El juicio a Pedro Castillo fue un proceso judicial iniciado el 4 de marzo de 2025 en contra de Pedro Castillo, ex presidente del Perú, luego de su intento de autogolpe de Estado en diciembre de 2022. Castillo, junto a algunos miembros de su gabinete ministerial, fueron acusados de conspirar para cometer rebelión y de abusar de su autoridad para subvertir el orden constitucional. Por su parte, Castillo afirmó que el juicio tenía motivaciones políticas.
En diciembre de 2022, tras un mensaje a la nación en el que anunció la disolución del Congreso y la intervención de diversas instituciones, efectivos policiales interceptaron y arrestaron a Castillo mientras se dirigía hacia la embajada de México en Lima. El Ministerio Público acusó a Castillo y a seis de sus colaboradores de rebelión, conspiración y grave alteración de la tranquilidad pública. El juicio posterior, descrito por la fiscalía como un hecho «sin precedentes en la historia del Perú», fue retrasado repetidamente por disputas procesales y una huelga de hambre. Tras la fase probatoria, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema introdujo el cargo alternativo de conspiración para la rebelión. Después de un juicio de ocho meses en 2025, Castillo fue condenado por conspiración para cometer rebelión, y sentenciado a prisión por once años y cinco meses. Permaneció en el Penal de Barbadillo, donde había estado recluido en prisión preventiva desde su arresto. En el mismo juicio, tres de los miembros de su gabinete recibieron sentencias similares por conspiración, mientras que tres mandos policiales fueron absueltos. El proceso fue descrito como el caso de mayor perfil que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema haya procesado jamás. La destitución y el encarcelamiento de Castillo desencadenaron movilizaciones sociales masivas a nivel nacional, que resultaron en la muerte de más de sesenta civiles durante los enfrentamientos con las fuerzas del Estado.
Los abogados defensores presentaron numerosas apelaciones fallidas que impugnaban la legalidad del arresto, la prisión preventiva, los procedimientos de vacancia parlamentaria y la imparcialidad de los jueces. Se atendieron varias apelaciones y se presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional del Perú. Tras las condenas, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió una opinión declarando que el encarcelamiento era arbitrario y exigiendo su liberación inmediata. El gobierno de Perú y el Tribunal Constitucional declaró que dicha opinión no era vinculante.
El Palacio Legislativo en Lima. La tensión sistémica entre el poder ejecutivo y el Congreso controlado por la oposición paralizó el Estado peruano y culminó en el intento de autogolpe de Castillo.
A principios de la década de 1990, el Perú estableció un marco económico neoliberal bajo la Constitución de 1993, promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Este diseño institucional minimizó la intervención estatal y promovió la inversión privada. Según los argumentos esgrimidos por politólogos, el sistema político sufrió un prolongado proceso de erosión institucional, caracterizado por la ausencia de partidos nacionales consolidados y una tensión persistente entre los poderes ejecutivo y legislativo.
El mayor éxito político del electorado rural se produjo en julio de 2021, cuando Pedro Castillo, un maestro rural y líder sindical de Cajamarca, ganó las elecciones presidenciales como candidato del partido de izquierda Perú Libre. Las elecciones de 2021 estuvieron fuertemente polarizadas. La oponente de Castillo, Keiko Fujimori, representaba al partido de derecha Fuerza Popular y la continuidad del modelo económico de su padre. Castillo ganó la segunda vuelta por un estrecho margen de 44 000 votos, obteniendo más del 80 por ciento de los votos en varios departamentos indígenas del sur. Según los sociólogos, sus partidarios veían a Castillo como un líder que desafiaría la hegemonía del capital extractivo transnacional y reescribiría la constitución. La Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales calificó la elección como un reflejo de una sociedad fragmentada, señalando que Castillo enfrentó la hostilidad inmediata de las élites tradicionales y de un Congreso sumamente adverso.
