Chavismo (Costa Rica)

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Chavismo (Costa Rica)
Líder Laura Fernández Delgado
Fundador Rodrigo Chaves
Vocera Pilar Cisneros
Fundación 8 de mayo de 2022
Ideología Populismo de derecha
Reformismo
Neoliberalismo
Liberalismo económico
Conservadurismo social
Antisistema
Posición Derecha a extrema derecha
Coalición Coalición Chavista/Rodriguista (De facto)
Miembro de Partido Progreso Social Democrático (2021-2022)
Pueblo Soberano (desde 2022)
Sede Casa del Rodriguismo
País Costa Rica Costa Rica
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El chavismo es un movimiento populista de derecha costarricense basado en las aspiraciones políticas del expresidente Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, con un discurso crítico hacia sectores tradicionales de la clase política y la burocracia estatal.

De acuerdo al medio alemán DW Español:

Chaves, una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido despertar los cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia, sin embargo secuestradas por la politiquería tradicional.

Por el contrario, según sus promotores, el movimiento aboga por un fuerte cambio en la función del Estado: reducción del gasto público, reformas orientadas a la eficiencia administrativa y una política económica de corte liberal.

Contexto político

Su origen político se ubica en la figura del exmandatario Rodrigo Chaves y en el rechazo de parte de la población costarricense hacia la clase política tradicional. Según dirigentes del movimiento, se asoció con la lucha contra la corrupción y el fin del «sistema caduco» de los partidos tradicionales. Este discurso fue retomado y promovido por la candidata Laura Fernández Delgado del Partido Pueblo Soberano, quien lo presentó como una «revolución» y como continuidad de la gestión de Chaves para las elecciones de 2026, en la conformación de como lo denominan «la fundación de la Tercera República» planteando un cambio profundo en la forma de hacer política en Costa Rica. La elección de Fernández el 1 de febrero de 2026 consolidó al chavismo como fuerza oficialista y evidenció la reconfiguración del escenario político costarricense, marcado por el debilitamiento de los partidos históricos y el fortalecimiento de movimientos personalistas y antisistema.

Características

El movimiento afirma buscar un cambio del sistema político, mediante la ruptura con los partidos y prácticas tradicionales. Argumenta luchar contra el crimen organizado, reducir trámites y gastos de algunas instituciones públicas. Dice señalar actos de abuso y corrupción dentro de las instituciones públicas.

Diversos análisis periodísticos y declaraciones públicas atribuyen al chavismo una orientación caracterizada por posiciones críticas hacia el modelo social costarricense, un enfoque de austeridad en materia económica y una postura de confrontación con sectores institucionales tradicionales.

Estado del Bienestar

Rodrigo Chaves ha cuestionado el modelo social costarricense por considerarlo financieramente insostenible. Ha criticado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), responsable del sistema de salud universal, y ha puesto en duda la viabilidad de la cobertura sanitaria consagrada en la constitución. También ha defendido recortes presupuestarios en educación y ha calificado como una «medida populista» el mandato contenido en la carta magna que establece un gasto mínimo del 8 % del PIB en tal sector. Además, durante el periodo 2022-2026, el otrora principal proveedor de telefonía, Instituto Costarricense de Electricidad, ha perdido gran parte de su mercado e ingresos.

El elector chavista cree, por su parte, que Chaves ha impulsado un debate profundo y necesario al respecto. Para ellos, Chaves Robles alerta sobre los riesgos financieros de mantener un sistema que, sin reformas estructurales, podría comprometer su viabilidad a largo plazo.[cita requerida] En lugar de atacar las conquistas históricas, ha defendido la necesidad de proteger y fortalecer instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), promoviendo una gestión más eficiente que garantice la cobertura sanitaria universal consagrada en la constitución para las generaciones futuras.[cita requerida]

Libertad de prensa: la disyuntiva entre la «prensa canalla» y la «prensa vasalla»

Diversos organismos internacionales han señalado un deterioro de la libertad de prensa durante el periodo asociado al chavismo costarricense. Según el diario La Nación, Costa Rica ha caído de forma sostenida en los índices de Reporteros Sin Fronteras debido a los ataques verbales del Ejecutivo contra medios, a las restricciones al acceso a información pública y a un ambiente de hostilidad hacia periodistas críticos. La Sociedad Interamericana de Prensa y el Committee to Protect Journalists han advertido sobre presiones económicas, estigmatización desde el discurso oficial y un clima que favorece la autocensura, factores que han afectado la posición histórica del país como referente regional en libertad de expresión.

