Respuesta inicial del Estado y actuación de la CIDH
Durante los primeros años posteriores a los hechos, el Estado peruano negó la participación militar. En una comunicación de 1992 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno afirmó que patrullas de Antabamba no habían ingresado al Cusco y atribuyó las muertes a acciones subversivas.
No obstante, la CIDH emitió el Informe de Fondo N.º 1/96, concluyendo que el Estado peruano era responsable de violaciones a los derechos a la vida, integridad y libertad personal, y recomendando sancionar a los responsables. Las leyes de amnistía de 1995 impidieron el avance judicial del caso durante esa década.
Jurisprudencia de la Corte Suprema (2017)
En 2017, la Corte Suprema de Justicia del Perú emitió el fallo R.N. 2184-2017/NACIONAL, declarando los hechos como crímenes de lesa humanidad, afirmando su imprescriptibilidad y estableciendo criterios de coautoría para casos de violencia sexual en contextos de conflicto armado.
Tras el impulso generado por la CVR, el caso fue judicializado. En 2017, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema emitió el Recurso de Nulidad N.º 2184-2017, considerado un hito doctrinal por:
Coautoría en violencia sexual
La sentencia estableció que la violencia sexual cometida en contextos de operativos militares constituye un mecanismo de dominación y no un acto individual aislado. Por lo tanto las acciones deben entenderse como parte de un acto colectivo. Por eso, determinó que todos los miembros de la unidad operativa que contribuyeron a generar el delito en un entorno coercitivo son responsables como coautores, aunque no hayan ejecutado directamente el acto.
Imprescriptibilidad
La Corte Suprema señaló que los hechos constituyen delitos de lesa humanidad porque fueron parte de un patrón sistemático. Estos delitos, según el derecho internacional, no prescriben, lo que obliga al Estado a investigarlos y sancionarlos sin límite de tiempo. Además, el Perú no puede aplicar prescripción, amnistías ni otras barreras legales cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos.
Datos: Q137183592