Tubería de canalización de agua en San Andrés y Sauces, La Palma.
El término aguateniente designa, por analogía con terrateniente, al titular o poseedor de derechos sobre las aguas. Aunque el vocablo es de aplicación general, su uso corriente corresponde a los grandes poseedores de recursos hídricos, individuales o asociados en heredades y comunidades. La figura adquiere particular relevancia en las Islas Canarias (España), donde —a diferencia del resto del Estado español— el agua mantuvo un peculiar régimen de propiedad privada que la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias respeta a través de un régimen transitorio. Todavía a día de hoy sigue habiendo dueños privados del agua proveniente de espacios públicos.
Según diversos estudios, en Canarias los aguatenientes llegaron a tener más importancia económica y social que los terratenientes, dado que el agua es un recurso escaso en las islas y su obtención, conservación y distribución se consideran factores esenciales.
Etimología y uso del término
El término aguateniente se forma por analogía con terrateniente. Mientras que este último alude a la propiedad inmueble del suelo, aguateniente alude a la propiedad o titularidad sobre el agua, que en Canarias se desligó jurídicamente del suelo desde el siglo XVI y se convirtió en un bien inmueble independiente, susceptible de heredarse, venderse o donarse.
La Cámara Insular de Aguas de Tenerife define a sus integrantes como «partícipes, comuneros o aguatenientes: titulares de una o varias participaciones de una Comunidad de Agua»; su vicepresidenta, Patricia Pérez, ha rechazado el uso peyorativo del término, considerándolo «desmesurado». Asociaciones ciudadanas, colectivos ecologistas y diversos investigadores reivindican, en cambio, su uso para describir la concentración del recurso en pocos titulares y su influencia política.
Origen histórico en Canarias
Conquista, datas y repartimientos (siglos XV-XVI)
Tras la conquista castellana de las islas realengas (Gran Canaria, La Palma y Tenerife) a finales del siglo XV, la Corona ordenó el reparto conjunto de tierras y aguas entre conquistadores y pobladores. La Real Cédula de los Reyes Católicos de 4 de febrero de 1480, dirigida al conquistador Pedro de Vera para Gran Canaria, autorizaba el reparto de «ejidos, dehesas y heredamientos de aguas» entre caballeros, escuderos y soldados.
En Tenerife, los repartos los ejecutó el adelantado Alonso Fernández de Lugo entre 1497 y 1526, dejando constancia en los libros de las Datas de Tenerife, conservados parcialmente en el Archivo Municipal de San Cristóbal de La Laguna. En La Palma, también bajo Fernández de Lugo, el reparto se realizó entre 1493 y 1502.
Inicialmente, las aguas se concedían vinculadas a la tierra que regaban, pero pronto se desvincularon. El catedrático Antonio Macías Hernández, de la Universidad de La Laguna, ha documentado cómo la creciente demanda de agua para los ingenios azucareros llevó a una privatización progresiva de nacientes y manantiales y a la formación de una «sacarocracia» que controló las instituciones hidráulicas y el poder local.
Heredades y heredamientos
Para administrar y distribuir el agua se constituyeron las heredades de aguas o heredamientos, asociaciones de partícipes que repartían el caudal mediante turnos llamados dulas (cada año se dividía en 360 dulas, más cinco «especiales» o «bote» destinadas al mantenimiento). Entre 1529 y 1823 las heredades fueron presididas por alcaldes de aguas; después, hasta 1866, por los alcaldes constitucionales.
Entre las heredades históricas más relevantes destacan:
Las élites aguatenientes se conformaron a partir de tres grupos principales: conquistadores castellanos (Castillo, Sotomayor, Fierro, Lugo, Vergara, Benítez), miembros de las casas comerciales o albergosgenoveses (Ponte, Lercaro, Justiniani, Grimaldi, Rizo, Riberol, Sopranis, Cairasco) y mercaderes flamencos (Monteverde —traducción castellana del apellido Van Groenenberg—, Massieu, Van de Walle, Van Dalle).
Marco jurídico
De la Ley de Aguas de 1879 a la Ley canaria de 1990
La Ley de Aguas de 1879 consolidó la propiedad privada de las aguas alumbradas en propiedad ajena al Estado, lo que en Canarias coincidió con el auge de la cochinilla y abrió la puerta a la perforación masiva de pozos y galerías. Las antiguas heredades se transformaron en comunidades de regantes y proliferaron las «comunidades de aguas» por acciones.
La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas declaró todas las aguas de España como dominio público estatal. Sin embargo, tras asumir competencias propias mediante el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Parlamento de Canarias aprobó la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas (BOC n.º 94 de 27 de julio de 1990; BOE n.º 224 de 18 de septiembre de 1990), que articula dos regímenes paralelos:
Aprovechamientos de aguas públicas, regidos por la ley canaria y, supletoriamente, por la legislación estatal (hoy el Real Decreto Legislativo 1/2001).
Aprovechamientos de aguas calificadas como privadas por la legislación anterior, sometidos a un régimen transitorio que respeta su «contenido económico».
