Caso Progen
El denominado caso Progen está relacionado con dos contratos emergentes suscritos por Celec con Progen Industries para instalar centrales de generación termoeléctrica en Quevedo y El Salitral. Los contratos sumaban 149,1 millones de dólares y contemplaban una capacidad conjunta de 150 megavatios.
La Fiscalía sostiene que la empresa fue favorecida pese a que su propuesta presentaba incumplimientos técnicos, económicos y jurídicos. El Estado pagó el 70 % del valor contractual, equivalente a 104,37 millones de dólares, pero las plantas no comenzaron a operar dentro del plazo previsto.
Control ministerial de las contrataciones
El 23 de abril de 2024, durante su encargo en el Ministerio de Energía, Luque emitió la circular MEM-MEM-2024-0003-CIR. El documento ordenaba que las empresas eléctricas comunicaran y coordinaran sus contrataciones de emergencia con la Coordinación General Jurídica del Ministerio, entonces dirigida por José Manuel de Oliveira.
Investigaciones de Plan V y Expreso señalaron que la disposición convirtió a la coordinación jurídica en un filtro para revisar la relación de las contrataciones con la emergencia energética. Luque explicó posteriormente que la medida buscaba impedir que las empresas utilizaran la emergencia para adquirir vehículos, equipos administrativos o servicios que no ayudaran a incorporar generación eléctrica.
La defensa de Luque ha sostenido que la circular no otorgaba al Ministerio la facultad de aprobar contratos concretos y que Celec conservaba autonomía administrativa y contractual.
Visita a instalaciones vinculadas con Progen
El 26 de abril de 2024, pocos días después de la declaratoria de emergencia, representantes vinculados con Progen enviaron al Ministerio una propuesta para suministrar una solución de generación por 150 megavatios.
Entre el 16 y el 19 de mayo, Luque viajó a Estados Unidos y República Dominicana acompañado por Fabián Calero, entonces gerente subrogante de Celec, y Peter Dreher, asesor del ministro. En Florida visitaron instalaciones presentadas como relacionadas con Progen y sus capacidades para ofrecer generación eléctrica.
En un video difundido durante el viaje, Luque manifestó que la delegación buscaba contrastar las propuestas recibidas, comprobar sus características técnicas y reducir el riesgo de intermediarios o incumplimientos contractuales.
El informe de viáticos elaborado por Dreher después del viaje afirmó que se había verificado el estado de unidades generadoras y confirmado su operatividad y condición. También recomendó acelerar los procesos de contratación antes del siguiente periodo de estiaje.
Sin embargo, al declarar posteriormente ante la Fiscalía, Dreher señaló que durante la visita Progen no presentó documentos que demostraran que era fabricante de los generadores. También dijo que no se discutió si los equipos ofrecidos eran nuevos y que no recordaba documentación que acreditara la experiencia presentada por la empresa.
Dreher reconoció además que Celec le remitía información sobre los términos de referencia de los proyectos y que él realizaba una revisión general para mantener informado a Luque, a quien identificó como la máxima autoridad a la que reportaba.
Documentación preliminar
El 28 de mayo de 2024, Dreher remitió al subsecretario de Generación y Transmisión fichas técnicas y términos de referencia preliminares relacionados con las centrales de Quevedo y Salitral. La documentación había sido enviada previamente por el gerente de Celec y el correo incluyó como destinatarios en copia a Luque y a De Oliveira.
Los procesos de contratación comenzaron formalmente durante julio. Celec adjudicó los contratos a Progen los días 12 y 15 de julio de 2024 y los firmó el 2 de agosto, después de que Luque hubiera dejado el Ministerio de Energía.
Los contratos fueron firmados por el gerente de la unidad de negocio Termopichincha, en virtud de una delegación de Celec. Luque no participó como firmante, aunque parte de la preparación, el estudio de mercado y las visitas a proveedores ocurrieron durante su gestión.
Incumplimientos y proceso penal
Las centrales debían comenzar a operar en noviembre de 2024, pero los plazos no se cumplieron. Las auditorías y procesos judiciales posteriores determinaron que varios de los motores no eran nuevos, presentaban incompatibilidades técnicas o habían sido modificados para aparentar una condición distinta.
En mayo de 2026, la Fiscalía formuló cargos contra veintiún funcionarios, exfuncionarios y particulares por presunto peculado. Entre los procesados se encontraban el exministro Antonio Goncalves, directivos de Celec y representantes de Progen. Luque no fue incluido en la formulación de cargos.
Plan V y otros medios cuestionaron que la investigación inicial no incluyera a Luque ni a sus antiguos asesores, pese a la circular ministerial, el viaje, los correos y las reuniones documentadas durante la etapa preparatoria.
La Fiscalía incorporó posteriormente nuevas diligencias relacionadas con Peter Dreher y José Manuel de Oliveira. Ambos habían trabajado directamente con Luque durante su paso por el Ministerio de Energía.
Luque rindió versiones ante la Fiscalía y en julio de 2026 acudió nuevamente para ampliar su declaración. Sostuvo que las investigaciones de sus movimientos bancarios, patrimonio, comunicaciones y registros migratorios no encontraron beneficios económicos irregulares.
También afirmó que Progen había estafado al Estado y que correspondía a la Fiscalía determinar qué funcionarios pudieron colaborar con la empresa. Reconoció responsabilidad política por las decisiones adoptadas durante los 78 días en que dirigió el Ministerio, pero negó responsabilidad administrativa o penal en los contratos.
El 22 de julio de 2026, la Comisión Nacional Anticorrupción solicitó a la Fiscalía que evaluara la posible incorporación de Luque y de la exministra Inés Manzano a las investigaciones. La solicitud no constituía una formulación de cargos y su aceptación correspondía al Ministerio Público.
Proyecto Echo Olón
En 2024, Luque fue mencionado en la controversia alrededor del proyecto inmobiliario Echo Olón, promovido por Vinazin S. A., empresa cuya principal accionista era la primera dama Lavinia Valbonesi.
GeoSísmica, empresa fundada por Luque y de la que seguía siendo accionista, elaboró en septiembre de 2023 el estudio de factibilidad del proyecto. El trabajo se realizó antes de la elección de Noboa y antes del ingreso de Luque al Gobierno.
El proyecto generó protestas de comuneros y organizaciones ambientales por la intervención del esterillo Oloncito y por los permisos concedidos para la obra. La proximidad entre los accionistas del proyecto y varios integrantes del Gobierno provocó acusaciones de posibles conflictos de intereses e influencia política.
Luque respondió que su intervención había sido exclusivamente profesional y anterior a su nombramiento como ministro. También afirmó que dejó de participar en los proyectos de GeoSísmica después de incorporarse al Gobierno.
La Asamblea Nacional aprobó en agosto de 2024 una resolución que recomendaba impulsar procesos de juicio político contra varios ministros por el manejo del caso. Luque fue mencionado por su relación previa con el estudio de factibilidad, aunque no se estableció que hubiera concedido los permisos ambientales ni intervenido en ellos desde su cargo ministerial.
Vinazin anunció posteriormente la suspensión del proyecto inmobiliario.
.jpg){kind=spacer}
