (1974) muestran que la “irreversibilidad de las posibles consecuencias futuras” crea un “efecto cuasi-opción” que debería inducir a una sociedad “neutral al riesgo” a favorecer tomar decisiones en un momento dado que permitan una mayor flexibilidad en el futuro. El economista belga Christian Gollier et al. concluyen que “una mayor incertidumbre científica en cuanto a la distribución de un riesgo futuro –es decir, una mayor variabilidad de creencias– debería inducir a la sociedad a adoptar medidas de prevención más fuertes hoy”.

Este principio de precaución también se ha derivado por parte de algunos a partir de creencias religiosas de que determinadas áreas de la ciencia y la tecnología deberían estar restringidas porque “pertenecen al reino de Dios”, como postularon el Príncipe Carlos de Inglaterra y el Papa Benedicto XVI.

Formulaciones

Existen muchas definiciones del principio de precaución: "precaución" puede definirse como "cautela por adelantado", "cautela practicada en un contexto de incertidumbre" o prudencia informada. Dos ideas se encuentran en el núcleo del principio:: 34 

Uno de los fundamentos principales del principio de precaución y de las definiciones aceptadas a nivel mundial es el resultado de la labor de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, o "Cumbre de la Tierra", de 1992. El Principio 15 de la Declaración de Río señala:

Para proteger el medio ambiente, los Estados aplicarán ampliamente el principio de precaución de acuerdo con sus capacidades. Cuando existan amenazas de daños graves o irreversibles, la falta de certeza científica absoluta no se utilizará como razón para posponer la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación ambiental. — Declaración de Río, 1992

En 1998, la Conferencia Wingspread sobre el Principio de Precaución fue convocada por la Red de Ciencia y Salud Ambiental y concluyó con la siguiente formulación, descrita por Stewart Brand como "la más clara y citada con más frecuencia":

Cuando una actividad plantea amenazas de daño a la salud humana o al medio ambiente, se deben adoptar medidas de precaución incluso si algunas relaciones de causa y efecto no están plenamente establecidas científicamente. En este contexto, la carga de la prueba la debería asumir quien propone una actividad, y no el público.

En febrero de 2000, la Comisión Europea señaló en su Comunicación de la Comisión sobre el principio de precaución que "el principio de precaución no está definido en los Tratados de la Unión Europea, que lo prescribe [el principio de precaución] sólo una vez: para proteger el medio ambiente. Pero en la práctica, su alcance es mucho más amplio, y específicamente cuando una evaluación científica objetiva preliminar indica que hay motivos razonables para preocuparse de que los efectos potencialmente peligrosos para el medio ambiente, la salud humana, animal o vegetal pueden ser incompatibles con el alto nivel de protección [que] se ha elegido para la Comunidad".: 10 

El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de enero de 2000 dice, en relación con las controversias sobre los organismos genéticamente modificados OGM: "La falta de certeza científica debido a la información científica pertinente insuficiente ... no impedirá que la Parte de importación, a fin de evitar o minimizar esos posibles efectos adversos, adopte una decisión, según corresponda, con respecto a la importación del organismo vivo modificado en cuestión.": 6 

El Papa Francisco hace referencia al principio y a la Declaración de Río en su carta encíclica de 2015, 'Laudato si', señalando que junto a su importancia ambiental, el principio de precaución "permite proteger a los más vulnerables y cuya capacidad para defender sus intereses y reunir pruebas incontrovertibles es limitada".

Aplicación

Los diversos intereses representados por los distintos grupos que proponen el principio dieron lugar a una gran variabilidad en su formulación: un estudio identificó 14 formulaciones diferentes del principio en tratados y declaraciones no convencionales. R.B. Stewart (2002) redujo el principio de precaución a cuatro versiones básicas:

La abogada medioambiental Carolyn Raffensperger, de la convención Wingspread, opuso el principio a los enfoques basados en la gestión de riesgos y el análisis de costes y beneficios. David Brower (Amigos de la Tierra) concluyó que "toda tecnología debería ser considerada culpable hasta que se demuestre su inocencia". Freeman Dyson describió la aplicación del principio de precaución como "deliberadamente unilateral", por ejemplo, cuando se utiliza como justificación para destruir plantaciones de investigación de ingeniería genética y amenazar a los investigadores a pesar de la evidencia científica que demuestra la ausencia de daño:

