Francisco Javier García Gaztelu

Inicios en la organización

Francisco Javier García Gaztelu inició su actividad en ETA durante la década de 1980 como miembro del «comando Donosti». En agosto de 1991 participó, junto con otros integrantes del comando Vizcaya, en un tiroteo tras el cual pasó a la clandestinidad para eludir la acción policial. Desde entonces desempeñó labores de apoyo a distintos comandos de la organización antes de reincorporarse al «comando Donosti».

Comando Donosti

A finales de 1994 se reincorporó al «comando Donosti», dirigido por José Javier Arizkuren Ruiz («Kantauri»). Como miembro del grupo participó en diversos atentados dirigidos contra representantes políticos, miembros de las fuerzas de seguridad y otros objetivos seleccionados por la organización. Entre los atentados atribuidos al comando durante este periodo figuran los asesinatos del dirigente del Partido Popular Gregorio Ordóñez, del dirigente socialista Fernando Múgica, del policía municipal Alfonso Morcillo y de los concejales del Partido Popular José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena y Manuel Zamarreño, así como el atentado contra la casa cuartel de Arnedo y el ametrallamiento de las viviendas militares del cuartel de Loyola, entre otros. Su trayectoria dentro del comando precedió a su nombramiento como responsable del aparato militar de ETA tras la detención de Kantauri.

Ascenso a la jefatura militar

Tras la detención de Kantauri en marzo de 1999, García Gaztelu pasó a dirigir el aparato militar de ETA. Diversas fuentes lo sitúan entre los principales representantes del denominado «ala dura» de la organización y señalan que mantuvo una posición contraria a la tregua declarada por ETA en 1998, defendiendo la continuidad de la estrategia armada.

Como responsable del aparato militar, se le atribuye la reorganización operativa de alrededor de una veintena de comandos y el impulso de la actividad terrorista de la organización durante los meses posteriores al fin de la tregua. Diversas sentencias de la Audiencia Nacional concluyeron posteriormente que, desde ese cargo, ordenó atentados ejecutados por distintos comandos de ETA, por los que fue condenado como inductor.

Entre las medidas organizativas implantadas durante este periodo figuró un nuevo sistema de funcionamiento de los comandos, integrados por tres miembros liberados. Dos de ellos ejecutaban los atentados, mientras que el tercero permanecía al margen de la acción para garantizar el funcionamiento del comando, encargándose del mantenimiento de los pisos francos y de informar a la dirección de ETA en caso de que los otros integrantes fueran detenidos.

Juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco

García Gaztelu fue juzgado por el asesinato del concejal del Partido Popular Miguel Ángel Blanco en junio de 2006, en el primer proceso celebrado en España contra él desde su detención en 2001. Durante el juicio se acogió a su derecho a no declarar y mantuvo una actitud desafiante. Aunque rechazó intervenir durante la primera sesión, utilizó el turno de última palabra para afirmar que era «militante de ETA» y sostener que la organización continuaría con su actividad.

La Audiencia Nacional lo condenó a 50 años de prisión como autor material del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. La sentencia también le prohibió acercarse al municipio vizcaíno de Ermua durante los cinco años posteriores a su excarcelación.

En el mismo procedimiento, la Audiencia Nacional absolvió a García Gaztelu e Irantzu Gallastegi del asesinato del concejal del Partido Popular José Luis Caso al considerar que no había quedado acreditado quién efectuó el disparo mortal.

Juicio por el asesinato de Fernando Múgica

En un procedimiento posterior, la Audiencia Nacional condenó a García Gaztelu a 82 años de prisión como autor material del asesinato del dirigente socialista Fernando Múgica. La sentencia lo consideró responsable de los delitos de asesinato terrorista, atentado frustrado, robo y falsificación documental relacionados con el atentado. Asimismo, le impuso la prohibición de acercarse a San Sebastián o al lugar de residencia de los familiares de la víctima durante los seis años posteriores a su excarcelación, además de indemnizar a sus herederos con 300 506 euros.

Juicio por el asesinato de Gregorio Ordóñez

Por su participación en el asesinato del dirigente del Partido Popular Gregorio Ordóñez, cometido el 23 de enero de 1995, fue condenado a 30 años de prisión como autor de un delito de asesinato terrorista con alevosía en concurso ideal con otro de atentado. La sentencia le prohibió acercarse durante cinco años a los familiares de la víctima y a la ciudad de San Sebastián, además de fijar una indemnización de 500 000 euros para sus herederos.

Aunque la resolución consideró acreditada su participación en el atentado, señaló que no podía determinarse con certeza si fue él quien efectuó el disparo mortal.

Otras condenas

Además de las condenas por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Fernando Múgica y Gregorio Ordóñez, García Gaztelu ha sido condenado en distintos procedimientos por otros atentados cometidos durante su etapa como responsable del aparato militar de ETA.

En 2022 la Audiencia Nacional le impuso 52 años de prisión por ordenar el atentado frustrado cometido en noviembre de 2000 en Cintruénigo (Navarra), al considerarlo inductor de dos delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa y de un delito de estragos terroristas también en grado de tentativa.

Asimismo, fue condenado a 24 años de prisión por ordenar el atentado fallido con coche bomba contra el entonces diputado general de Álava Ramón Rabanera, al ser considerado responsable de un delito de asesinato terrorista en grado de tentativa y de otro de depósito de armas y tenencia de explosivos.

En conjunto, las distintas sentencias dictadas por la Audiencia Nacional contra García Gaztelu acumulan varios centenares de años de prisión por delitos relacionados con el terrorismo.