La presidencia de Chaves estuvo marcada por una política de austeridad fiscal y por iniciativas orientadas a flexibilizar regulaciones y procedimientos estatales. El cuatrienio coincidió con un crecimiento relativamente alto de la economía y un descenso en los indicadores de pobreza y desempleo, aunque también con un retroceso en la participación laboral y un aumento pronunciado de los homicidios en comparación con el período anterior.
Su discurso político enfatizó la lucha contra la estructuras partidarias y estatales tradicionales. Mantuvo enfrentamientos públicos con la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, sectores del Poder Judicial, organizaciones sindicales y algunos medios de comunicación. Al mismo tiempo conservó una elevada valoración personal en sondeos de distintas instituciones y empresas encuestadoras. Su trayectoria también ha incluido sanciones administrativas por conducta sexual inapropiada durante su etapa en el Banco Mundial e investigaciones electorales y penales relacionadas con su actividad política.
Biografía
Orígenes familiares e infancia
Chaves nació en el distrito de El Carmen, en el cantón central de San José. Sus padres fueron Rodrigo Tiburcio de las Piedades Chaves Arguedas y Alicia de los Ángeles Robles Jiménez, y creció en una familia numerosa de ocho hijos. Según las semblanzas biográficas publicadas durante las elecciones de 2022, su madre trabajaba como maestra. Su padre mantuvo vínculos con el Partido Liberación Nacional y fue chofer y guardaespaldas del expresidente José Figueres Ferrer, progenitor de José María Figueres Olsen, con quien Chaves se enfrentaría en la segunda vuelta electoral de 2022.
Una investigación de genealogía elaborada por Mauricio Meléndez Obando y divulgada en 2022 reconstruyó ramas paternas y maternas de la familia Chaves Robles y localizó ascendientes costarricenses de varias generaciones, algunos de ellos documentados en la época colonial.
Estudios y primeros empleos
Al terminar la enseñanza secundaria en Costa Rica, inició estudios en la Universidad de Costa Rica, pero los interrumpió y se trasladó a Estados Unidos. Durante sus primeros años en ese país realizó trabajos temporales, aprendió inglés y se vinculó progresivamente al sector financiero y de la cooperación para el desarrollo. Según el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB), trabajó en banca privada y como consultor para organismos internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Mundial.
En 1988 comenzó estudios universitarios de Economía en la Universidad Estatal de Ohio, donde obtuvo el grado de doctor en 1993. Su formación se orientó hacia la economía aplicada, las finanzas públicas y los problemas del desarrollo. En 1992, antes de concluir el doctorado, recibió una beca del Instituto de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard para realizar durante cuatro meses trabajo de campo en Indonesia sobre pobreza rural y microempresas. Esa investigación precedió a su incorporación estable al Banco Mundial.
Ministro de Hacienda
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, anunció a Chaves como ministro de Hacienda el 30 de octubre de 2019, tras la renuncia de su antecesora, Rocío Aguilar Montoya, luego de que la Contraloría General de la República recomendara sancionarla con un mes de suspensión por la realización de pagos de deuda estatal sin autorización presupuestaria previa de la Asamblea Legislativa. Chaves asumió el cargo el 26 de noviembre de 2019 y señaló como prioridades el cumplimiento de la regla fiscal, el fortalecimiento de la recaudación de impuestos existentes, el combate a la evasión fiscal y la contención del gasto público.
En enero de 2020, la Dirección General de Hacienda planteó la posibilidad de aplicar un cobro diferenciado del impuesto al valor agregado (IVA) al transporte de combustibles, lo que implicaba modificar el esquema de precio único vigente. Tras negociaciones entre el Poder Ejecutivo y la Cámara de Empresarios de Combustibles, la propuesta fue descartada.
En febrero de 2020, Chaves presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para destinar los superávits de instituciones públicas al pago de la deuda estatal. Posteriormente, representantes de algunas de las entidades señaladas indicaron que los montos propuestos diferían de los que consideraban disponibles o que el planteamiento no había sido discutido previamente en esos términos.