Por el contrario, según los adeptos al régimen, se ha generado un intenso debate sobre la relación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación, marcado por críticas mutuas. El gobierno defendió que su política buscaba precisamente fortalecer la verdadera libertad de prensa al romper con prácticas históricas de corrupción y clientelismo en la distribución de la pauta estatal.[cita requerida]

En palabras de la presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Yanancy Noguera Calderón:

Para Chaves, la prensa es un enemigo permanente. El presidente necesita una confrontación continua entre el bien y el mal, para elevar el espíritu de las personas que se sienten excluidas y desprotegidas. Utiliza esta dinámica de polarización contra la prensa para explorar las frustraciones nacionales.

Los colaboradores del jefe del Ejecutivo argumentan que los grandes medios tradicionales, tales como Teletica/Canal 7, CRHoy, Amelia Rueda y La Nación, se agrupan en la así llamada «prensa canalla». Estos habían sido grandes beneficiarios de millonarias pautas publicitarias públicas durante gobiernos anteriores, a cambio de un supuesto silencio o cobertura complaciente frente a casos de corrupción.[cita requerida] En esta línea, la Administración impulsó una redistribución más amplia de la publicidad estatal hacia medios supuestamente «emergentes y regionales», que «respaldan al Gobierno, atacan a medios de comunicación y cuestionan a la oposición». A estos últimos podrían denominárseles «prensa vasalla».

Según el ideario chavista, el objetivo es el de «democratizar» el acceso a los recursos públicos y reducir la concentración de poder mediático, pese a que las medidas promovidas desde el Ejecutivo han provocado el efecto contrario. De acuerdo con los seguidores del régimen, ello generó fuertes resistencias de los grupos tradicionales, que interpretaron la pérdida de pauta como retaliación,[cita requerida] elevando el tono del conflicto.

De acuerdo con la visión chavista, el deterioro en los rankings reflejaba más el malestar de una prensa acostumbrada a privilegios[cita requerida] que una amenaza real a la libertad de expresión. En su perspectiva, Costa Rica mantuvo su marco legal sólido de protección a periodistas, sin violencia física sistemática ni censura formal, y el gobierno promovió mayor escrutinio ciudadano a través de nuevos canales de información. Los enfrentamientos, argumentan, representaron un «despertar democrático»: el fin de un sistema donde la pauta estatal servía para «callar la corrupción» y el inicio de una relación más transparente, con menor vínculo entre el poder político y las grandes corporaciones mediáticas.[cita requerida]

Crisis democrática

El 10 de agosto de 2026, 34 organizaciones internacionales dieron a conocer su inquietud por las claras señales de deterioro de la independencia judicial y de la institucionalidad democrática en Costa Rica.

La declaratoria contó con varias firmantes, entre las que destacaban el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Civicus, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Hivos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otras.

Entre sus principales preocupaciones, las entidades mencionaron la falta de nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, la reducción de recursos para el Poder Judicial y los discursos de autoridades públicas contra personas vinculadas con la administración de justicia.

Según las organizaciones, Costa Rica se distinguió históricamente en América Latina por la estabilidad de sus instituciones, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial.

Además, lamentaron los discursos de representes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, contra jueces y empleados de Poder Judicial. En su opinión, dichas manifestaciones pueden socavar a este último Poder y debilitar su función como contrapeso institucional.

