Historia
El inmueble toma su nombre por estar ubicada en el pasaje Sarratea 179 del distrito de Breña, habiendo sido nombrado dicho pasaje en recuerdo de Juan José de Sarratea, un empresario argentino que fue parte del proceso de independencia del Perú. Dicho inmueble, de cinco pisos, era propiedad del empresario Alejandro Sánchez Sánchez, que era amigo de Pedro Castillo. Fue usado por primera vez por Castillo durante la huelga magisterial de 2017. Luego, durante las elecciones generales de 2021, la casa fue usada como local de campaña del partido Perú Libre, realizando Castillo reuniones con diversos personajes en dicho lugar. Posteriormente, tras lograr la victoria en las elecciones y asumir el cargo de presidente de la República, Castillo usó de forma clandestina la casa para tener reuniones a altas horas de la noche con funcionarios del gobierno, lobistas, empresarios y otros sin llevar el registro oficial, siendo captado Castillo con un gorro deportivo en vez del sombrero que usaba públicamente. Debido a esto, la casa fue considerada como un "Despacho Presidencial" paralelo, siendo comparada con la "salita del SIN" de Vladimiro Montesinos. Además, para la fiscalía, el inmueble fue considerado como un "centro de operaciones" para la realización de actos de corrupción.
Al estallar el escándalo, la Procuraduría General del Estado solicitó la relación de los visitantes a la casa. Ante ello, la premier Mirtha Vásquez señaló que "por transparencia" se iba a realizar la entrega de la lista de visitantes. Posteriormente, Vásquez indicó que Castillo envió la lista a la Procuraduría y que Castillo no se iba a oponer a que la lista se hiciera pública. Sin embargo, a pesar del anuncio la entrega no se hizo por lo que Vásquez declaró que eso lo iba a definir los abogados del presidente.
En agosto de 2022, se admitió la demanda para que Castillo entregue la información de quiénes iban a la casa en Sarratea. En enero de 2023, el inmueble fue allanado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) junto a efectivos policiales de la División de Alta Complejidad (DIVIAC) e incautado. Durante el proceso, se confiscó documentación referida a los casos investigados por la fiscalía. Posteriormente, pasó a propiedad del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). Para octubre de ese año, el Poder Judicial confirmó sentencia que ordenaba a la Presidencia de la República entregar los datos de los visitantes a Sarratea, desestimando la apelación de la Presidencia, que argumentó que, a pesar de haber solicitado a diversas instituciones, no contaban con registros.
En 2024, se informó que la casa se convirtió en un centro de operaciones de inteligencia y seguridad de la Policía Nacional del Perú (PNP).