Investigaciones e intentos de vacancia
En 2022, el Ministerio Público y el Congreso, controlado por la oposición, iniciaron investigaciones sobre presuntos actos de corrupción por parte de Castillo y su gobierno. Los fiscales abrieron seis investigaciones contra Castillo, sus familiares y los miembros de su gabinete, acusándolos de pertenecer a una organización criminal, tráfico de influencias y colusión. En agosto de 2022, la fiscal de la Nación Patricia Benavides acusó al gobierno de Castillo de «obstrucción constante» a la justicia, después de que las unidades policiales que investigaban al presidente fueran reorganizadas abruptamente. Castillo calificó las investigaciones de políticamente motivadas.
Mientras tanto, el Congreso, dominado por partidos de derecha, utilizó mecanismos constitucionales para desafiar sistemáticamente al ejecutivo. Los legisladores iniciaron dos procesos de vacancia fallidos contra Castillo a fines de 2021 y en marzo de 2022, citando «incapacidad moral permanente». El conflicto entre los poderes del Estado paralizó el gobierno. El Congreso bloqueó sistemáticamente las iniciativas legislativas de Castillo y censuró repetidamente a sus ministros, obligándolo a nombrar cinco gabinetes diferentes en dieciséis meses.
Los abogados y partidarios de Castillo presentaron denuncias afirmando que el poder legislativo estaba ejecutando una estrategia de lawfare diseñada para destituirlo. En octubre de 2022, Castillo solicitó la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que envió un Grupo de Alto Nivel a Lima. La OEA concluyó que el país sufría de una inestabilidad democrática grave impulsada por el uso excesivo de herramientas de control político y una ruptura del diálogo. A pesar del llamado de la OEA a una tregua política, el Congreso aprobó una moción el 1 de diciembre de 2022 para iniciar un tercer proceso de vacancia, programando la votación final para la tarde del 7 de diciembre.
El juicio penal a Pedro Castillo se originó a partir de las investigaciones del Congreso y de la fiscalía dirigidas por la fiscal de la Nación Patricia Benavides sobre las actividades del expresidente peruano y miembros de su gabinete como Betssy Chávez y Aníbal Torres. Fueron acusados de conspirar para cometer rebelión y de abusar de su autoridad para subvertir el orden constitucional. Castillo y sus seguidores rechazaron los cargos, afirmando que el juicio tenía motivaciones políticas.
Los abogados defensores presentaron numerosas apelaciones fallidas que impugnaban la forma en que se llevó a cabo el arresto, la prisión preventiva, los procedimientos de vacancia parlamentaria y la imparcialidad de los jueces. Varias apelaciones fueron escuchadas por el poder judicial peruano, y se presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional del Perú. El exjuez de la Corte Interamericana de Derechos HumanosEugenio Raúl Zaffaroni se unió al equipo de defensa para las apelaciones internacionales. Tras el arresto, los partidarios de Castillo organizaron protestas y hubo intentos fallidos de lograr su exoneración.
El juicio
El juez supremo José Neyra Flores presidió el tribunal en Lima. La instalación del juicio se completó en marzo de 2025. Antes de que pudiera comenzar la fase probatoria, Castillo despidió a su abogado particular y se negó a aceptar a los defensores públicos designados por el tribunal.
El juicio a Castillo y a sus seis coacusados comenzó el 4 de marzo de 2025. Los abogados defensores presentaron numerosas mociones previas al juicio para anular el proceso. La fiscalía argumentó que Castillo y sus ministros habían coordinado activamente la movilización de la policía y el aparato de medios estatales para ejecutar un golpe de Estado, y que habían intentado arrestar a la fiscal de la Nación. La defensa presentó el caso de que la acusación era la culminación de una campaña sistemática de acoso por parte del establishment político, y que la fiscalía actuaba bajo las órdenes de la élite tradicional para proteger los intereses económicos transnacionales.