Políticas ambientales

El movimiento de Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles prioriza un enfoque pragmático y equilibrado en materia ambiental, buscando conciliar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y la generación de empleo.[cita requerida] En lugar de adoptar automáticamente compromisos internacionales percibidos como restrictivos, la administración puso énfasis en medidas concretas de conservación, reforestación y desarrollo sostenible que respeten las necesidades del sector productivo costarricense.[cita requerida]

Respecto al Acuerdo de Escazú, el gobierno decidió no ratificarlo argumentando que podría generar incertidumbre jurídica y sobrecargas burocráticas para el sector privado,[cita requerida] especialmente en actividades agrícolas, turísticas e industriales clave para la economía nacional. En su lugar, Chaves defiende fortalecer los mecanismos nacionales ya existentes de acceso a información ambiental y participación ciudadana, considerados suficientes y más adaptados a la realidad costarricense, sin necesidad de tratados externos que podrían limitar la soberanía en la toma de decisiones.

Política exterior

El chavismo costarricense ha mostrado una gran sintonía con el presidente Donald Trump. Rodrigo Chaves ha participado en eventos con figuras cercanas al movimiento Make America Great Again (MAGA). En ellos, elogió públicamente a Trump y adoptó parte de su retórica. Este acercamiento ha generado debate en Costa Rica sobre la orientación de la política exterior del gobierno, así como cuestionamientos a la soberanía estratégica del país en este respecto.

En materia internacional, ha mostrado una postura favorable hacia lsrael durante la guerra de Gaza. Según reportes de prensa, Rodrigo Chaves Robles ha defendido públicamente al gobierno de Israel frente a críticas y anunció la negociación un tratado de libre comercio bilateral, pese a las obligaciones internacionales de Costa Rica bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Seguridad y crimen organizado

El movimiento ha enmarcado parte de su discurso en torno al aumento de la criminalidad. Sin embargo, informes periodísticos señalan que, desde comienzos del Gobierno Chaves Robles en 2022, Costa Rica se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito para el tráfico de drogas procedentes de Sudamérica hacia Europa y Estados Unidos.

Primera administración chavista (2022-2026)

Laura Virginia Fernández Delgado aseguró que el país alcanzó «las cifras más altas de incautaciones de droga» entre 2022 y 2026. No obstante, el volumen total de decomisos de cocaína durante el gobierno de Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles fue cerca de 21% menor al registrado en la administración de Carlos Andrés Alvarado Quesada. Vale destacar que Costa Rica sí alcanzó un récord de decomisos de marihuana durante ese periodo, con un volumen 52% mayor al registrado en el cuatrienio anterior.

2022

En setiembre de ese año, el Ejecutivo anunció un recorte presupuestario de un 37% al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que representaba más de 2.900 millones de colones (5,35 millones de dólares, aproximadamente). Con ello, se realizó una afectación en los gastos operativos (cambio de más de 800 chalecos antibalas) y la compra de equipo (cascos balísticos, escudos y munición). Además, impactó negativamente la alimentación de los detenidos.

Dos meses más tarde, el Gobierno nombró como director del Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) a Fernando Ramírez Serrano, hijo de un condenado a 12 años de prisión por tráfico internacional de estupefacientes.

El 14 de diciembre de ese año, Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles evitó responsabilizarse por la ola de homicidios que entonces azotaba al país. Según él, los primeros cuatro meses correspondían al Gobierno anterior. Finalizó diciendo que sus estadísticas comenzaban a partir de 2023.

2023

Durante julio salió a la luz la vulneración de los escáneres instalados por el Gobierno en el puerto de Moín, en el Caribe costarricense.

En setiembre, el diario mexicano El Universal publicó un reportaje sobre la lucha contra la droga en Costa Rica. En él, se citaba una presunta negociación entre autoridades costarricenses y el narco para disminuir el número de homicidios. De acuerdo con el artículo, las muertes eran producto de la guerra entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Asimismo, el Ejecutivo decidió sacar a los miembros de la Policía de Control de Drogas de los aeropuertos, muelles y fronteras para llevarlos a colaborar con otros cuerpos policiales del país.