El principio de precaución dice que si algún curso de acción conlleva incluso una remota posibilidad de daño irreparable a la ecología, entonces no se debe realizar, sin importar cuán grandes puedan ser las posibles ventajas de la acción. No se permite sopesar los costos con los beneficios al decidir qué hacer. — Freeman Dyson, Informe del Foro Económico Mundial de 2001

Como señalan Rupert y O'Riordan, el desafío en la aplicación del principio es "dejar en claro que la ausencia de certeza o la falta de análisis basados en evidencias no son impedimentos para la innovación, siempre que no haya una probabilidad razonable de daño grave". La falta de esta aplicación matizada hace que el principio se "autoanule" según Stewart Brand, porque "nada está completamente establecido" en la ciencia, empezando por el principio de precaución en sí mismo e incluyendo "la gravedad o la evolución darwiniana". Una aplicación equilibrada debería garantizar que "las medidas de precaución" sólo se tomen "durante las primeras etapas" y que, a medida que "se establezcan evidencias científicas relevantes", las medidas regulatorias sólo respondan a esas evidencias.

El principio de precaución según la resolución del Consejo Europeo de Niza en el año 2000

Mediante resolución tomada por el Consejo Europeo en diciembre del 2000 en Niza, los Estados miembros de la Unión Europea precisaron el principio de precaución. Cuando una evaluación pluridisciplinaria, contradictoria, independiente y transparente, realizada sobre la base de datos disponibles, no permite concluir con certeza sobre un cierto nivel de riesgo, entonces las medidas de gestión del riesgo deben ser tomadas sobre la base de una apreciación política que determine el nivel de protección buscado. Dichas medidas deben, cuando es posible la elección, representar las soluciones menos restrictivas para los intercambios comerciales, respetar el principio de proporcionalidad teniendo en cuenta riesgos a corto y a largo plazo, y por último ser reexaminadas frecuentemente de acuerdo con la evolución de los conocimientos científicos. Por último, el Consejo europeo acentuó la importancia de la consulta e información a la sociedad civil.

Principio de precaución y principio de prevención

El principio de precaución en materia ambiental se distingue del principio de prevención porque el primero supone tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental grave aun cuando se ignore la probabilidad precisa de que este ocurra, mientras que el principio de prevención obliga a tomar medidas cuando se conoce el daño ambiental que puede producirse. El principio de precaución ha sido cuestionado como principio ético en gran medida porque no es considerado un principio sino un conjunto de principios. El principio de "precaución" o también llamado "de cautela" supone la adopción de medidas de protección antes de que se produzca realmente el deterioro del medio ambiente, operando ante la amenaza a la salud o al medio ambiente y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos.

La prevención y la precaución representan dos enfoques diferentes en la gestión de riesgos:

Extensión desde la protección del medio ambiente a la salud pública y la alimentación

Crisis como el escándalo de los productos para hemofílicos en varios países entre 1970 y 1985 o la enfermedad de las vacas locas han modificado significativamente el alcance del principio de precaución.

La sentencia de 1998 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso de la enfermedad de las vacas locas ilustra esta evolución. El Tribunal rechazó la impugnación del gobierno británico al embargo impuesto en marzo de 1996 en la Unión Europea, afirmando que «debe aceptarse que, cuando persistan incertidumbres sobre la existencia o el alcance de los riesgos para la salud humana, las instituciones pueden adoptar medidas de protección sin tener que esperar a que se demuestre plenamente la realidad y la gravedad de dichos riesgos».

Además, el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (En inglés Acuerdo SPS, Sanitary and Phytosanitary Agreement), acordado en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), autoriza a un Estado miembro a adoptar medidas cautelares aunque considere que no existen suficientes pruebas científicas para tomar una decisión definitiva sobre la seguridad de un producto o de un proceso. En contrapartida, según el Artículo 5 de este acuerdo, el Estado debe realizar investigación científica para resolver la incertidumbre que justifica sus precauciones en un plazo razonable:

“Cuando los testimonios científicos pertinentes sean insuficientes, un Miembro podrá adoptar provisionalmente medidas sanitarias o fitosanitarias basándose en la información pertinente disponible, incluida la información procedente de organizaciones internacionales competentes y la información resultante de las medidas sanitarias o fitosanitarias aplicadas por otros Miembros. En tales circunstancias, los Miembros procurarán obtener la información adicional necesaria para realizar una evaluación de riesgos más objetiva y, en consecuencia, considerarán la medida sanitaria o fitosanitaria en un plazo razonable.