Durante ese mismo mes se produjeron cambios en la estructura jerárquica del Ministerio de Hacienda, que incluyeron la salida de varios funcionarios de alto nivel, entre ellos el viceministro de Ingresos y los directores generales de Tributación, Aduanas y la Policía Fiscal.
El 26 de marzo de 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de enfermedad por coronavirus, Chaves anunció una propuesta para establecer un impuesto solidario temporal a salarios públicos y privados superiores a 500000 colones, con el objetivo de financiar medidas de apoyo a personas afectadas por suspensiones laborales, reducciones de jornada o pérdida de empleo. Horas después, el presidente de la República descartó la iniciativa tras recibir críticas desde distintos sectores.
En abril de 2020, el directivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mario Devandas, afirmó públicamente que el ministro había realizado comentarios críticos sobre la situación financiera de la institución durante una reunión oficial. Chaves negó posteriormente esa interpretación y sostuvo que su posición se centraba en la necesidad de distribuir los recursos públicos de manera equilibrada entre distintas instituciones y sectores.
El 19 de mayo de 2020, Chaves solicitó al presidente que vetara la ley aprobada por la Asamblea Legislativa que excluía a las municipalidades de la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley 9635. El presidente rechazó la solicitud y, días después, Chaves presentó su renuncia al cargo, la cual se hizo efectiva el 28 de mayo de 2020, tras alegarse la existencia de diferencias irreconciliables entre ambas partes.
El 8 de mayo del año 2026, Chaves fue juramentado de nuevo como ministro de hacienda para el gobierno de Laura Fernández Delgado.
Candidatura presidencial
Chaves en noviembre de 2021.
En julio de 2021, Chaves anunció su candidatura para la Presidencia de la República de Costa Rica
bajo la bandera del Partido Progreso Social Democrático, una agrupación fundada en 2018. Su candidatura fue criticada por las acusaciones de acoso sexual durante su paso como funcionario en el Banco Mundial, y por el uso de la imagen de la candidata a diputación por primer lugar en San José, la periodista costarricense Pilar Cisneros, en rótulos en todas las provincias, promocionándola como diputada a pesar de que solamente los habitantes de la provincia de San José podían votar por ella.
La noche del 6 de febrero se anunció que Chaves enfrentaría al expresidente José María Figueres del Partido Liberación Nacional en una segunda ronda electoral que fue celebrada el 3 de abril.
Según los resultados preliminares de dicha noche, Chaves tomó ventaja sobre José María Figueres por un porcentaje aproximado de 52,8% sobre 47,2%, siendo además la tercera vez en la historia del país en la que un candidato obtiene más de un millón de votos en segunda ronda.
De esta manera, Chaves sería el 49.º presidente de la República de Costa Rica a partir del 8 de mayo de 2022, quedando pendiente únicamente el escrutinio final efectuado por los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones.
Presidencia de la República
Chaves,durante su discurso de posesión.Nayib Bukele y Rodrigo Chaves Robles
El 8 de mayo de 2022, el presidente saliente Carlos Alvarado Quesada dio la banda presidencial a Rodrigo Chaves, dando inicio a la Presidencia del mismo. El mismo día, a las afueras del edificio de la Asamblea Legislativa, lugar de la inauguración, un grupo de manifestantes del partido costarricense Frente Amplio y manifestantes de otros partidos costarricenses de izquierda como el Partido de los Trabajadores protestaron en contra de la toma de posesión. Luego de los pequeños incidentes, los invitados y el presidente se trasladaron a un almuerzo post-inauguración; en la tarde, el presidente sostuvo reuniones con diferentes líderes globales que asistieron a la inauguración.
Popularidad
La opinión pública sobre la administración de Rodrigo Chaves Robles fue medida periódicamente por firmas de encuestas como CID Gallup. Los sondeos realizados durante su presidencia mostraron consistentemente niveles mayoritarios de aprobación, ubicándolo entre los líderes políticos mejor valorados en Costa Rica en décadas recientes.