La ley estableció un Catálogo de Aguas Privadas en cada isla y un Registro de Aguas, y descentralizó la gestión en siete Consejos Insulares de Aguas (uno por demarcación hidrográfica insular), organismos autónomos adscritos a los Cabildos, con composición paritaria entre administraciones públicas y sectores privados.
La Cámara Insular de Aguas de Tenerife
La Cámara Insular de Aguas de Tenerife, constituida el 12 de julio de 1977, es la entidad que representa a los partícipes privados de la isla. Agrupa unas 180 comunidades de aguas y unos 30 000 titulares y, según declaraciones de su vicepresidenta Patricia Pérez en 2022, defiende la titularidad privada «por economía y por sostenibilidad», reivindicando los cerca de 1800km de galerías y pozos excavados gracias al «ingenio de los tinerfeños».
Datos cuantitativos
Más del 80% de los recursos hidráulicos canarios procede del subsuelo.
Se han perforado más de 5000 pozos y unas 1500 galerías, con una longitud total que supera los 2000km. El 65% se localiza en Tenerife, el 24% en Gran Canaria y el 10% en La Palma; en Fuerteventura no existen prácticamente.
Tenerife contabiliza 1520 captaciones (1122 galerías y 398 pozos), de las que el 41% está en producción.
En La Palma, alrededor del 94% del agua proviene de galerías y pozos privados.
Según la Audiencia de Cuentas de Canarias, el precio medio del agua comprada en el archipiélago en 2012 era de 0,61 €/m³, oscilando entre 0,22 €/m³ en La Palma y 1,85 €/m³ en Fuerteventura; el precio medio facturado al consumidor era de 1,61 €/m³.
El caso de La Palma
El Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte
Es el caso histórico más estudiado de Canarias. Las tierras y aguas fueron compradas en Flandes el 4 de diciembre de 1513 por el flamenco Jácome van Groenenberg —castellanizado como Jácome de Monteverde— a la compañía mercantil alemana de los Welser, en escritura confirmada por la reina Juana y el príncipe Carlos en Zaragoza el 4 de diciembre de 1516.
Tras la sentencia firme de la Real Audiencia de Las Palmas de 2 de abril de 1557, que reconoció la propiedad privada de la Caldera de Taburiente a la familia Monteverde, los cinco hijos de Jácome (Melchor, Ana, Juan, Miguel y los herederos de Diego) constituyeron el Heredamiento mediante escritura de 27 de noviembre de 1557. La «Partición Grande», autorizada por el escribano Bartolomé González de Herrera el 29 de noviembre de 1613 y derivada de la herencia de Pablo de Vandale, dividió cada hacienda en diez décimos de un día de agua, subdivididos en horas, minutos y segundos.
El intento del capitán Nicolás Massieu de comprar a la Corona en 1635 la jurisdicción para convertir las haciendas en señorío fue rechazado por la oposición del resto de copartícipes (Sotomayor, Vélez de Ontanilla, Poggio, Brier, Monteverde, Fierro Bustamante, Salgado de Guisla). El Heredamiento sigue activo en la actualidad, con cerca de 1500 a 1800 hacendados que aprovechan el agua de más de 70 manantiales y galerías de la Caldera, repartida cada 10 días según las ordenanzas de 1887. Las casonas del Llano de Argual fueron declaradas bien de interés cultural en 2023.
Galerías y conflicto con la Caldera de Taburiente
Según el profesor José Antonio Batista Medina, del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna, el acuífero principal Coebra (Coello-Bravo), situado entre los 1000 y 1600 metros bajo el norte de la isla, ha sido perforado por 112 galerías. La célebre acequia de los nacientes de Marcos y Cordero, que abastece a la Central Hidroeléctrica de El Mulato (la única hidroeléctrica de Canarias), ha visto reducir su caudal —según Batista— «sobre todo por la interferencia de captaciones de galerías que sacan agua del mismo acuífero».
El Túnel de Trasvase
El Túnel de Trasvase de La Palma, infraestructura pública que perfora la cumbre dorsal de la isla con bocas en Aduares (Breña Alta, vertiente este) y Hermosilla (vertiente oeste), permite trasvasar agua entre vertientes y abastece especialmente al Valle de Aridane. El Consejo Insular de Aguas de La Palma cerró por primera vez en 20 años la boca oeste en enero de 2021, tras unas lluvias que llevaron las balsas al 93% de capacidad.
El doctor ingeniero de Caminos Carlos Soler Liceras, exdirector del Plan Hidrológico de La Palma y Premio Agustín de Betancourt, sostiene que «al Túnel del Trasvase le quedan 4,5km de agua» por reperforar, frente a la apuesta del Cabildo por nuevas desaladoras.
Los pozos La Herradura I y II
En 2025 el Consejo Insular de Aguas de La Palma (CIALP), presidido por el Cabildo de La Palma, aprobó la compra directa por 1 203 000 € de los pozos La Herradura I y II (San Andrés y Sauces), titularidad de la Comunidad de Aguas La Herradura y fuera de funcionamiento desde finales de la década de 1980. La inversión adicional para reactivarlos asciende a 3 277 240 €, totalizando aproximadamente 4,48 millones de euros.