Extensión al ámbito del riesgo económico

En el contexto de la liberalización global de finales del siglo XX y principios del XXI, el principio de precaución no se incluyó en el Tratado de Marrakech (1994), que estableció la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sin embargo, los acuerdos comerciales internacionales vigentes y el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC se basan en normas internacionales que buscan garantizar que la economía no supere un umbral de riesgo aceptable, como los únicos efectos comprobados sobre la salud humana y, en menor medida, sobre el medio ambiente.

Un Estado que desee implementar regulaciones nacionales más estrictas que las normas internacionales o proponer un enfoque alternativo de gestión de riesgos debe justificar su postura ante la OMC basándose en la evidencia científica disponible (pero sin introducir el principio de precaución ni otras consideraciones económicas, sociales o culturales). La proporcionalidad y la subsidiariedad de las medidas son objeto de una importante controversia en el ámbito de los OMG, los biocombustibles y, en menor medida, la energía nuclear, cuyos riesgos, en caso de problema, trascenderían las fronteras nacionales.

En economía, el principio de precaución suele interpretarse como una resistencia al cambio y una gran aversión a la incertidumbre. La pregunta sigue siendo: ¿quién asume los riesgos y quién asume las consecuencias?, como lo demuestran las controversias en torno a las responsabilidades de los comerciantes en la crisis de 2008.

Ejemplos de aplicaciones y rechazos del Principio de Precaución

El agujero en la capa de ozono

Antes de la década de 1980, el principio de precaución era un concepto filosófico poco conocido. Sin embargo, su aplicación se observó en la gestión de las emisiones de clorofluorocarbonos (CFC).

A partir de la década de 1970, los investigadores estudiaron la relación entre las emisiones de CFC y el debilitamiento de la capa de ozono. Los modelos desarrollados presentaban una considerable incertidumbre, lo que dificultaba las evaluaciones a largo plazo. Las consecuencias para la vida en la Tierra eran poco conocidas.

En 1977, una enmienda a la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) de Estados Unidos prohibió la venta de CFC y ordenó el cese de su producción. Especificó que «no se requería evidencia empírica de la destrucción del ozono para impulsar medidas regulatorias».

En 1981, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) inició el proceso de negociación, a pesar de la falta de consenso sobre la gravedad del problema y sus posibles soluciones. Los principales productores de CFC se comprometieron con la Convención de Viena (1985) y posteriormente con el Protocolo de Montreal (1987), cuyo objetivo era profundizar la investigación científica y reducir y, finalmente, eliminar las sustancias que agotan la capa de ozono.

Por lo tanto, estas convenciones se firmaron antes de que se estableciera definitivamente la relación entre el agotamiento de la capa de ozono y los CFC. Posteriormente, en 2018, se aportaron pruebas directas del impacto de las actividades humanas en el agujero de ozono.

Rechazos del principio de precaución

Se han presentado varias demandas contra el CERN cuestionando la seguridad de las colisiones de partículas en el Gran colisionador de hadrones. Motivadas por la hipótesis de que la formación de un agujero negro representaba una amenaza para la humanidad, estas demandas fueron desestimadas por ser altamente especulativas e inverosímiles.

Falsos positivos y falsos negativos

Un falso positivo se refiere a una situación en la que el principio de precaución condujo a la adopción de medidas en áreas donde estudios posteriores concluyeron que no existía ningún riesgo que prevenir. Por el contrario, un falso negativo se refiere a una situación en la que se emitieron alertas tempranas sobre un riesgo que posteriormente se confirmó, pero no se tomaron medidas de precaución. Dado que el principio de precaución opera en un contexto de incertidumbre científica, los falsos positivos y los falsos negativos constituyen un riesgo directamente asociado a su aplicación.

Los falsos positivos generalmente tienen consecuencias a más corto plazo que los falsos negativos y afectan a un número menor de partes interesadas. Son principalmente de naturaleza económica y resultan de la regulación excesiva de riesgos menores o inexistentes. Quienes critican el principio de precaución también citan la pérdida de beneficios humanos y ambientales derivados de las actividades en cuestión.