Según encuestas de CID Gallup, Chaves registró niveles de aprobación cercanos al 64% a inicios de 2024, mientras que mediciones posteriores en 2025 reportaron aproximadamente un 65% de los encuestados calificando su gestión como buena o muy buena. Sondeos posteriores indicaron un aumento hasta un 71% de aprobación a inicios de 2025, lo que reflejó un incremento en la percepción positiva.
Para 2026, CID Gallup reportó que aproximadamente el 75% de la población aprobaba su gestión, indicando un apoyo sostenido y relativamente alto hacia el final de su mandato.
Comparaciones regionales de CID Gallup también ubicaron a Chaves entre los presidentes mejor evaluados en América Latina durante ciertos periodos de su presidencia. Analistas han atribuido estos niveles de aprobación a factores como su estilo de liderazgo, la gestión económica y su posicionamiento público en temas institucionales y de gobernanza.
Evolución de la valoración positiva de la gestión del presidente Rodrigo Chaves, según las encuestas del CIEP-UCR entre agosto de 2022 y mayo de 2026. View datos de origen.
Logros
Durante su presidencia, la administración de Rodrigo Chaves enfatizó la estabilización económica, la disciplina fiscal y la recuperación del mercado laboral.
Uno de los desarrollos más notorios fue la reducción del desempleo tras la pandemia de COVID-19. De acuerdo con datos oficiales del INEC, la tasa de desempleo en Costa Rica disminuyó de aproximadamente 11–12% en 2022 a cerca de 6,9% a finales de 2024. Mediciones posteriores en 2025 registraron tasas cercanas al 5,7%, marcando uno de los niveles más bajos en años recientes. Fuentes gubernamentales han atribuido en parte esta tendencia a iniciativas de empleo como el programa “Brete”, orientado a ampliar la colocación laboral, la capacitación y la participación en la fuerza de trabajo.
En el ámbito fiscal, la administración priorizó la estabilización de la deuda y la reducción del déficit. Tras alcanzar niveles elevados durante la pandemia, la deuda pública de Costa Rica mostró señales de mejora gradual. Datos de organismos internacionales indican que la deuda pública disminuyó de un pico cercano al 79% del PIB en 2022 a menos del 60% del PIB entre 2025 y 2026, reflejando esfuerzos sostenidos de consolidación fiscal. Informes oficiales también señalaron que la deuda del Gobierno Central se ubicó en torno al 59% del PIB en 2026, junto con superávits primarios continuos, lo que indica una mejora en la sostenibilidad fiscal.
Estas tendencias han estado acompañadas por una relativa estabilidad macroeconómica, incluyendo crecimiento económico sostenido y reducciones en el costo del servicio de la deuda pública, lo cual contribuyó a mejorar la confianza de inversionistas y las perspectivas fiscales.
Discurso anticorrupción y conflictos con el establecimiento político
Durante su presidencia, Chaves adoptó un estilo político confrontativo, utilizando frecuentemente comunicaciones públicas para denunciar presuntos casos de corrupción, conflictos de interés y prácticas irregulares dentro de las élites políticas, judiciales y económicas de Costa Rica. Esta estrategia colocó numerosas controversias en el centro del debate público, contribuyendo a un mayor escrutinio de instituciones tradicionalmente consideradas independientes.
Uno de los aspectos más controversiales involucró referencias públicas a presuntas irregularidades dentro del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El discurso gubernamental señaló acusaciones según las cuales altos funcionarios habrían divulgado información sensible relacionada con operativos policiales, como allanamientos, a terceros. Estas afirmaciones, difundidas en el ámbito político y mediático, generaron preocupación sobre la integridad operativa de las investigaciones, aunque la determinación de responsabilidades corresponde a procesos judiciales formales.
Chaves y sus aliados también señalaron controversias dentro del Ministerio Público, particularmente en relación con el fiscal general Carlo Díaz Sánchez. Entre los señalamientos se incluyeron presuntos conflictos de interés, nepotismo y favoritismo, incluyendo acusaciones de que personas con relaciones personales con altos funcionarios habrían sido beneficiadas con ascensos o nombramientos dentro del sistema judicial. Estos temas dieron lugar a debate público y a denuncias ante órganos de control, impulsando discusiones sobre transparencia y meritocracia.
