Paternidad forzada

Críticas y propuestas

El hecho de que un varón víctima de una paternidad forzada tenga obligación de pagar pensión de alimentos ha suscitado críticas por parte de varios juristas y del movimiento por los derechos de los hombres. Se alega que esto supone un trato desigual para con el sexo masculino:

La legislación actual sobre el uso no autorizado de esperma crea un sistema de castas entre quienes son víctimas de técnicas de reproducción asistida y quienes no; priva a los hombres de sus derechos reproductivos; y obliga a las víctimas a pagar por su victimización, recordándoles constantemente esta situación mediante la manutención infantil. Nada de esto se hace en nombre de un propósito superior, como el interés superior del niño; todo se hace para preservar los fondos públicos y establecer una norma rígida para la economía judicial. Una solución más equitativa, basada en el consentimiento, subsanaría estas deficiencias, empoderaría a las víctimas de ambos sexos y garantizaría la defensa del interés superior de los niños nacidos y víctimas. Cuando la ley reconozca que los hombres pueden ser víctimas y las mujeres pueden ser agresoras, habrá verdadera igualdad entre los sexos y se cumplirán los ideales constitucionales defendidos por la Corte Suprema. Hasta entonces, a las víctimas masculinas se les dirá que su victimización no es tan importante como la de las mujeres o como los fondos públicos.

Myrisha S. Lewis ha escrito que los hombres víctimas de fraude anticonceptivo, agresión sexual o violación estatutaria no deberían ser «castigados con la obligación de pagar pensión alimenticia, sino recibir compensación por el uso no autorizado de sus productos biológicos». Argumenta que la política de responsabilidad objetiva penaliza injustamente a los hombres víctimas de agresión sexual y contrasta su situación con la de los donantes voluntarios de esperma, quienes están exentos de responsabilidad alimentaria.

Steve Moxon ha escrito: «solo es cuestión de tiempo antes de que se ponga fin a la absurda noción del “robo de esperma”. La situación actual es la de una presa contenida por el concepto del “interés superior del menor”, que actúa como sustituto del “interés del Estado” en evitar pagar pensiones alimenticias. Solo hace falta un caso que afirme con éxito los derechos del hombre engañado para que la presa se rompa».

En su artículo «It's ten o'clock: do you know where your sperm are?», Laura Wish Morgan destaca la teoría de responsabilidad objetiva en materia de filiación. Señala casos en los que el padre ha sido considerado responsable del pago de pensión alimenticia incluso si era menor de edad en el momento de la concepción, y, por tanto, víctima de violación estatutaria («La relación sexual en estos casos es “voluntaria en los hechos” y, por tanto, intencional, incluso si es no consensual en el sentido penal»). Morgan también documenta un caso «algo inquietante» en el que una mujer violó a un hombre después de que este se emborrachara en una fiesta y perdiera el conocimiento; la madre admitió haber actuado así. No obstante, el tribunal lo consideró responsable de la pensión alimenticia («la conducta ilícita de la madre al causar la concepción no eliminó la obligación del padre de proporcionar manutención»). Morgan concluye: «a todos los hombres que se quejan de pagar pensión alimenticia por hijos que no querían, el consejo simple es: “Cállate y ponte un condón. Y deshazte de él tú mismo.”»

Incluso se ha propuesto en un artículo que la madre violadora sea privada de derechos sobre el niño:

La sola prueba del acto sexual con un menor de edad constituye prueba de culpabilidad por agresión sexual, y un hijo biológico de la víctima menor de edad y el perpetrador —la misma evidencia que las mujeres en estos casos usarían para generar responsabilidad por manutención infantil— sin duda establece dicha prueba. Una vez probado que el acusado engendró al niño siendo menor de edad, la ley debería tratar tanto a la violadora como a la víctima como a sus contrapartes masculinas y femeninas. La conducta delictiva de la mujer debería conllevar la disolución de sus derechos parentales sobre el niño, al igual que ocurre con los violadores. Tras dicha disolución, la víctima masculina debería gozar de derechos similares a los de sus pares femeninas; debería obtener la patria potestad exclusiva sobre el niño y poder tomar la misma decisión que su contraparte femenina sobre si dar al niño en adopción o asumir las responsabilidades parentales.