Durante el juicio, el tribunal ordenó una evaluación del análisis forense digital de las computadoras presidenciales para buscar evidencia de que el decreto de disolución había sido redactado con antelación. La búsqueda produjo un archivo llamado «mensaje.docx» creado la noche anterior al discurso. Otro retraso se produjo cuando el juicio se detuvo después de que Castillo sufriera una descompensación y fuera evacuado a un hospital. Aunque originalmente se esperaba que procediera sin problemas, el juicio fue interrumpido repetidamente. Un analista legal calificó la huelga de hambre de Castillo y las interrupciones procesales como un intento de «politizar el proceso».
La prueba más importante fue el testimonio de exfuncionarios estatales y mandos policiales, quienes habían recibido órdenes directas de cerrar el Congreso y evitar que los legisladores ingresaran al palacio legislativo. El comandante general interino de la Policía Nacional, Vicente Álvarez, testificó que escuchó a Castillo ordenar el arresto de la fiscal de la Nación. Varios testigos fueron exmiembros del gabinete que buscaron distanciarse del expresidente. El exministro de Defensa Gustavo Bobbio testificó que pensó que Castillo iba a dar un discurso conciliador y no intervino porque «dejó que cada quien se suicide solo». Bobbio afirmó que Castillo debería ser encarcelado «por estúpido, pero no por haber hecho un golpe». Ninguno de los principales acusados políticos testificó durante la fase inicial. Fuera de la corte, Castillo negó todos los cargos, calificándolos de «pantomima» y «farsa», y dijo que estaba encarcelado injustamente por negarse a someterse a los grupos de poder.
Veredicto y sentencia
Cambio procesal
Los jueces Antonio Neyra Flores, Norma Carbajal Chávez e Iván Guerrero López presidieron el juicio en la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Castillo y sus coacusados fueron imputados originalmente por cargos de rebelión, que según la ley peruana requiere un levantamiento armado público. En septiembre de 2025, antes de la conclusión del juicio, el tribunal introdujo una calificación legal alternativa. Apoyándose en un mecanismo conocido como «desvinculación procesal», el tribunal propuso añadir el cargo menor de «conspiración para la rebelión» a la acusación.
La opinión mayoritaria, redactada por Neyra y Carbajal, argumentó que si bien la fiscalía había enmarcado los eventos como una rebelión consumada, el debate probatorio reveló hechos que encajaban mejor con el delito de conspiración. Señalaron que «sin modificar el marco fáctico postulado en la acusación», el tribunal tenía la autoridad para aplicar la norma legal pertinente. Según el fallo final del tribunal, los acusados no lograron reunir los recursos materiales y de personal necesarios para constituir el levantamiento armado exigido por el tipo penal de rebelión, pero sí establecieron un acuerdo firme y coordinado para subvertir el orden constitucional.
Condena y encarcelamiento
El 27 de noviembre de 2025, Castillo fue condenado por conspiración para la rebelión y sentenciado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión. Fue absuelto de los cargos adicionales de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. La jueza Norma Carbajal, al leer la sentencia, afirmó que la pena era «legal, proporcional y la que corresponde imponer», añadiendo que Castillo había liderado la coordinación de la ruptura constitucional. El tribunal determinó que su mensaje televisado fue «una manifestación de que Castillo se arrogó el ejercicio del poder».
Como parte del juicio, tres de los colaboradores de Castillo también fueron declarados culpables. Betssy Chávez y Willy Huerta fueron condenados como coautores de la conspiración y recibieron sentencias idénticas de 11 años, 5 meses y 15 días. Aníbal Torres, el exjefe del gabinete de asesores, fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión. Además de las penas de prisión, Castillo, Chávez y Huerta fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante dos años, mientras que Torres recibió una inhabilitación de un año. Se ordenó a los cuatro condenados pagar una reparación civil solidaria de 12 millones de soles al Estado.
Tres mandos policiales acusados en el caso —Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón— fueron absueltos de todos los cargos. El tribunal determinó que no había pruebas suficientes más allá de una duda razonable de que se hubieran adherido al plan criminal o que poseyeran la intención organizativa mínima para participar en la conspiración.