La administración también amplificó disputas relacionadas con la propiedad de tierras y el desarrollo territorial. En particular, se hicieron referencias a presuntas adquisiciones irregulares de terrenos en zonas costeras como El Jobo en Guanacaste, involucrando a figuras políticamente influyentes, entre ellas miembros de la familia Arias Sánchez. Estas afirmaciones sugerían que tierras originalmente destinadas a agricultores habrían sido concentradas en manos privadas bajo circunstancias cuestionadas, lo que reactivó el debate sobre regulación, concesiones y equidad en el acceso a la tierra.
Adicionalmente, Chaves recurrió con frecuencia a casos de corrupción del pasado como ejemplos de problemas estructurales en la clase política. La condena de la exdefensora de los habitantes Ofelia Taitelbaum fue citada regularmente como evidencia de brechas en la rendición de cuentas y de presuntas inconsistencias en la ejecución de las penas, especialmente tras decisiones que le permitieron cumplir parte de su condena bajo medidas alternativas.
En paralelo, la presidencia mantuvo una relación conflictiva con la Asamblea Legislativa de Costa Rica, a la que acusó reiteradamente de obstaculizar reformas y actuar en función de intereses arraigados. Por su parte, sectores de oposición sostuvieron que estas tensiones respondían a diferencias políticas y de estilo de gobernanza más que a un problema estructural.
En conjunto, el discurso anti-corrupción de Chaves contribuyó a posicionar en la agenda nacional diversas denuncias y controversias que involucraban a actores relevantes del sistema institucional. Si bien este enfoque incrementó la visibilidad pública de estos temas, también intensificó las tensiones entre poderes del Estado y generó debate sobre los límites entre el discurso político y los procesos investigativos independientes.
Controversias
Tras ser electo presidente, Chaves, se niega a ratificar el acuerdo de Escazú para "tranquilizar al sector privado". El acuerdo, redactado en 2018, refrendó el derecho de acceso a la información de los ciudadanos sobre cuestiones medioambientales, su participación en la toma de decisiones y allanó el camino para el establecimiento de la justicia medioambiental.
El 2 de agosto de 2023 fue anunciado como el ganador del Premio Latinoamericano Dr. Zenobio Saldivia, en la categoría Libertad de Expresión. Él y sus partidarios aseguran que dicho galardón lo reciben como un "Contrapeso" a una carta firmada por 27 expresidentes del mundo, en la que lo señalan como poco amigable con tres medios de prensa costarricense. Chaves ha sido criticado por su enfoque autoritario y su retórica confrontativa. Durante su mandato, ha tenido roces con diferentes sectores de la sociedad costarricense, incluyendo sindicatos, la prensa y otros actores políticos. Sus detractores argumentan que su estilo de liderazgo erosiona las instituciones democráticas y fomenta la polarización en el país.
Fue criticado al tener pendientes de firmar 25 leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa desde el inicio de la legislación a la fecha del 28 de agosto de 2024. Entre estas leyes, se incluyen iniciativas destinadas a combatir el crimen, fomentar el desarrollo económico, proteger el medio ambiente y mejorar la infraestructura pública. La demora en la firma de estas leyes ha generado preocupaciones entre los legisladores y ciudadanos, ya que su implementación es crucial para abordar diversos problemas sociales y económicos del país. Chaves solicitó un informe para su eventual firma ante la presión mediática, que fueron firmadas en las primeras semanas de octubre.
Rodrigo Chaves criticó ineficiencias en la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Chaves también justificó recortes presupuestarios en educación y calificó de «medida populista» el artículo de la Constitución que establece que la inversión en educación debe ser como mínimo del 8% del PIB. En junio de 2023 se produjeron importantes manifestaciones de estudiantes, profesores y personal del sector sanitario para protestar contra la política del Gobierno.
