Un emirato (en árabe: إمارة imāra, plural: إمارات imārāt) es un territorio político bajo la administración de un emir, siendo un tipo de monarquía característica de Asia y África. En árabe, el término puede ser generalizado a una provincia o país que es administrado por un miembro de la clase dominante.
Desde un punto de vista histórico, un emirato es una unidad político-religiosa menor que un califato, dándose la curiosidad de que la Península ibérica fue el primer territorio donde un emirato (el Emirato de Córdoba) se autoproclamó como califato (el Califato de Córdoba) en el año 929.
Algunos equivalentes del término pueden ser los principados en Europa y los beylicatos en Anatolia.
Etimológicamente emirato o amirato (árabe: إمارة imārah, plural: إمارات imārāt) es la cualidad, dignidad, oficio o competencia territorial de cualquier emir (príncipe, comandante, gobernador, etc.).
Los Emiratos Árabes Unidos son un Estado federal que agrupa siete emiratos, cada uno gobernado de forma hereditaria por su propio emir; los siete gobernantes integran el Consejo Supremo Federal, que actúa como colegio electoral para elegir de entre sus miembros al presidente y al vicepresidente de la federación, mientras que el primer ministro es nombrado por el presidente con la aprobación del Consejo.
Como casi todos los emiratos han desaparecido, se han integrado a algún Estado moderno más grande o han cambiado sus modos de gobernanza, por ejemplo, a malik (Reino de Arabia saudita) o a sultanatos, verdaderos Estados emiratíes que se han vuelto raros hoy en día.
Además, en árabe el término puede ser generalizado para significar cualquier provincia de un país que es administrado por un miembro de la clase gobernante, especialmente por un miembro (normalmente llamado emir) de la familia real, como en las provincias del reino saudí.
En la actualidad, existen varias unidades políticas correspondientes a emiratos en la península arábiga, y también uno en el Asia del Sur. De estos, tres son Estados independientes y siete forman una confederación, los Emiratos Árabes Unidos.
Una lista de emiratos que ya han dejado de existir, no son reconocidos ni ostentan poder real o fueron integrados en otro país y han preservado sus "estados tradicionales" ordenados por localización y en orden de la fecha del primer líder llamado "emir"

La relación política, administrativa y simbólica que se estableció entre la autoridad central del califato y los gobiernos provinciales encabezados por emires en el mundo islámico medieval, particularmente durante los períodos omeya (661-750) y abasí (750-1258), es interesante. Dicha relación evolucionó desde un modelo de delegación directa, en el que los emires actuaban como agentes revocables del califa, hacia un sistema en el que numerosos gobernadores provinciales alcanzaron una autonomía efectiva, e incluso la plena independencia, sin renunciar en muchos casos al reconocimiento nominal de la autoridad califal.
Durante la expansión de los califatos Omeya y Abasí, el territorio conquistado se organizó en grandes provincias administradas por emires designados por el califa. Estos gobernadores reunían habitualmente competencias militares, fiscales y de orden público: dirigían los ejércitos regionales, supervisaban la recaudación de impuestos como el jaray y la yizia, presidían la oración comunitaria y velaban por la seguridad del territorio en nombre del soberano. En ocasiones, la administración fiscal se confiaba a un funcionario distinto del gobernador, lo que permitía al poder central ejercer un cierto control sobre los recursos provinciales.
En teoría, el emir era un delegado revocable cuya autoridad emanaba exclusivamente del califa. En la práctica, la enorme extensión del imperio, que llegó a abarcar desde la península ibérica hasta Asia Central, y la lentitud de las comunicaciones otorgaban a los gobernadores de las provincias más alejadas un margen de actuación considerable.
A partir del siglo siglo IX, el debilitamiento progresivo del poder abasí, agravado por las guerras civiles, las crisis fiscales y la creciente influencia de la guardia militar turca en Samarra y Bagdad, favoreció la aparición de dinastías de gobernadores hereditarios. Estos emires, aunque gobernaban de forma prácticamente soberana, solían conservar los símbolos de la lealtad al califa, en especial la mención de su nombre en la oración del viernes (jutba) y en la acuñación de moneda (sikka). Este reconocimiento formal proporcionaba legitimidad religiosa a su gobierno, mientras que el califa, incapaz de imponer su autoridad por la fuerza, obtenía a cambio la preservación de la unidad simbólica de la comunidad islámica.
El jurista al-Mawardi (m. 1058) dio forma teórica a esta realidad en su tratado Al-ahkam al-sultaniyya («Las normas del poder»), donde distinguió entre el emirato conferido por designación (imārat al-istikfāʾ) y el emirato obtenido por la fuerza (imārat al-istīlāʾ). Este último era aceptado como legítimo siempre que el emir reconociera la autoridad del califa y respetara la ley islámica.
Entre los casos más representativos de este proceso se encuentran los siguientes:
El proceso culminó en el año 945, cuando la dinastía buyí ocupó Bagdad y sus príncipes asumieron el control efectivo del gobierno, reduciendo al califa a una autoridad de carácter esencialmente religioso y simbólico.
La evolución política de al-Ándalus constituye un caso singular dentro de esta dinámica. Tras la conquista musulmana de la península ibérica iniciada en 711, el territorio se organizó como una provincia dependiente del Califato Omeya de Damasco, gobernada por valíes o emires designados desde la capital califal o desde Qairuán, sede del gobierno de Ifriqiya. Hacia 716-717, la capital provincial se estableció en Córdoba.
A diferencia de los emiratos orientales, la independencia andalusí no fue el resultado de una autonomía adquirida de forma gradual, sino consecuencia directa de la revolución abasí. En 750, los Abasíes derrocaron a los Omeyas y dieron muerte a la mayor parte de los miembros de la dinastía. Uno de los supervivientes, Abderramán I, logró huir al norte de África y desembarcó en la península en 755. Al año siguiente derrotó al gobernador Yusuf al-Fihri y se proclamó emir en Córdoba, fundando así el Emirato de Córdoba, que rechazó la autoridad del nuevo califato abasí aunque sin reivindicar para sí el título califal.
Casi dos siglos más tarde, en 929, Abderramán III adoptó el título de califa, dando origen al Califato de Córdoba. Esta decisión respondió tanto a la consolidación de su poder interno como a la necesidad de contrarrestar la amenaza ideológica del Califato Fatimí, proclamado en Ifriqiya en 909 sobre las ruinas del emirato aglabí. A partir de entonces coexistieron en el mundo islámico tres califatos rivales, lo que puso de manifiesto la fragmentación definitiva del ideal de un califato único.
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