Finalmente, Costa Rica cerró el 2023 con la cifra histórica de 907 homicidios, lo que representó un incremento del 38,6 % en comparación con el año anterior.

2024

Funcionarios de la Policía de Control de Drogas (PCD) denunciaron en febrero que el personal especializado en la lucha contra el narco fue trasladado a puestos administrativos desde de setiembre de 2023. Anteriormente, estos policías realizaban operativos en los puertos fronterizos más importantes. Un mes más tarde, Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles y el entonces ministro de Seguridad, Mario Enrique Zamora Cordero, trasladaron la sede de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas a 45 kilómetros del mar más cercano.

El año terminó con la revelación de que el Ministerio de Justicia y Paz, encabezado por Gerald Campos Valverde, no había informado a la Fiscalía sobre el traslado de 2.227 de privados de libertad al sistema semiinstitucional. En la práctica, ello significaba que tales personas cumplían su pena fuera de los centros penitenciarios.

Además, el 18 de diciembre, salió a la luz que el presidente incumplió su promesa de darle un terreno para el OIJ en Limón, considerado entonces como la mejor dependencia judicial del país.

2025

En enero, el Ministerio de Hacienda, a través del director de Presupuesto Nacional, dio a conocer por un oficio que se le negaba al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los fondos aprobados por la Asamblea Legislativa. Ello significó la no contratación de 823 plazas necesarias (investigadores, fiscales, peritos y técnicos judiciales) para combatir el crimen organizado. Dicha negativa fue reiterada en febrero, marzo y setiembre; lo que contrastó con la disponibilidad de recursos presupuestarios para el Ministerio de Seguridad.

Por otro lado, en febrero de ese año, se nombró a Juan Ignacio Rodríguez Araya como presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (INDER). Siete días más tarde, presentó su renuncia, luego de que el OIJ anunciara que había registrado llamadas entre el funcionario y un presunto cabecilla de un grupo narco.

También en el segundo mes de 2025, los diputados de oposición descubrieron la subejecución de 34.800 millones de colones (65,35 millones de dólares, aproximadamente) en seguridad y 20.000 millones de colones (cerca de 39,28 millones de dólares) en justicia.

El 14 de febrero de 2025, Chaves vetó ley de ampliación de horario de allanamientos. Esta permitía al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fiscalía realizar allanamientos las 24 horas del día. Sin embargo, el Congreso reselló la legislación en setiembre, lo que permitió su entrada en vigor.

En junio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó el Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025 (INCSR, por sus siglas en inglés). En él se nombró al país como una ruta primaria para el narcotráfico durante el 2024, especialmente por el puerto de Moín. Casa Presidencial publicitó solo aquellas menciones favorecedoras a su gestión y omitió las vulnerabilidades detectadas en el reporte. Asimismo, olvidó citar que dicho documento reconoció que el Ministerio Público había incrementado sus investigaciones y procesamientos por corrupción gubernamental.

A lo largo ese mismo mes, se revelaron videos de Celso Manuel Gamboa Sánchez, en una visita al condominio Monterán, lugar en el que vive el entonces mandatario Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles. Las grabaciones destacaron por frases dichas en ellas, tales como: «Negro, va a conocer al presidente». Gamboa Sánchez es considerado por el Departamento de Justicia estadounidense como un importante capo de la droga en Costa Rica, razón por la cual fue uno de los primeros costarricenses en ser extraditados a ese país.

En la misma línea, el jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres Carrillo, reconoció haberse reunido con Gamboa Sánchez en enero de 2023. A dicho encuentro asistieron dos personas más, los hermanos Jair y Mario Estupiñán Montaño, a quienes el director creía informantes. Posteriormente, se supo que ambos eran sospechosos de tráfico internacional de cocaína. Torres Carrillo no informó a sus superiores de esa reunión hasta febrero de 2023.