Petición al Parlamento del Reino Unido

Make forced fatherhood illegal. Give men the choice NOT to be a father (Prohibir la paternidad forzada. Dar a los hombres la opción de NO ser padres) fue una petición presentada en el sitio web oficial de peticiones del Parlamento del Reino Unido (petition.parliament.uk), una plataforma gubernamental destinada a que los ciudadanos soliciten acciones concretas al Gobierno o al Parlamento. La propuesta afirmaba que las mujeres en el Reino Unido pueden renunciar a la maternidad en casos de embarazo no intencional mediante aborto o adopción, mientras que los hombres carecen de un mecanismo equivalente para evitar convertirse en padres biológicos. Según el texto, esta situación permitiría que una mujer “atrapara” a un hombre en la paternidad, obligándolo a asumir responsabilidades económicas y sociales no deseadas.

La petición fue rechazada el 24 de febrero de 2017, al considerar el Parlamento que no especificaba con claridad qué acción concreta debía emprender el Gobierno o la Cámara, requisito necesario para su tramitación conforme a los estándares de la plataforma.

Responsabilidad penal por paternidad forzada

Las diversas formas de paternidad forzada o su tentativa pueden dar lugar a responsabilidad penal según el procedimiento realizado. Hay un delito de falsificación de firmas si se recurre a ello para simular el consentimiento en una inseminación artificial. También hay responsabilidad penal cuando la paternidad forzada se realiza con un delito sexual.

Hubo una condena en un caso de sabotaje de anticonceptivos. Una mujer alemana fue condenada a seis meses de prisión (sentencia suspendida) por pinchar los condones de su pareja sin su consentimiento con el objetivo de quedarse embarazada. La mujer admitió haber dañado los condones y haber mentido sobre un posible embarazo, lo que llevó al hombre a presentar cargos. El tribunal en Bielefeld (Alemania) consideró que su conducta constituía “stealthing”, un término que normalmente se refiere a cuando un hombre se quita el condón sin consentimiento durante el coito. La jueza Astrid Salewski afirmó que este caso “escribe historia legal”, ya que aplica el concepto de stealthing a la situación inversa: cuando lo realiza la mujer.

Alemania

En Alemania, el robo de esperma es conocido como Samenraub. La paternidad forzada estuvo en el centro de un caso de 1986 ante el Tribunal Federal de Justicia de Alemania. El tribunal decidió, en el caso de una pareja no casada, que es un derecho personal e inalienable de la mujer dejar de usar anticonceptivos hormonales en cualquier momento, incluso sin informar a su pareja. También determinó que el hombre sigue siendo responsable del apoyo económico de los hijos que nunca aceptó tener.

La expresión entró en el léxico popular tras un escándalo de prensa sensacionalista en 2001 que involucró a Boris Becker y un titular del Bild: War es Samenraub? (¿Fue robo de esperma?). Becker había afirmado que un hijo que tuvo con una camarera rusa fue concebido cuando ella robó su esperma después de sexo oral. Alegó que ella se inseminó a sí misma tras un encuentro en un armario de ropa en el restaurante Nobu de Londres. Posteriormente, cambió su postura, aceptó la paternidad y asumió la responsabilidad del niño. En 2013, el sustantivo Samenraub fue incluido en el diccionario Duden.

La solicitud de un hombre para ser eximido del pago de la manutención infantil fue rechazada por un tribunal de Múnich. El niño fue concebido a partir de un óvulo fertilizado con su esperma sin su permiso. Él había revocado su consentimiento para el uso de su esperma después de separarse de su exesposa y afirmó que ella falsificó su firma dos veces en una clínica de FIV. Sin embargo, el tribunal determinó que no fue lo suficientemente claro al revocar su consentimiento y que la clínica no tenía motivos para dudar de la validez de las firmas que él alegaba que habían sido falsificadas.

En 2012, dos médicos ginecólogos fueron obligados por un tribunal de Dortmund a pagar la manutención infantil en lugar del padre biológico. Habían ayudado a una madre a concebir gemelos mediante inseminación artificial usando el esperma del padre, pero lo hicieron sin su consentimiento. Un contrato estipulaba que su esperma debía ser destruido después de un año.