Rodrigo Chaves firmó un protocolo durante la cumbre Escudo de las Américas de marzo de 2026 para aceptar a 25 migrantes expulsados de Estados Unidos cada semana. El acuerdo también incluye la extradición de costarricenses presuntamente implicados en el narcotráfico, la presencia de la DEA y del FBI en territorio costarricense, así como restricciones a las inversiones chinas.
Durante su administración se dio un aumento de la criminalidad alcanzando un máximo histórico de 17 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023. «La inseguridad, desde el primer año de Chaves hasta la actualidad, es la principal preocupación de los ciudadanos, sobre todo porque, durante tres de los cuatro años, las cifras de homicidios fueron las más altas de la historia y el 30% de las víctimas fueron víctimas colaterales del crimen organizado», afirma Alejandro Barahona Krüger, politólogo y experto en relaciones internacionales. Los partidos de la oposición han pedido que se investiguen los presuntos vínculos entre el Gobierno de Rodrigo Chaves y las bandas criminales.
Sanciones por comportamiento impropio
En octubre de 2019, el Banco Mundial sancionó a Rodrigo Chaves, por “insinuaciones sexuales” y por un “patrón de comportamiento inapropiado no deseado” entre los años 2008 y 2013, cuando trabajó para esa organización.
En el informe del caso elaborado por el Banco Mundial se expone el proceso de denuncia, la investigación realizada por el Departamento de Ética y Conducta Empresarial (EBC), la decisión de la Vicepresidencia de Recursos Humanos y las sanciones aplicadas.
Posterior a esa decisión, ante la disconformidad de las denunciantes por la no declaración del comportamiento indebido como acoso sexual, se admitieron apelaciones y el Tribunal Administrativo inició su revisión del caso. Durante el proceso se revisaron los testimonios de las denunciantes y de colegas que testificaron confirmando las acusaciones, además de un amicus curiae enviado por la asociación de empleados del Banco Mundial:
Como resultado de la revisión del caso, en enero del 2021 se estableció una alerta de seguridad de acceso restringido para Chaves en todas sus oficinas.
En octubre de 2021, este caso de acoso sexual en el Banco Mundial fue reportado también en The Wall Street Journal (Nueva York).
Ante estas publicaciones de los medios y solicitudes de renuncia a su candidatura presidencial, Chaves ha insistido en su inocencia y la presidenta del partido Progreso Social Democrático (PSD), Luz Mary Alpízar, descartó solicitarle la renuncia.
Acusación de financiamiento paralelo no registrado
En su campaña presidencial, Chaves, fue objeto de escrutinio por el uso de un fideicomiso privado para financiar su campaña, lo cual podría ser ilegal según la legislación costarricense que exige que los fondos de campaña sean manejados a través de las cuentas bancarias de los partidos políticos que ha llevado a cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de su campaña. Esta
controversia generó enfrentamientos frecuentes con la prensa, a la cual ha acusado de parcialidad y de intentar sabotear su candidatura. La controversia se intensificó cuando se reveló que la Fiscalía General de Costa Rica había iniciado una investigación sobre el origen y el uso de estos fondos.
Chaves ha defendido sus acciones, argumentando que el fideicomiso fue establecido para manejar donaciones de manera transparente y eficiente. Sin embargo, esta explicación no ha convencido a muchos pues no esta en la forma establecida por el código electoral, y la investigación de la Fiscalía continúa siendo un punto de controversia importante durante su presidencia. Rodrigo Chaves fue acusado de financiación ilegal de campaña electoral en junio de 2025. Entre los acusados también se encuentran el entonces vicepresidente primero, Stephan Brunner, y el entonces ministro de Asuntos Exteriores Arnoldo André, así como cuatro exdiputados del PPSD: Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero. La Fiscalía presentó ante la Corte Suprema "una acusación con solicitud de levantamiento de fuero y apertura a juicio contra siete funcionarios miembros de los Supremos Poderes por su presunta participación en delitos relacionados con financiamiento político ilícito", indicó la entidad en un comunicado, sin embargo está solicitud no próspero al no alcanzar los votos de la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa en lo que se conoce como Primer intento de desafuero contra Rodrigo Chaves
Además, Rodrigo Chaves celebró un acto de campaña en una finca propiedad de la familia de un individuo investigado por presunta tala ilegal. Este evento generó críticas y cuestionamientos sobre el juicio y la ética del candidato y su partido al asociarse con personas bajo investigación por actividades ilegales.