La Asociación Agua para La Palma solicitó formalmente la nulidad del acuerdo, alegando ausencia de ensayo de bombeo de larga duración, falta de pliegos y publicidad, levantamiento del reparo del interventor sin documentación, antecedentes desfavorables en informes de la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias por salinización y declaraciones del exconsejero insular de Aguas Carlos Cabrera reconociendo que «no valía la pena» comprar el pozo La Herradura 1.
La sentencia del TSJC sobre la tasa única insular (octubre de 2024)
En 2021 el CIALP aprobó una ordenanza que establecía una tasa única insular para el transporte y la elevación de agua. La asociación Agua para La Palma la recurrió ante los tribunales y la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en sentencia de octubre de 2024, anuló la ordenanza por:
La ausencia de los preceptivos informes sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La falta de informe escrito del interventor delegado del CIALP.
La carencia de criterios objetivos y razonados, ya que la tasa solo permitía recuperar el 48% del coste del servicio, pagándose el resto con transferencias del Cabildo.
El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, anunció inicialmente que recurriría en casación, pero finalmente no lo hizo, por lo que el 25 de noviembre de 2024 el TSJC declaró la firmeza de la sentencia.
Otros casos y denuncias
En mayo de 2023, la Asociación Agua para La Palma denunció ante la Fiscalía Anticorrupción dos subvenciones directas del CIALP por 969 230 € para reactivar el pozo de El Roque, cuyos accionistas incluían —según la propia denuncia— al padre del entonces presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata (PP).
En noviembre de 2025, la asociación denunció un «posible sabotaje» en el canal LP1 Barlovento-Fuencaliente que, según el colectivo, habría impedido durante tres días el abastecimiento a los regantes de Fuencaliente mediante una cejilla colocada durante la borrasca Claudia.
Las declaraciones del viceconsejero Marcos Lorenzo
Marcos José Lorenzo Martín, alcalde de Tijarafe por Coalición Canaria en distintos periodos entre 2007 y 2023, denunció en 2019 la existencia de un «lobby» que «manejaba el CIALP» en lugar de defender el interés público. Tras ser nombrado en agosto de 2023 viceconsejero de Cohesión Territorial y Aguas (posteriormente, viceconsejero de Emergencias y Aguas) del Gobierno de Canarias, la asociación Agua para La Palma le ha recordado que «sigue sin negar su existencia», en contraste con el actual consejero insular de Aguas, Juan Ramón Felipe San Antonio, que sí la niega.
Problemática actual en otras islas
Tenerife: emergencia hídrica y campos de golf
En Tenerife el 80-84% del agua proviene del subsuelo. El Cabildo, presidido por Rosa Dávila (CC), declaró la emergencia hídrica el 29 de mayo de 2024 mediante decreto de Presidencia, con 75 medidas activadas. La emergencia fue prorrogada sucesivamente y levantada el 1 de marzo de 2026, con las reservas al 70%.
Colectivos como Salvar la Tejita, ATAN y la federación Ben Magec - Ecologistas en Acción han denunciado el consumo de los nueve campos de golf de la isla (24 en el archipiélago), que estiman en torno a 2 millones de litros diarios por campo, equivalente al consumo doméstico de varias decenas de miles de personas.
Gran Canaria
Conserva una intensa estructura de heredades centenarias (Las Palmas, Arucas-Firgas, Telde, Aguatona, Moya). En su cumbre, plataformas vecinales y ecologistas como El Turcón han pedido al Consejo Insular de Aguas la declaración de la zona como sobreexplotada.
Lanzarote y Fuerteventura
Dependen casi por entero de la desalación. La primera planta desaladora de Europa se instaló en Lanzarote en 1964 (Termolansa, Punta Grande, Arrecife).
Movimientos sociales
Ben Magec - Ecologistas en Acción es la federación canaria de Ecologistas en Acción, constituida en La Palma en noviembre de 1991, integrada en la confederación estatal en 1999 y galardonada con el Premio César Manrique en 2003. En materia hidráulica reclama el dominio público efectivo del agua y la recuperación de los acuíferos sobreexplotados.
La Asociación Agua para La Palma, presidida por Pedro Monzón y asesorada técnicamente por el ingeniero Carlos Soler Liceras, opera desde hace más de seis años y ha protagonizado los principales litigios y denuncias contra la gestión del CIALP.
Lobo Cabrera, Manuel (2023). Las heredades de aguas y los acequieros de Gran Canaria en el siglo XVI. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria.
Rodríguez Acevedo, Juan Manuel (2009). Caciquismo y cuestión agraria en Tenerife (1890-1936). Santa Cruz de Tenerife: Ediciones Idea. ISBN978-84-8382-790-1.
Suárez Moreno, Francisco (1994). Galerías filtrantes canarias. Minas de agua en Gran Canaria (1501-1950). Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria.