El 4 de febrero de 2013, el 22.º Senado Civil del Tribunal Superior Regional de Hamm desestimó la demanda de un hombre que solicitaba indemnización para ser eximido de sus obligaciones de manutención en el llamado "proceso por robo de esperma", desviándose así del fallo del tribunal inferior de Dortmund. El hombre alegó que su firma en el formulario de consentimiento informado había sido falsificada y que su muestra de esperma se había utilizado para una inseminación artificial sin permiso. El tribunal rechazó su argumento.

En 2022, una mujer de 39 años recibió una condena de seis meses de prisión suspendida por hacer agujeros en un condón para quedarse embarazada de un hombre con quien mantenía una relación de amigos con derecho a roce. Ella quería iniciar una relación seria aun sabiendo que él no quería. No logró quedarse embarazada.

Israel

En Israel, el robo de esperma (en גנבת זרע) es una frase común utilizada para denotar a una mujer que se acuesta con un hombre con el fin de quedar embarazada sin decírselo, un tema que recibe una amplia cobertura mediática. Algunos consideran que la situación está desequilibrada a favor de las mujeres y que los hombres que son víctimas de este «robo de esperma» también deberían tener derecho a negarse a la paternidad.

En 2012, el Tribunal de Familia de Tiberíades falló en contra de un hombre que solicitó ser eximido del pago de la pensión alimenticia, alegando que la madre de su hijo le había «robado el esperma» para quedar embarazada. Al desestimar la demanda, el juez dictaminó que «incluso si las afirmaciones del padre biológico son ciertas, no son suficientes para evitar que la menor prospere en su demanda actual». El juez también citó otros casos en los que se había ordenado a hombres pagar la manutención de los hijos, a pesar de haber argumentado que eran «padres en contra de su voluntad».

En 2013, en un «veredicto histórico», un tribunal de Tel Aviv ordenó a una mujer pagar a su expareja 110 000 ₪ (31 000 dólares) por daños y perjuicios. Ella le había informado que era estéril y lo convenció de no usar anticonceptivos. Posteriormente, quedó embarazada y lo demandó por manutención infantil después de que él se negara a reconocer la paternidad del niño. Los fallos anteriores habían sido contrarios al hombre. En enero de 2017, la Indemnización impuesta a la mujer fue revocada después de que el tribunal de distrito que conoció la apelación dictaminara que las relaciones sexuales no fueron el resultado de una falsa declaración y que no se demostró que el demandante estuviera interesado en ese momento en la condición médica de la demandada o en la necesidad de usar anticonceptivos.

El 4 de septiembre de 2018, un tribunal de Tel Aviv aceptó parcialmente la demanda de un hombre que alegaba una «paternidad forzada». La jueza Shifra Glick determinó que la demandada había sido deshonesta con el demandante, le había pedido que no usara anticonceptivos y le había dicho que estaba usando un DIU, «convirtiendo así al demandante en padre en contra de su voluntad». Las reclamaciones del demandante por robo, negligencia y fraude fueron rechazadas. Al demandante se le otorgó una indemnización limitada de 40 000 ₪ (11 160 dólares).

Italia

En septiembre de 2013, la Corte Suprema de Casación de Italia falló en contra de un hombre que afirmaba que la concepción de su hijo había sido el resultado de un robo de esperma. El demandante declaró que nunca había mantenido relaciones sexuales con la mujer y alegó que ella había robado un tubo de ensayo que contenía su semen. El tribunal dictaminó que el hombre no había logrado demostrar que se hubiera producido tal robo, pero determinó que el hecho de su vínculo biológico con el menor era suficiente para exigirle el pago de una pensión alimenticia, independientemente de las circunstancias: «la paternidad se atribuye como consecuencia jurídica de la concepción, de modo que el elemento biológico es decisivo y, al no ser necesaria una voluntad consciente de procrear, no se puede atribuir relevancia a los deseos del presunto padre». La corte ratificó el fallo del tribunal inferior que otorgaba a la mujer una pensión de 350 euros al mes para la manutención del hijo y, además, ordenó al hombre pagarle 1000 euros en concepto de Indemnización.