Los falsos negativos tienen consecuencias significativas, tanto económicas como sociales. Se pueden explicar varias cosas:

  • Estrategias defensivas de las industrias, que reclutan científicos para negar riesgos o sembrar dudas, incluso dentro de la comunidad científica. ·
  • Una preocupación por la coherencia con la práctica científica y legal, que a menudo busca minimizar los falsos positivos.·
  • Subestimación de los riesgos: es difícil identificar todos los riesgos, y los riesgos no identificados generalmente se consideran insignificantes·;
  • Una estrategia defensiva de las instituciones, con el objetivo de no alarmar a la opinión pública ni verse cuestionadas por intereses económicos.·

La Agencia Europea de Medio Ambiente compiló una lista de 88 supuestos falsos positivos y concluyó que, de estos, solo cuatro situaciones eran realmente falsos positivos. Concluyó que «el temor a los falsos positivos no debería ser motivo para evitar las medidas de precaución, cuando corresponda». Según ella, «los falsos positivos son escasos en comparación con los falsos negativos, y unas medidas de precaución cuidadosamente diseñadas pueden estimular la innovación científica, regulatoria y tecnológica, incluso si el riesgo no es real ni tan grave como se temía inicialmente».

Crítica al principio de precaución

Con los problemas derivados de la aplicación tardía del principio de precaución en casos dónde su aplicación debía darse con celeridad, se ha empezado a desmarcar una corriente teórica que plantea un problema de legitimidad institucional en su aplicación. Esta corriente, de 2015, es impulsada por Cass Sunstein La afirmación central de Sunstein es que la forma fuerte del principio de precaución —en términos generales, «actuar para prevenir daños potenciales incluso cuando la evidencia es inconclusiva»— presenta fallas lógicas, ya que existen riesgos en todos los aspectos de cualquier decisión. Adoptar medidas de precaución (por ejemplo, prohibir una sustancia química, restringir una tecnología) genera en sí mismo nuevos riesgos (por ejemplo, pérdida de beneficios [por ejemplo para los responsables de la puesta en el mercado de la sustancia prohibida], sustitución por alternativas que sean riesgosas), por lo que el principio prohíbe tanto la acción como la inacción, lo que conduce a la parálisis. Por ello, Sunstein argumenta que el principio de precaución no puede servir como regla general de decisión; solo parece orientar cuando las personas se centran en un riesgo importante e ignoran otros, a menudo debido a sesgos cognitivos y dinámicas sociales.

Para demostrar la concurrencia de varios elementos de análisis que dan cuenta de esta situación, esta corriente crítica se vale del análisis de factores cognitivos en la percepción de los administrados, lo cual le permite a las instituciones del Estado decidir si se aplica o no, a partir de la percepción del riesgo que se tenga y no de una necesidad ajustada a la realidad.

En la historia esta tendencia nos remonta al caso de Pierre-Simon Laplace quien fue Ministro de Interior de Napoleón Bonaparte. Este terminaría destituyéndolo por el uso discrecional del poder en la toma de decisiones basándose en criterios científicos sin el debido rigor, pero valiéndose del factor de riesgo e incertidumbre.

Desde los postulados de Sunstein sobre la heurística de disponibilidad y el descuido de la probabilidad como factores que le restan legitimidad al principio, Iván Vargas-Chaves, otro de sus teóricos críticos, argumenta que sin medir el potencial de afectación de los factores generadores del riesgo, el principio se aplica o se descarta, sea por desconocimiento o para favorecer los intereses del encargado de tomar la decisión. Ello, aun cuando el nexo de causalidad esté debajo del umbral de incertidumbre científico requerido para su aplicación, esto es, que no se tenga certeza mínima de la probabilidad de ocurrencia de los daños.

De manera más reciente, se cuestionó también la aplicación del principio de precaución en la pandemia de gripe A (H1N1) de 2009-2010, un brote de gripe fue descrito como una amenaza mundial que llevó al pánico a la población y a muchos profesionales sanitarios. Para autores como Juan Gervas, el principio de precaución terminó justificado el despilfarro de recursos públicos, con olvido de las cuestiones referentes a coste-oportunidad, pues al final, y con el paso del tiempo, en 2010, los hechos terminarían confirmando que en realidad se trató de una epidemia de gripe leve, con poca mortalidad y poca morbilidad.[cita requerida]. Esta pandemia tuvo una mortalidad baja, una amplia distribución (11-21 % de la población mundial infectada), dejando tras de sí entre 150 000 y 575 000 muertos.

Véase también