| Diana Conti | ||
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Diana Conti. | ||
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Diputada de la Nación Argentina por la Provincia de Buenos Aires | ||
| 10 de diciembre de 2005-9 de diciembre de 2017 | ||
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| 10 de diciembre de 1997-9 de diciembre de 1999 | ||
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Consejera de la Magistratura de la Nación Argentina | ||
| 10 de diciembre de 2006-10 de diciembre de 2010 | ||
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Senadora de la Nación Argentina por la Provincia de Buenos Aires | ||
| 3 de julio de 2002-9 de diciembre de 2005 | ||
| Predecesor | Raúl Alfonsín | |
| Sucesora | Hilda González de Duhalde | |
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Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación Argentina | ||
| 10 de diciembre de 1999-20 de enero de 2001 | ||
| Presidente | Fernando de la Rúa | |
| Predecesora | Inés Pérez Suárez | |
| Sucesor | Oscar Luján Fappiano | |
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| Información personal | ||
| Nacimiento |
29 de marzo de 1956 Buenos Aires (Argentina) | |
| Fallecimiento |
8 de marzo de 2024 (67 años) Buenos Aires (Argentina) | |
| Causa de muerte | Cáncer y neumonía | |
| Nacionalidad | Argentina | |
| Familia | ||
| Padres |
Horacio Conti Martha Bascuas | |
| Educación | ||
| Educación | Abogada y Psicóloga Social. | |
| Educada en |
Universidad de Buenos Aires Escuela de Psicología Social Pichon Riviere | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | abogada, política | |
| Partido político |
Partido Comunista Revolucionario Frente Grande Partido de la Victoria | |
| Afiliaciones |
Frente de Todos (desde 2019) Unidad Ciudadana (2017-2019) Frente para la Victoria (2003-2017) Alianza (1997-2001) | |
| Notas | ||
Diana Beatriz Conti (Buenos Aires, 29 de marzo de 1956-Buenos Aires, 8 de marzo de 2024) fue una abogada, especialista en derecho penal, psicóloga social y política argentina. Fue senadora nacional y miembro de la Cámara de Diputados de la Nación, finalizando su mandato el 9 de diciembre de 2017.
Diana Conti fue hija de Horacio Conti, un viajante, y de Martha Bascuas, una ama de casa que luego comenzó a trabajar como maestra. Bascuas tenía 17 años cuando dio a luz a Diana y la pequeña pasó sus primeros años en la casa de sus abuelos. El 16 de diciembre de 1980, Conti obtuvo su título de abogada penalista por la Universidad de Buenos Aires. Después continuó estudiando, mientras trabajaba al mismo tiempo. En 1981 trabajó en su propio bufete, y en 1982 se unió al equipo de asistencia social para presos en Ravignaggi-Garriga, y al departamento de asistencia judicial del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Mientras tanto, en el ámbito político, formó parte activa del Partido Comunista Revolucionario durante muchos años. En 1983, fue nombrada presidenta de una empresa llamada Corsetti SA, un trabajo al que renunció en 1985.
Participó del curso de Entrenamiento de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, organizado por la Academia de Derecho Internacional (La Haya, 1991) y del curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, realizado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (San José, 1992).
Fue profesora adjunta interina en la cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, entre marzo y agosto de 1987. Más tarde fue ayudante de primera en la cátedra de Derecho Penal II.
También fue miembro del equipo de asistencia jurídica en casos contradictorios desde 1982 hasta 1985, y ayudante pública en problemas juveniles desde 1984 hasta 1985. El 10 de septiembre de 1985, formó parte de un consejo consultivo en materia de derechos humanos en la Argentina.
En 1985 se graduó de psicóloga social. Conti buscó el cargo de secretaria de la cámara penal de primera y segunda instancia en 1985 y en junio de 1989, perdiendo las votaciones en ambas ocasiones por escaso margen. En 1986, se convirtió en secretaria nacional de primera instancia, en el juzgado correccional y penal de primera instancia. Trabajó allí hasta el 31 de enero de 1989. Fue un miembro fundador de la comisión de organización de la participación ciudadana de la justicia correccional, y desde el 1 de febrero de 1989, fue secretaria de la sala de apelaciones nacional, tarea que ocupó hasta 1 de abril de 1991.
Conti se convirtió en ayudante del ministro de Justicia en 1991. Ocupó varios puestos administrativos en Buenos Aires hasta 1994, cuando se marchó a Santa Fe, para trabajar como ayudante legal de Eugenio Raúl Zaffaroni durante un mes. Consiguió un trabajo el 16 de marzo de ese año como secretaria del departamento de derecho penal y criminología de la Universidad de Buenos Aires, por lo que decidió renunciar a su trabajo en Santa Fe después de solo un mes trabajando allí, debido a la carga que le resultaba viajar de Buenos Aires a Santa Fe.
Participó del Consejo de la Magistratura, desde 2007 hasta 2010; presidió la Comisión de Disciplina y Acusación.