Suecia

Un episodio del programa de investigación de la SVT Uppdrag granskning, titulado «Spermiestölden» (El robo de esperma), entrevistó a varias personas que fueron concebidas con esperma robado entre 1985 y 1996. El caso salió a la luz cuando, al llegar a la edad adulta, comenzaron a rastrear a sus padres biológicos. Los padres habían entregado muestras de esperma en el hospital de Halmstad mientras se sometían a tratamientos de fertilidad con sus esposas, pero estas muestras se utilizaron posteriormente para inseminar a otras mujeres sin su consentimiento. Las madres creían que el esperma procedía de donantes voluntarios. El médico implicado en los hechos ya ha fallecido. Dado que los acontecimientos ocurrieron hace más de 35 años, las acciones legales se consideran prescritas en Suecia. Uno de los hombres afectados presentó su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando una violación del Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Su abogado declaró: «Debería ser evidente que el Estado no puede utilizar los gametos de las personas sin su consentimiento. También es importante que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictamine que las violaciones de los derechos humanos no pueden prescribir hasta que uno tenga conocimiento de que sus derechos han sido vulnerados».

Turquía

Un tribunal de la provincia de Esmirna, Turquía, desestimó la demanda de un hombre de 61 años que insistía en que la madre, que dio a luz a niños gemelos mediante fecundación in vitro en 2015, le había robado el esperma. Una prueba de ADN en 2018 demostró que él era el padre y se le ordenó pagar la manutención de los menores. El juez dictaminó que el esperma no puede ser considerado un bien mueble.

Reino Unido

En junio de 2000, el Tribunal de Familia de Birmingham rechazó el recurso de Jonathan Evans contra una orden de pensión alimenticia. Evans citó una carta escrita por la madre del niño en la que ella admitía haberse inseminado con su esperma tras extraerlo de un preservativo usado mientras él estaba en la ducha. El juez dictaminó que, independientemente de cómo hubiera sido concebido el bebé, Evans era el padre legal y estaba obligado a pagar la manutención. El caso fue debatido en el programa Woman's Hour de BBC Radio 4.

La columnista del Daily Mail, Liz Jones, admitió en 2011 haber robado el esperma de su exmarido Nirpal Dhaliwal de un preservativo para intentar quedar embarazada, aunque no lo consiguió. Dhaliwal escribió: «Por suerte para mí, mis pequeños soldados se mantuvieron leales y no trabajaron para ella; de lo contrario, me habría encontrado siendo padre, atrapado emocional y financieramente por ella por el resto de mi vida».

In 2011, The Daily Telegraph informó sobre una mujer no identificada que falsificó la firma de su exmarido en una clínica de fecundación in vitro (FIV), lo que permitió a los médicos crear embriones utilizando su esperma congelado. Posteriormente, dio a luz a dos niños mediante este procedimiento. El hombre había almacenado su esperma congelado en la clínica Bourn Hall de Cambridge tras someterse a un tratamiento contra la artritis que podría haberle dejado estéril. Declaró que no tuvo conocimiento del procedimiento hasta tres años después. Se le ordenó pagar a la mujer 100 000 libras adicionales para ayudar a la crianza de los hijos. La mujer declaró: «No me arrepiento de nada, lo volvería a hacer».

En enero de 2019, un padre perdió su demanda por daños y perjuicios contra el hospital IVF Hammersmith. Su expareja había falsificado su firma en un formulario de consentimiento para concebir un hijo utilizando un óvulo congelado fertilizado con el esperma del demandante en dicha clínica. El tribunal aceptó que la firma había sido falsificada y que el procedimiento de inseminación se realizó sin su consentimiento, pero denegó su reclamación de indemnización basándose en el principio de orden público de que no se pueden conceder daños y perjuicios por el nacimiento de un niño sano. Desde entonces, la ley ha cambiado para exigir una identificación con fotografía además de la firma, garantizando así que el hombre que autoriza el uso de embriones congelados sea efectivamente el padre.