Ley Jaguar
La denominada «Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica» es un proyecto que busca reformar competencias de la Contraloría General de la República con el fin de agilizar la ejecución de obras públicas. La iniciativa plantea reducir algunos controles administrativos actualmente vigentes, lo que ha generado un amplio debate nacional.
El gobierno ha defendido que estos controles, particularmente los ejercidos por la Contraloría, obstaculizan el avance de proyectos como Ciudad Gobierno y la terminal de cruceros de Limón.
Diversos sectores han advertido que la Ley Jaguar podría debilitar los mecanismos de control y fiscalización del gasto público. La Contraloría General y organizaciones de la sociedad civil han expresado preocupación por el posible retroceso en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, señalando que el proyecto otorga mayor discrecionalidad y reduce controles institucionales. La Asociación Costa Rica Íntegra ha advertido que la ley amenaza principios constitucionales y compromisos internacionales contra la corrupción, permitiendo una mayor discrecionalidad en la gestión de contratos públicos y erosionando la transparencia y los controles existentes. Además, académicos y expertos en gobernanza han señalado que la reducción de controles podría facilitar prácticas corruptas y el mal uso de los fondos públicos, afectando negativamente la confianza en las instituciones estatales
En diciembre de 2023, la Sala Constitucional encontró inconstitucionalidades en cuatro artículos del proyecto consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al considerar que debilitaban competencias esenciales de fiscalización de la Contraloría General.
El debate político se intensificó cuando el presidente Chaves retó públicamente a la contralora Marta Acosta a un debate sobre el proyecto, hecho reportado por medios nacionales.
Señalamientos de presunta de beligerancia política
Durante su administración, Chaves, acumuló al menos 24 denuncias por beligerancia política. Esta situación llevó a que, en octubre de 2025, el Tribunal Supremo de Elecciones solicitara a la Asamblea Legislativa de Costa Rica el levantamiento de su inmunidad para permitir el avance de los procedimientos correspondientes.
Diversos analistas han señalado que el estilo político de Chaves combina elementos reformistas, un liderazgo fuerte y un énfasis en la crítica a estructuras estatales consideradas ineficientes. Su discurso, frecuentemente directo y confrontativo, ha sido objeto de comparaciones con tendencias observadas en otros líderes latinoamericanos contemporáneos, aunque la caracterización de su ideología ha generado debate entre especialistas.
Algunas interpretaciones mediáticas y académicas han descrito rasgos de su comunicación política como cercanos al populismo, particularmente por su retórica centrada en denunciar prácticas percibidas como corrupción o burocracia excesiva, así como por su estilo directo hacia la ciudadanía. Otros análisis destacan el uso de lenguaje coloquial y referencias culturales o religiosas como parte de su estrategia comunicativa.
No obstante, la identificación formal de su ideología continúa siendo materia de discusión en el ámbito académico y político, sin existir un consenso claro sobre su clasificación dentro de corrientes políticas tradicionales. Por ejemplo, el medio alemán DW Español, definió su perfil de la siguiente manera:
El expresidente Chaves, una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido erosionar los cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia.
En términos económicos, Chaves promueve políticas de austeridad, enfocadas en la reducción del gasto público, la desregulación y la promoción de la inversión privada. Su experiencia como economista y exfuncionario del Banco Mundial influye en su enfoque hacia el libre mercado y la reducción del papel del Estado en la economía. buscando dinamizar la economía costarricense después de los impactos de la Pandemia de COVID-19 en Costa Rica.
Relación con los medios de comunicación
La periodista y exlegisladora Vilma Ibarra afirmó en 2026 que durante el gobierno de Rodrigo Chaves algunos periodistas recibieron instrucciones de no confrontar al Ejecutivo, señalamiento que reavivó el debate sobre la independencia editorial en Costa Rica.
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