En julio, trascendió a la luz pública que el entonces ministro de Justicia, Gerald Campos Valverde, había enviado información reservada a Gamboa Sánchez en 2021. En aquel entonces, el funcionario se desempeñaba como subdirector del OIJ. Por tal motivo, la Corte Plena lo sancionó, al hallarlo responsable de una falta grave, el 9 de agosto de ese año.

También se dieron a conocer detalles del expediente judicial del caso Riverside, contra la familia de Edwin López Vega, conocido como Pecho de Rata. Ellos puntualizaban que la decisión del exviceministro de Unidades Especiales de Seguridad Pública, Manuel Jiménez Steller, de retirar la policía de Guardacostas de Sixaola, limitó la vigilancia policial y favoreció la construcción de dos pistas clandestinas.

El 24 de agosto de 2025 se dieron a conocer los candidatos a diputados del Partido Pueblo Soberano para las elecciones de 2026. En el primer lugar de Alajuela, se eligió al jurista José Miguel Villalobos Umaña, reconocido por ser el abogado del expresidente Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles en sus distintos pleitos judiciales. Asimismo, destaca como litigante en procesos que involucran a acusados por delitos vinculados al narco o por abuso sexual contra menores de edad.

Segunda administración chavista (2026-2030)

2026

El 14 de julio, la presidenta de la República, Laura Virginia Fernández Delgado, ordenó el regreso de la Policía de Control de Drogas (PCD) a los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos del país. Ello significó dar marcha atrás a la decisión tomada por su antecesor de movilizarlos a funciones administrativas. Semanas más tarde, los diputados del bloque chavista evitaron que el exmandatario Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles respondiera por los hechos ante la Asamblea Legislativa, según las denuncias de febrero de 2024.

Por otro lado, un operativo conjunto del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de la República determinó que al menos 14 toneladas de cocaína habían salido hacia Europa y Estados Unidos, con la supuesta colaboración de agentes de la Fuerza Pública. Los resultados del denominado caso Clarividente (también llamado Leviatán) contrastaban con las proclamas del exjefe del Ejecutivo costarricense quien, el 27 de setiembre de 2023, declaró ante la prensa que «ni un gramo de coca» había salido del puerto caribeño de Moín hacia el extranjero.

A finales del sétimo mes del año, también se dio la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el hombre más buscado en Costa Rica. Tras su aprehensión, se refirió de manera espontánea a la colaboración de funcionarios del Ministerio de Seguridad durante sus años de fuga. Tras su arresto, el Gobierno de la República felicitó inicialmente al personal del OIJ. Sin embargo, tanto la presidenta Fernández como el superministro Chaves no escondieron sus recelos por el traslado del convicto desde el centro penitenciario La Reforma hasta los Tribunales de Justicia. Ante esto, el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, explicó que debían tomársele las declaraciones en el juzgado, así como ser entrevistado por la DEA. El funcionario judicial salió al paso de los cuestionamientos, y se preguntó de dónde nacían los temores del Ejecutivo ante lo que el preso pudiera confesar.

Con todo, este gran golpe al narco no fue suficiente para Casa Presidencial. Según declaraciones del director interino del OIJ, Michael Mauricio Soto Rojas, poco tiempo después de concluido el altercado, se le informó de un nuevo recorte presupuestario de ¢3.053 millones (cerca de $6,70 millones), por orden del superministro de Hacienda y Presidencia, Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles.

Pocos días más tarde, se supo que Cristian Arguedas Arguedas, excandidato a procurador general propuesto por Chaves Robles, fue enviado a prisión preventiva por un caso relacionado con hija del extraditado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata.