Mientras que Castillo y Chávez ya se encontraban bajo custodia, el tribunal suspendió la ejecución de las sentencias de prisión para Torres y Huerta a la espera de la resolución de sus apelaciones, imponiendo estrictas restricciones de conducta en el ínterin.
Disidencia judicial
El juez Iván Guerrero López emitió un voto disidente, oponiéndose tanto al cambio procesal como a la calificación legal final. Argumentó que la introducción del cargo de conspiración era impropia e inaplicable al caso. En su disidencia escrita, Guerrero sostuvo que las acciones de Castillo fueron más allá de una mera conspiración y constituyeron un intento de rebelión (tentativa de rebelión).
Guerrero alegó violaciones constitucionales sistemáticas por parte del expresidente:
No se trató de una mera proclama apenas improvisada, pues, según el artículo 167 de la Constitución, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, por lo que su pronunciamiento, previa organización mínima, daba el inicio palpable y de alta probabilidad de prosecución de actos de las fuerzas armadas y policiales para que ostente el poder ilegítimamente.
A pesar de su divergencia sobre la categorización legal exacta, Guerrero coincidió con la mayoría en que Castillo había cometido un delito grave contra el Estado y que la vacancia congresal y la posterior detención fueron constitucionalmente válidas.
Repercusiones políticas y sociales
Polarización interna y protestas
Cuzco
Puno
Ayacucho
El mayor apoyo electoral a Castillo, y el epicentro de las protestas posteriores, se concentró en el «trapecio andino» del sur del Perú, incluyendo Cuzco, Puno y Ayacucho.
Protestas tras el arresto de Castillo. Los manifestantes de los Andes del sur exigieron su liberación, una nueva constitución y la disolución del Congreso. La consiguiente represión estatal resultó en más de sesenta muertes de civiles.
Los seguidores de Castillo insistieron en que fue encarcelado, no por ninguna violación de la ley, sino por su origen y sus creencias políticas. Castillo y sus abogados afirmaron que la clase política tradicional en Lima buscaba destruir su presidencia, y que el juicio fue el resultado de un conflicto estructural sobre el modelo económico del país. Esta afirmación se derivaba de la fuerte concentración de la base electoral de Castillo en el «trapecio andino» del sur del Perú. Alicia del Aguila informó, en un artículo para el Consorcio Europeo de Investigación Política, que la gran mayoría de los ciudadanos en estas regiones son indígenas y la pobreza rural supera el 45 por ciento.
Las encuestas del IEP (marzo de 2023) muestran que el 60% de los peruanos considera que Castillo debería estar libre, el 34% en prisión y el 6% no expresa opinión. Tras la detención de Castillo, los manifestantes en los Andes del sur marcharon contra el gobierno, exigiendo su liberación, la disolución del Congreso y una nueva constitución. El gobierno de su sucesora, Dina Boluarte, respondió con fuerza policial y militar para despejar los bloqueos de carreteras y detener las manifestaciones. Más de sesenta civiles murieron en los enfrentamientos. El sociólogo Jan Lust escribió que el Estado utilizó el juicio y la represión para proteger los intereses mineros extranjeros del movimiento político rural de Castillo.
El «fondo» es el mismo: las concesiones de Fujimori y las riquezas naturales.
[...] La «forma deformada» es el conjunto de argumentos pseudojurídicos retorcidos de quienes, por lo bajo, los sintetizaban en un susurro del que te quieren hacer cómplice con el más crudo racismo: «este cholo no puede ser presidente».
En un fallo emitido el 20 de febrero de 2024, el Tribunal Constitucional del Perú afirmó que el discurso de Castillo del 7 de diciembre «quebrantó el orden constitucional en el Perú e implicó la ejecución de un golpe de Estado». El tribunal determinó que esta emergencia constitucional justificaba su arresto inmediato bajo las leyes de flagrancia, eludiendo las audiencias parlamentarias estándar de antejuicio. El Tribunal Constitucional del Perú negó las afirmaciones de persecución política, describiendo las acciones de Castillo como un ataque «manifiesto» contra el orden constitucional y las instituciones democráticas del país. Durante el juicio, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema declaró que Castillo «no logró reunir los medios materiales y personales suficientes para estimar el levantamiento en armas exigido para el tipo penal de rebelión». El tribunal aplicó una desvinculación procesal para condenarlo por el cargo menor de conspiración para la rebelión.
