Siglo XIX
En el siglo XIX, la expansión del ciclo gomero ejerció una influencia decisiva en el proceso de colonización del trópico del departamento de Cochabamba. La fiebre del caucho impulsó un notable flujo de trabajadores hacia la región. Este fenómeno contribuyó al poblamiento inicial y a la integración económica de la provincia del Chapare, favoreciendo el desarrollo de asentamientos vinculados a la explotación de recursos naturales.
A partir de 1884, el Estado boliviano impulsó una política de colonización dirigida en el Chapare, encomendada inicialmente a militares, quienes lograron resultados favorables en las primeras expediciones. En 1895, la iniciativa fue retomada mediante la creación de la Comisión Exploradora del Chapare, cuyo propósito era establecer una colonia militar en la región. La comisión identificó zonas con condiciones adecuadas para la agricultura y un sitio estratégico para la instalación de un puerto sobre el río Chapare, lo que marcó el inicio de los primeros proyectos estatales de ocupación y desarrollo en la zona tropical del departamento.
Siglo XX
En el siglo XX vino a ser ampliamente conocida porque en su territorio se cultiva la hoja de coca, hoja utilizada por campesinos bolivianos de forma cotidiana por sus beneficios naturales y también en ritos comunitarios de convivencia.
Hacia 1900, los Yungas del Chapare, como entonces se conocía a la región, concentraban la mayor población asentada del trópico del departamento de Cochabamba, con 1.855 habitantes distribuidos principalmente en Tablas Monte, Icuna y Mendoza. Debido a su proximidad con la ciudad de Cochabamba y al interés de la élite terrateniente y comercial de esta urbe, el Chapare recibió un importante apoyo económico estatal y privado, consolidándose como la principal ruta comercial hacia las plantaciones de goma.
El crecimiento de la zona motivó a comienzos del siglo XX la demanda de construcción del camino de herradura Cochabamba–Chimoré, cuyo trazado fue definido entre 1902 y 1905 por empresas internacionales y técnicos locales. La obra, financiada principalmente mediante el impuesto a la coca, contó con respaldo de la oligarquía cochabambina y fortaleció la colonización, el comercio y la conexión con el departamento del Beni.
Durante este periodo también se fundó, en 1904, la misión franciscana de San Antonio de Padua de Chimoré, destinada a la población indígena yuracaré, lo que facilitó la expansión de colonizadores y comerciantes hacia la zona. Posteriormente, en 1913, el Estado aprobó un nuevo financiamiento para continuar la carretera Cochabamba–Chimoré, encomendada al Regimiento de Zapadores del Ejército y a contratistas privados, aunque los trabajos se interrumpieron por falta de fondos. Aun así, el inicio de las obras atrajo a nuevos colonos, quienes fundaron poblaciones como Antaguakana y Todos Santos.
En 1920, el gobierno asignó al Regimiento Séptimo de Infantería, compuesto por unos 700 soldados bajo el mando del coronel Federico Román, la tarea de impulsar la colonización y ampliar la red de caminos carreteros y de herradura en el Chapare, con un presupuesto estatal de dos millones de bolivianos, consolidando así la integración territorial y económica de la región.
Posteriormente, durante la crisis minera de comienzos de la década de 1980, el colapso del precio internacional del estaño llevó al Estado boliviano a implementar profundas reformas económicas. Como consecuencia del Decreto Supremo 21060, promulgado en 1985, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) redujo su personal en cerca del 80 %, lo que significó el despido escalonado de alrededor de 30 000 trabajadores. Aunque el proceso fue oficialmente denominado “relocalización”, en la práctica implicó la pérdida definitiva de empleos para la mayoría de los mineros. Muchos de ellos migraron hacia diversas regiones del país, siendo la provincia del Chapare uno de los principales destinos.
Sucesivos gobiernos bolivianos, como el de Jaime Paz Zamora (1989-1993), Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) y Hugo Banzer Suárez (1997-2001) emprendieron la reducción de la hoja de coca utilizada para la producción de cocaína. Estas políticas respondían a la catalogación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes realizada por las Naciones Unidas que declara a la hoja de coca como un estupefaciente.
Para ello, el gobierno contaba con el apoyo de la DEA, de Estados Unidos, así como también con UMOPAR, unidad especial destinada a controlar las zonas rurales. Pero con el correr de los años, se hizo sumamente difícil determinar hasta qué punto la producción se destinaba a usos tradicionales, y a partir de qué punto se destinaba a fabricar cocaína. Los habitantes de Chapare se resistían a dejar de cultivar la coca, debido a que era su único sustento. Se produjeron violentos enfrentamientos entre productores cocaleros y efectivos de UMOPAR, con gran número de muertos, y la región vivió sumida en una fuerte tensión durante gran parte de los años ochenta, noventa y principios del siglo XXI.
Siglo XXI
En 2006 llegó al gobierno Evo Morales, caudillo y sindicalista de los cocaleros. Su lema "sí a la coca, no a la cocaína" resumía su rechazo a las limitaciones al cultivo de la hoja. Se eliminaron las restricciones a los cultivos, mientras que el UMOPAR recibió nuevas directivas sobre sus funciones en la región. La política del nuevo presidente tensa las relaciones entre Bolivia y los Estados Unidos: el 1 de noviembre de 2008 Morales expulsó a la DEA de la región del Chapare. Como resultado, aumentó considerablemente la superficie cultivada de coca, y consecuentemente, aumentan los temores de que la mayor parte de esa producción se destine a producir cocaína.
En 2010 se anunció la construcción de una carretera que uniría la localidad de Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en el departamento del Beni, la cual pasaría directamente por el área protegida denominada TIPNIS. El proyecto de carretera causó la movilización de organizaciones defensoras del medio ambiente y de pobladores indígenas del parque nacional, para evitar el impacto negativo de la carretera sobre equilibrio ecológico de la zona.
Los sub central de pueblos indígenas del parque nacional expresó su posición a través de un pronunciamiento, donde además se rechazó el ingreso de cocaleros del Chapare, que agravarían la deforestación de la reserva. Debido a las fuertes protestas, la construcción de la carretera fue frenada por el gobierno nacional en 2011.
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