Persecución a la disidencia

A lo largo de la vida del chavismo costarricense, se han llevado a cabo diversas acciones para minar la confianza entre los distintos sectores que adversan sus políticas. Algunas de ellas se detallan a continuación:

Propaganda contra los funcionarios de otros Poderes del Estado

En enero de 2025, apareció una serie de vallas publicitarias en zonas de alta afluencia vehicular. En ella se instaba a la renuncia de diversos funcionarios públicos que, de una u otra forma, habían adversado al presidente Chaves. Se trataba de Rodrigo Gerardo de Jesús Arias Sánchez, entonces presidente de la Asamblea Legislativa; Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Carlo Díaz Sánchez, fiscal general; y Marta Acosta Zúñiga, contralora general. Tiempo después, salió a la luz el nombre del financista de dicha campaña de desprestigio: el empresario venezolano nacionalizado costarricense Boris Vasir Marchegiani Carrero. En mayo de 2026, durante una nueva administración chavista (Laura Virginia Fernández Delgado [2026-2030]), se le nombró como embajador ante la ONU, tras haber sido también uno de los principales donantes de campaña política del nuevo vehículo electoral del oficialismo.

Marcha contra el fiscal general

El martes 18 de marzo de 2025, a instancias del jerarca de Casa Presidencial, se llevó a cabo la primera marcha contra un fiscal general en la historia del país centroamericano. De acuerdo con los organizadores, entre los que figuraban tanto Chaves Robles como Marchegiani Carrero, se quería demostrar cómo el jefe del Ejecutivo representaba «la voz del pueblo», que venía a sacar «a las ratas» como Carlo Díaz Sánchez del Poder Judicial. En dicho evento, nunca se mencionó el gran número de causas penales abiertas del líder, las cuales contabilizaban 148 expedientes para mediados de julio de 2026. Los representantes de los demás Poderes vieron en esta manifestación un «acto de presión e intimidación» contra las instituciones encargadas de velar por la legalidad y la transparencia en Costa Rica.

Retiro de visados a opositores

El sábado 2 de mayo de 2026, trascendió que el Gobierno de Estados Unidos había revocado el visado a dos miembros de la Junta Directiva del diario La Nación. Anteriormente, ya se había hecho lo propio con ocho ciudadanos nacionales, sobre todo funcionarios y exjerarcas del Estado costarricense. Entre estos, estaban el expresidente y premio nobel Óscar Rafael de Jesús Arias Sánchez; los magistrados constitucionales Paul Rueda Leal y Fernando Cruz Castro; los exdiputados Francisco Nicolás Alvarado (PLN), Vanessa de Paul Castro Mora (PUSC), Cynthia Córdoba Serrano y Johana Obando Bonilla, estas últimas independientes.

En su momento, Obando Bonilla sugirió que el retiro del permisos correspondía a una forma de amedrentamiento a los opositores. En sede parlamentaria, aseguró que el Poder Ejecutivo estaba detrás de la decisión del gobierno de los Estados Unidos para retirarle su visa personal y diplomática. Asimismo, cuestionó sobre qué había canjeado el jefe del chavismo con la Administración Trump para que este persiguiera a quienes no se alineaban con sus deseos. Este «fuego cruzado» comenzó tempranamente en la administración Chaves Robles, lo que dificultó la capacidad del sistema político para responder a las demandas de la ciudadanía y avanzar en áreas clave para el desarrollo del país.

Primeros exiliados políticos

El 13 de enero de 2026, el entonces presidente Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles y Jorge Torres Carrillo, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), acusaron a un grupo de costarricenses de planear un magnicidio y un golpe de Estado. Se trataba de varios influenciadores y activistas, la mayoría simpatizantes del partido de oposición Frente Amplio. Ellos eran: Silvia Elena Ziesing Camacho, Stella Chinchilla Mora, Gerardo Célimo Guido Cruz, Óscar Campos Chavarría, Erick de los Ángeles Sojo Marín. Se les acusó de los delitos de tentativa de homicidio y conspiración.

Meses más tarde, el 8 de agosto de 2026, Ziesing Camacho publicó un video en su perfil de Facebook en el que confesaba haber procurado protección internacional para refugiarse en el extranjero. Acusó a los Gobiernos chavistas de persecución política, seguimientos y amenazas, incluso de muerte, que alcanzaron también a su familia. En su relato, dijo que todo había comenzado en octubre de 2025, cuando empezó a notar vehículos estacionados frente a su vivienda durante largos periodos, a veces incluso noches enteras.