The Guardian informó sobre un hombre que entregó una muestra de esperma a una clínica de fertilidad de Harley Street en la década de 1960 para su análisis. Sin que él lo supiera, la muestra se utilizó para inseminar a parejas que se sometían a tratamientos de fertilidad en la clínica. Actualmente, en sus 80 años, descubrió que tiene una hija como resultado de ello. A los padres de la menor se les había dicho que el donante era un estudiante de medicina. El hombre sostuvo que nunca dio permiso para que su esperma se utilizara para otra cosa que no fuera un análisis de fertilidad, aunque declaró: «Ya soy demasiado viejo para estar enfadado. En realidad, no».

En julio de 2022, en la Cámara de los Comunes, la parlamentaria Flick Drummond expuso el caso de un elector cuyo esperma fue utilizado por su expareja para quedar embarazada sin su consentimiento. Drummond calificó el hecho no solo como un «robo de esperma», sino como «una forma de agresión sexual y una violación de los derechos de mi elector», pero señaló que, según el Servicio de Fiscalía de la Corona, no existe ninguna ley que catalogue este acto como agresión sexual. Solicitó a la fiscal general, Suella Braverman, que estudiara la posibilidad de modificar la legislación.

Estados Unidos

En 1981, el exdetective del NYPD y denunciante Frank Serpico argumentó que no debía pagar pensión alimenticia porque la madre lo había engañado para quedar embarazada. Ella lo negó, pero una amiga suya declaró a favor de la versión de Serpico. Afirmó que la madre tenía la intención de seducir a Serpico para quedar embarazada y que había dejado deliberadamente de tomar anticonceptivos, aunque le aseguró que seguía tomándolos. El juez falló a favor de Serpico, señalando que el engaño planificado e intencional de la madre le impedía obtener beneficios económicos a expensas del padre. Sin embargo, un tribunal superior revocó la decisión, dictaminando que las acusaciones de fraude eran irrelevantes y que la única consideración era el «interés superior del menor». El tribunal ordenó que Serpico pagara alrededor de 900 dólares mensuales en manutención. Una de las abogadas de Serpico fue Karen DeCrow, exdirectora de la National Organization for Women. DeCrow declaró ante el tribunal: «Las mujeres autónomas que toman decisiones independientes sobre sus vidas no deberían esperar que los hombres financien su elección».

En SF vs. TM (1996), «S.F.» era un hombre que perdió el conocimiento por intoxicación en una fiesta en casa de una mujer («T.M.»), quien lo violó mientras estaba inconsciente. S.F. no tuvo conocimiento de lo ocurrido hasta que despertó a la mañana siguiente con la ropa inferior retirada. T.M. quedó embarazada como resultado de la violación y S.F. fue obligado a pagar pensión alimenticia. Él apeló, argumentando que «no participó consciente ni voluntariamente en ninguna actividad sexual con la madre del menor». También sostuvo que obligarlo a pagar manutención por un hijo concebido mediante una relación sexual no consensuada le privaba de derechos de propiedad y de igual protección ante la ley. Presentó testimonio experto indicando que es posible que un hombre tenga una erección y eyaculación mientras está inconsciente. El tribunal rechazó su argumento, afirmando que «el niño es una parte inocente... cualquier conducta ilícita por parte de la madre no debe alterar la obligación del padre de proporcionar manutención». S.F. fue obligado a pagar 106,04 dólares mensuales, además de 8.960,64 dólares en atrasos. La opinión disidente describió la conducta de la madre como «reprobable» y un «delito menor» y sostuvo que un hombre víctima de violación solo debería pagar manutención si la madre no puede mantener al niño por sí misma.