En 1997 fue elegida diputada por la provincia de Buenos Aires en la boleta que encabezó Graciela Fernández Meijide. Poco después de asumir, acompañó con su firma un proyecto elaborado por Antonio Cafiero y por el socialista Alfredo Bravo que proponía anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, una iniciativa que fue rechazada por la conducción de la Alianza y que generó una de las primeras crisis internas de la coalición. Dos años después Conti asumió como subsecretaria de derechos humanos, cargo al que asumió con el respaldo de los organismos de derechos humanos, el 12 de diciembre de 1999, en la presidencia de Fernando de la Rúa, tras lo cual abandonó su trabajo en la Universidad de Buenos Aires.
El 26 de diciembre de 2001, renunció a ese puesto con la intención de convertirse en subsecretaria de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, cargo al que accedió el 23 de enero de 2002. Sin embargo, Conti tuvo que dimitir de su nuevo cargo el 2 de julio, cuando asumió el cargo de senadora nacional por la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación en representación de la provincia de Buenos Aires para completar el mandato de Raúl Alfonsín, ya que había ocupado el segundo lugar de su lista en las elecciones de 2001. Fue senadora desde el 3 de julio de 2002 hasta el 10 de diciembre de 2005. Como senadora, fue conocida por su defensa de causas relacionadas con los derechos humanos.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner se unió al bloque del Frente para la Victoria en el Senado.
En diciembre de 2005, fue elegida diputada por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria. Durante abril de 2006, regresó a los primeros planos cuando comenzó una campaña en favor de penas más severas a los culpables de acoso sexual en el trabajo, independientemente de su género sexual.
Fue reelegida en las elecciones legislativas de Argentina de 2009. Acompañó la sanción de las leyes de Matrimonio igualitario e Identidad de género.
Durante 2012, y junto a otras diputadas, obtuvo atención en el recurso de amparo presentado contra el Grupo Clarín por discriminación debido a una nota publicada en el Diario Clarín, la jueza Ana Inés Sotomayor encontró que el texto denota «un contenido tendiente a la discriminación y violencia psicológica, sexual y simbólica contra la mujer, difundiendo una imagen estereotipada que atenta contra su libertad reproductiva». El 26 de abril de 2018 manifestó su posición a favor del aborto manifestando lo siguiente: «Reconocer la autonomía de las mujeres genera voces altisonantes« y «Es muy molesto para todos que se trate de generar una brecha entre quienes están en contra de despenalizar el aborto, como que son ‘protectores de la vida’, y quienes militamos la legalización, como si estuviéramos en contra», Al respecto afirmó: «estamos ante una incriminación penal que no evita ni previene los perjuicios que busca prevenir, y para peor, produce daños mayores».
Como diputada nacional durante el curso 2012, presentó proyectos de ley:
Durante su paso por el congreso llegó a presidir las siguientes comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina: Juicio Político, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Previsión y Seguridad Social, Energía y Combustibles En su labor como Senadora Nacional, ha impulsado proyectos de diversa índole, logrando que al 2019 cinco de ellos se convirtieran en ley entre ellos Ley N°27.191 para el uso de Fuentes Renovables de Energía, destinada a la producción de energía eléctrica), y el inc. IV del art. 5° de la Ley N°25.019 (Régimen Nacional de Energía Eólica y Solar), estableciendo nuevos incentivos para proyectos de centrales hidroeléctricas.Ley N°27.234
Participó del debate parlamentario, de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, donde expreso: «El código que reformamos tenía más de 100 años y necesitábamos una adaptación a los nuevos tiempos, a las autonomías personales y a las realidades de Argentina y América Latina», «Necesitábamos normas para los tiempos que vivimos. Una de la cosas más positivas que logramos en el texto que consensuamos es la agilización de las adopciones, lo que era un largo reclamo de la sociedad», sostuvo.
En las elecciones legislativas de 2013 fue reelegida para el período 2013-2017, al integrar la lista del Frente para la Victoria que obtuvo el segundo lugar con el 32,33 % de los votos. Durante ese año en su carácter de presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales llevó adelante el proyecto que reguló las responsabilidades del estado ante demandas judiciales y los 6 proyectos de democratización de la Justicia. Por otra parte, en conjunto con organizaciones de derechos humanos presentó una readecuación a la ley antidiscriminatoria.
Otros proyectos presentados durante 2013:
En 2014 entre los proyectos que presentó se destacan:
En 2015 se destacan los proyectos:
A principios de 2016, representó un proyecto sobre despenalización del uso terapéutico del cannabis (Lo había presentado durante su mandato como senadora nacional), logrando una fuerte adhesión de diferentes bloques políticos y el comienzo del tratamiento del proyecto en comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Por otra parte también presentó un proyecto sobre Promoción de Estrategias Sanitarias de Reducción de Riesgos y Daños, remarcando que el consumo de drogas es un problema social y de salud, no un asunto de la Justicia Criminal. Además presentó un proyecto de creación de la Oficina Anticorrupción en el ámbito del poder Legislativo de la Nación remarcando la necesidad de que esta oficina funcione fuera de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.