Zaffaroni, profesor de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires en Argentina, comparó el juicio a Castillo con un «delito imposible» (tentativa inidónea), lo cual calificó como un absurdo bajo la doctrina penal. Escribió: «Castillo está preso por “alzarse en armas” cuando nadie alzó un arma y todos sabían que nadie la alzaría».
Reacciones internacionales y consecuencias diplomáticas
En 2022 y 2023, los líderes de varios países latinoamericanos, incluidos Colombia, México, Honduras y Chile, afirmaron que Castillo había sido blanco del establishment político, y criticaron abiertamente la legitimidad del juicio y la violencia estatal que lo acompañó.
El 4 de junio de 2026, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas presentó una opinión declarando que el encarcelamiento de Castillo era arbitrario y violaba el derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno peruano respondió diciendo que Castillo había recibido el debido proceso bajo las leyes del Perú y que el arresto era legal bajo las leyes de flagrancia. El Grupo de Trabajo determinó que la detención de Castillo carecía de base legal, señalando que la policía lo arrestó sin una orden judicial y que se ignoró el requisito constitucional de una audiencia de antejuicio.
Además, el panel clasificó la detención como arbitraria, concluyendo que el Congreso y el poder judicial peruanos le habían negado a Castillo el derecho a un juicio justo, a una defensa adecuada y a un tribunal competente. El Grupo de Trabajo observó que las condenas públicas por parte de funcionarios estatales antes de su condena habían violado su presunción de inocencia y creado un ambiente de intensa presión política. Aunque la defensa de Castillo argumentó que era víctima de discriminación generalizada debido a sus orígenes campesinos, el panel encontró pruebas insuficientes para respaldar esta afirmación, atribuyendo los eventos en cambio a una continua confrontación política. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU recomendó la liberación inmediata de Castillo y pidió que el gobierno le proporcionara una compensación. Sin embargo, se detalló que el Grupo de Trabajo no había tomado en cuenta para su análisis la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la vacancia de Castillo que fue emitida en el año 2024, tampoco se consignó el intento de fuga de Castillo a la embajada de México, la sentencia emitida por el Poder Judicial ni la razón de la desestimación para imponer vigilancia electrónica a Castillo, se consignó en el informe del Grupo de Trabajo que las autoridades habían adelantado opinión con respecto al delito a pesar de que los pronunciamientos hablaron de que se había quebrado el orden constitucional mas no del delito cometido a la par que no se tomó en cuenta que recaía sobre Castillo una medida de prisión preventiva por otro caso aparte.
El 15 de agosto de 2026, se informó que el Poder Judicial declaró improcedente el habeas corpus presentado por la defensa de Castillo, que solicitaba su liberación bajo el amparo de la opinión del Grupo de Trabajo, esto debido a que dicha opinión no era vinculante con el Estado peruano.
Del Aguila, Alicia (enero de 2023). «The roots of political conflict in Peru». The Loop(en inglés) (European Consortium for Political Research). Consultado el 12 de julio de 2026.
Lust, Jan (2024). «La lucha de clases en el Perú. El surgimiento y la caída de un presidente de izquierda, 2021-2023». Papel Político29. doi:10.11144/Javeriana.papo29.lcps.
Zamitiz Gamboa, Héctor (2026). «Fragilidad democrática, crisis política e ingobernabilidad en el sistema político peruano: el mandato de Pedro Castillo (2021-2023)». Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales71 (256): 383-420. doi:10.22201/fcpys.2448492xe.2026.256.89495.
UN WGAD (4 de junio de 2026). Opinión núm. 78/2025, relativa a José Pedro Castillo Terrones (Perú). Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. A/HRC/WGAD/2025/78.
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