En 1997, el Tribunal de Apelación de Luisiana falló en contra de Emile Frisard en su demanda contra Debra Rojas. Frisard visitaba a sus padres enfermos en el hospital cuando Rojas, una enfermera, le ofreció practicarle sexo oral con la condición de que usara un condón. Frisard aceptó y, tras el acto, Rojas conservó el condón y utilizó su esperma para inseminarse. Posteriormente demandó a Frisard por pensión alimenticia. Él argumentó que solo consintió sexo oral y nunca consintió el uso de su esperma para inseminación. Frisard fue obligado a pagar 436,81 dólares mensuales, 17.901,21 dólares en atrasos y un 5 % en costos judiciales. El tribunal desestimó el argumento sobre la inseminación sin consentimiento: «El propio testimonio de Frisard mostró que tuvo algún tipo de contacto sexual con la demandante en el período de la presunta concepción». Cualquier contacto sexual era suficiente para considerarlo responsable de la manutención.

Un tribunal de Massachusetts otorgó a Richard Gladu 108.000 dólares en compensación contra Boston IVF después de que la clínica de fertilidad impregnara a su exesposa con sus embriones congelados sin su consentimiento, lo que resultó en el nacimiento de una hija. Gladu recibió 98.000 dólares por el coste de criar a su hija de siete años y 10.000 dólares por daños emocionales.

El Tribunal de Apelación de Illinois dictaminó que Richard O. Phillips podía presentar una demanda por daños emocionales contra su expareja Sharon Irons, revocando la decisión del tribunal inferior que había desestimado la demanda en 2003. Phillips alegó que Irons conservó su semen en la boca tras practicarle sexo oral y lo utilizó para inseminarse, dando posteriormente a luz a una hija. El tribunal sostuvo que, si las afirmaciones eran ciertas, Irons «participó engañosamente en actos sexuales que ninguna persona razonable esperaría que pudieran resultar en un embarazo, utilizando el esperma del demandante de una manera poco ortodoxa e inesperada con consecuencias extremas». El tribunal desestimó las acusaciones de fraude y robo: «cuando el demandante “entregó” su esperma, fue un regalo: una transferencia absoluta e irrevocable de propiedad del donante al receptor. No existía ningún acuerdo para devolver el depósito original a petición».

En 2015, Layne Hardin y su expareja Katherine LeBlanc (de Houston, Texas) demandaron a Texas Andrology Services y a la exnovia de Hardin, Tobie Devall, alegando que Devall había obtenido ilegalmente el esperma congelado de Hardin y lo había utilizado para quedar embarazada. Devall afirmó que lo hizo con el consentimiento de Hardin. Mientras aún estaba en una relación con LeBlanc, Hardin se sometió a una vasectomía y congeló ocho viales de esperma. Un acuerdo entre Hardin, LeBlanc y la clínica establecía que solo LeBlanc tendría acceso al esperma. Un jurado falló a favor de Hardin y LeBlanc. Texas Andrology Services fue condenada a pagar 250.000 dólares a cada uno. Devall fue condenada a pagar 125.000 dólares a Hardin y 250.000 dólares a LeBlanc. En apelación, la compensación fue reducida a 19.500 dólares.

Un tribunal de Nueva York ordenó a Deon Francois pagar pensión alimenticia a su exesposa Chaamel después de que ella falsificara su firma, presuntamente la sellara con un sello robado y utilizara su esperma congelado en una clínica de fertilidad para concebir una hija. Francois demandó a la clínica de la Universidad de Nueva York por 9 millones de dólares, insistiendo en que la clínica debía pagar la manutención.

Joe Pressil, de Houston (Texas), demandó a «Advanced Fertility», una clínica de fertilidad, en 2011. Pressil afirmó que la clínica aceptó una muestra de semen entregada por una mujer que decía ser su esposa y realizó una fecundación in vitro que resultó en el nacimiento de gemelos. Pressil sostuvo que todo se hizo sin su conocimiento ni consentimiento y que solo descubrió lo ocurrido al encontrar recibos de la clínica. Afirmó que ella había llevado el esperma al centro tras guardar los condones usados después de mantener relaciones sexuales. Dijo que la situación le causó daño mental y dificultades económicas debido a los pagos de pensión alimenticia.

Venezuela

El salsero portorriqueño Maelo Ruiz afirmó que una fan llamada Karla Ankara Toledo robó su esperma de un banco de semen en Venezuela y lo utilizó para concebir a dos niñas gemelas. Ruiz anunció que emprendería acciones legales. Toledo presentó una contrademanda solicitando pensión alimenticia.