El acoso había incrementado en forma de llamadas telefónicas y mensajes, tanto por WhatsApp como por otras redes sociales. En ellos, las intimidaciones se volvieron personales y cercanas. Incluso, llegaron a enviarle fotografías de la residencia de su madre. En su relato al diario La Nación, afirmó que, en una visita al centro de Heredia, dos sujetos la habrían interceptado. Mientras esperaba, dos personas se le acercaron para decirle «la vamos a acostar, hijueputa».

Ante el nulo avance a las denuncias planteadas por Ziesing Camacho ante las autoridades, ella decidió que, por su seguridad y la de su familia, lo mejor era salir exiliada de Costa Rica.

Software Pegasus

El lunes 10 de agosto de 2026, la presidenta Laura Virginia Fernández Delgado secreto de Estado toda información vinculada al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el grupo de trabajo Fuerza Élite, así como cualquier otra coordinación que sobre el tema de seguridad y defensa del Estado dirija la Presidencia de la República.

Mientras se discutía este asunto en sede parlamentaria el miércoles 12 de agosto, la diputada chavista Katia Calvo Cruz mencionó y defendió lo que denominó «operación Pegasus» al referirse a los hechos. De seguido, negó que tal operación estuviera relacionada con el software espía, cuyo origen está en una empresa ubicada en el territorio ocupado por la entidad sionista. Por su parte, la opositora Sigrid Segura Artavia arguyó que tanto funcionarios actuales como antiguos de la DIS «tienen preocupación de la utilización de esa tecnología».

Políticos y grupos relacionados

El partido Pueblo Soberano fue el elegido para representar la continuidad del oficialismo, de la mano de su presidenta, Mayuli Ortega Guzmán. La exdiputada y periodista Pilar Cisneros Gallo fungió como vocera de la agrupación.

A pocos días de las elecciones, el exdiputado Leslye Bojorges renunció al Partido Unidad Social Cristiana y publicó por redes sociales su adhesión al chavismo. De igual manera, al menos 14 alcaldes renunciaron a sus agrupaciones originales para apoyar en la campaña electoral, entre ellos: Margoth Mora Navarro del PLN (Buenos Aires), Ana Matarrita McCalla del PAL (Limón), Alonso González Madrigal del PLP (Bagaces), Beatriz Mora Valverde del Partido Justicia Social Costarricense (Guácimo), Máximo Chaves Ovares del PPSD (Atenas), Diana Méndez Masís del PPSD (Carrillo) y María Gabriela Jiménez Corrales del PUSC (San Ramón).

En abril de 2026, poco después del triunfo electoral del Partido Pueblo Soberano, nueva enseña del chavismo, su máximo representante, Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles, se reunió con el llamado Foro Mi País. Según el fundador y director, Reynaldo Salazar, esta es una organización de carácter evangélico, con una ideología que ellos denominan «cristianismo social». De acuerdo con este pastor, el socialcristianismo de raíz católica, habla primero de lo social y luego de lo cristiano. En contraposición, ellos anteponen lo cristiano a lo social. Es decir, argumentan basarse en los preceptos bíblicos para, a partir de ese fundamento, analizar los temas políticos o sociales.

Durante el encuentro con los líderes del cristianismo protestante, Chaves Robles declaró:

Lo importante es que el pueblo de Costa Rica ha recuperado los dos Poderes de la República, el Legislativo y el Ejecutivo, obviamente nos falta el Poder Judicial y ante ustedes y ante la presencia permanente de nuestro señor, juro que yo daré el esfuerzo que pueda y que doña Laura me deje para también recuperar ese Poder de la República

Presidentes de la República

Nombre

(Nacimiento-muerte)

 Imagen Período en el cargo Partido
Inicio Final
Rodrigo Chaves

(1958-)

 8 de mayo de 2022 8 de mayo de 2026 Partido Progreso Social Democrático
Laura Fernández

(1980-)

 8 de mayo de 2026 En el cargo Partido Pueblo Soberano

Referencias

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