En 2016 junto con otros diputados denunció judicialmente a Mauricio Macri, Alfonso Prat Gay y Federico Sturzenegger por presunta «administración infiel en perjuicio del Estado» debido a la «elevada emisión» de Lebacs, la causa recayó en el juzgado 3 a cargo de Daniel Rafecas. Ese mismo año presentó su proyecto para despenalizar la marihuana únicamente con fines médicos para permitir el consumo, la tenencia y la producción de la planta en todas sus variedades, compuestos y activos tanto para fines terapéuticos como para la investigación cuando el objetivo sea el control de los síntomas y para cuidados paliativos. Dos semanas después presentó un proyecto para incorporar el acoso callejero a la Ley de Protección Integral para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, incorporando mecanismos, procedimiento y sanciones frente a las distintas manifestaciones de violencia de género. El proyecto de Conti también aspira a incorporar este tipo de violencia en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, e insta a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar en protección de las mujeres víctimas de violencia en el hogar. También fue autora para despenalizar el compuesto químico tetrahidrocannabinol de la marihuana para uso terapéutico para los pacientes de distintas afecciones puedan usar la planta y sus derivados para mitigar el dolor, entre otros efectos. También, que se pueda investigar. La iniciativa propone modificar el artículo 29 de la Ley nacional de estupefacientes para permitir el consumo, la tenencia y la producción de la planta en todas sus variedades, compuestos y activos tanto para fines terapéuticos como para la investigación de su posible eficacia en este sentido, para el control de síntomas y para cuidados paliativos. En materia Ambiental y de Energía, ha buscado impulsar proyectos que establecen presupuestos mínimos de protección ambiental; de promoción y uso de vehículos eléctricos; y de mitigación contra el cambio climático
En 2017 fue designada por el congreso en el Comité Nacional de Prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos, un ente autónomo encargado de supervisar los sitios de detención dentro del país.
A lo largo de su trayectoria política, Conti estuvo involucrada en controversias relacionadas con declaraciones públicas, causas judiciales y debates sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
En 2005, el periodista Bruno Bimbi, jefe de prensa de Conti durante su mandato en el Senado, presentó una denuncia en la que sostuvo que la entonces legisladora le había reclamado parte de su sueldo. Según Bimbi, Conti se habría quedado con un retorno del 81% del sueldo.
Su actuación en el Consejo de la Magistratura también fue objeto de críticas. En julio de 2009, en medio de discusiones sobre la composición del organismo, declaró que, si dependiera de ella, eliminaría el Consejo de la Magistratura y regresaría al sistema anterior de designación de jueces, y propuso como alternativa un consejo asesor con participación ciudadana. En 2010, como consejera, impulsó un dictamen de mayoría para desestimar una denuncia contra el juez Norberto Oyarbide vinculada con su actuación en el sobreseimiento express en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Años más tarde, el juez Oyarbide confesaría que fue apretado hasta el cogote para que sacara las causas de los Kirchner en tiempo récord y por eso había dictado su sobreseimiento.
En febrero de 2010, durante una intervención televisiva en defensa del kirchnerismo, Conti se definió como "stalinista" ante una observación del periodista José Eliaschev. La declaración motivó un proyecto de repudio en el Senado.
En 2011 quedó asociada a la expresión Cristina eterna, usada para promover una reforma constitucional que habilitara una nueva reelección presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. La propuesta recibió críticas de la oposición, que la interpretó como un intento de habilitar la reelección indefinida.Con los jóvenes y algunos sectores ultrakirchneristas, a los que pertenezco, avizoramos a veces el deseo de hacer una reforma constitucional porque quisiéramos tener una Cristina eterna dijo.
Como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Conti intervino en el tratamiento del paquete de proyectos conocido como democratización de la Justicia, leído por la oposición como un intento del Poder Ejecutivo de interceder en el correcto funcionamiento de la justicia con fines político partidarios con gravísimas consecuencias institucionales y jurídicas en el régimen de medidas cautelares y la de reforma al Consejo de la Magistratura, y que fueron declarados inconstitucionales y dejados sin efecto por Corte Suprema de Justicia el 18 de junio de 2013. Conti admitió que para plantear una reforma constitucional “hay que tener un consenso de todo el arco político”. La oposición cuestionó el trámite parlamentario y advirtió sobre riesgos para la independencia judicial; Conti defendió la reforma como una ampliación de la participación popular en el Poder Judicial. En junio de 2013, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos centrales de la ley 26.855, referidos a la elección popular de consejeros de la Magistratura.
En 2014 defendió públicamente al entonces jefe del Ejército, César Milani, cuestionado por denuncias vinculadas con la desaparición de un soldado durante la última dictadura militar. Conti aludió a la figura de la obediencia debida; ese argumento era incompatible con la jurisprudencia de la Corte Suprema, que había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Falleció el 8 de marzo de 2024 a los 67 años. Estaba internada en la Clínica Zabala de la ciudad de Buenos Aires con un cuadro de neumonía y en los últimos años batalló contra un cáncer