Primeros años y estudios
Estudió derecho en la Universidad Mayor, titulándose de abogada en 2015. Posteriormente cursó un magíster en derecho ambiental en la Universidad del Desarrollo. Fue integrante de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) —en donde se desempeñó como subdirectora de Derecho Público—
Se ha dedicado a causas relacionadas con la defensa del medio ambiente. En 2018 fue integrante del Observatorio de Derecho Ambiental Chile, perteneciente a la Universidad Autónoma de Chile, y en 2019 formó parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. También integró el Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor —del cual fue su fundadora— y se desempeñó como columnista en el medio digital El Desconcierto.
Antes de asumir como diputada, ejerció como abogada en causas vinculadas a conflictos socioambientales. En 2021 fue mencionada como abogada querellante en acciones relacionadas con el cumplimiento de sentencias por daño ambiental en el relleno sanitario Santa Marta, en la Región Metropolitana, tras el incendio ocurrido en 2016.
Carrera política
Entre 2020 y 2021 fue integrante de Fuerza Común, movimiento político encabezado por Fernando Atria y que formó parte del Frente Amplio.
En las elecciones de convencionales constituyentes de 2021 postuló como candidata independiente en un cupo de Revolución Democrática en el pacto Apruebo Dignidad por el distrito n° 14, no resultando electa.
En las elecciones parlamentarias de noviembre de 2021, fue elegida como diputada por el distrito n° 14 por el pacto Apruebo Dignidad, como independiente en un cupo del partido Comunes. Asumió el cargo el 11 de marzo de 2022, ejerciendo como diputada hasta el 11 de marzo de 2026.
Durante su período legislativo se integró a la bancada Comunista, FREVS e independientes. En 2023 se integró a la bancada del Partido por la Democracia (PPD) e independientes.
Integró las comisiones permanentes de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados. En 2023 se incorporó además a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. Asimismo, fue integrante de la Comisión Especial de Bomberos de la Cámara.
Musante se identificaba al momento de su elección como diputada en 2021 como abiertamente bisexual —también se ha identificado como pansexual—, y es una de las parlamentarias representantes de la diversidad sexual junto a Francisca Bello, Marcela Riquelme y Emilia Schneider. Posteriormente, en julio de 2023 Musante ha señalado que «no me siento representada por ninguna orientación sexual diversa o distinta».
En las elecciones del 16 de noviembre de 2025, postuló a la reelección por el mismo distrito como independiente en un cupo del PPD dentro del pacto Unidad por Chile. No logró ser electa y obtuvo 28.292 votos, que equivalen al 4,91 % del total de sufragios. Su período parlamentario concluyó el 11 de marzo de 2026.
Labor parlamentaria
Ha sido coautora de proyectos de ley ambientales. Algunos de ellos relacionados con animales domésticos y fauna silvestre. Entre ellos, fue coautora del proyecto de ley que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas y terrenos de playa y dunas costeras de todo el territorio nacional, así como de dos proyectos relacionados con prohibir y sancionar las carreras de perros. También patrocinó el proyecto que modifica el Código Penal para tipificar el delito de faenamiento, distribución y comercialización de carnes provenientes de mascotas o animales de compañía.
En materia de flora, fue coautora de un proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para exigir que, en ciertos proyectos de áreas verdes, se deba contar con especies nativas o autóctonas. En materia de ecosistemas, presentó un proyecto de ley junto con el diputado Jaime Sáez Quiroz para crear la "Ley de Protección de Humedales Rurales". El texto busca prevenir la destrucción de los humedales rurales brindando más facilidades a las comunidades para realizar solicitudes de declaratorias.
En relación con otros temas ambientales, tal como cambio climático, apoyó el proyecto de transición socioecológica justa.
Durante su período legislativo también participó en instancias de fiscalización parlamentaria. En 2024 presidió una comisión especial investigadora constituida en la Cámara de Diputados en el contexto del denominado «mega fraude tributario», instancia destinada a recabar antecedentes y analizar eventuales responsabilidades institucionales.
Asimismo, impulsó la creación de una comisión investigadora relacionada con la empresa sanitaria Aguas San Isidro, en el marco de denuncias por problemáticas sanitarias y ambientales.
Por otro lado, realizó gestiones de fiscalización respecto de las condiciones del vertedero de Popeta, denunciando deficiencias en la gestión de residuos y en los sistemas de monitoreo ambiental.
De acuerdo con los registros de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, su perfil legislativo contabiliza más de un centenar de registros en el apartado de mociones parlamentarias, entre las cuales figura como autora o coautora de diversas iniciativas ingresadas a tramitación legislativa en el Congreso Nacional.
En enero de 2024 ingresó un proyecto de ley destinado a modificar la normativa vigente sobre lobby en Chile, con el objetivo de fortalecer los estándares de transparencia en la relación entre autoridades públicas y representantes de intereses. La iniciativa propone establecer un registro público de las agendas de autoridades, aumentar las sanciones por incumplimientos y fijar restricciones para que exautoridades no se integren inmediatamente a empresas vinculadas a los sectores que regulaban.
Actividad jurídica
En materias de probidad y persecución de eventuales delitos económicos, en 2024 presentó una querella por presunto tráfico de influencias en el marco del denominado «caso audios», la cual fue declarada admisible por el tribunal competente. Posteriormente solicitó ampliar dicha acción judicial para incluir a conservadores y notarios que podrían estar vinculados a las redes de influencia investigadas.
En ese contexto, declaró públicamente haber recibido amenazas, situación que fue informada por medios de comunicación y que motivó solicitudes de mayor diligencia investigativa por parte del Ministerio Público.
